Arremetió contra los consejeros de minoría Luis Verdesoto y Enrique Pita; reafirmó el argumento de que CREO se quiere tomar el Consejo Nacional Electoral; defendió el nombramiento del traficante de influencias Luis Loyo como coordinador de Procesos Electorales; se lavó las manos ante la vulneración de los derechos de participación de quienes firmaron a favor de la consulta popular sobre el Yasuní; justificó con enredos legales la falta de auditoría de las elecciones de marzo pasado; y, sobre todo, jugó la carta de la igualdad de las mujeres y el Estado pluricultural. Dijo “violencia de género”. Dijo “ambiente hostil, machista y racista”. Dijo “visibilización”. Dijo “construir equidad en la diversidad”.

“Usted no está aquí como mujer shuar”, le salió al paso la interpelante Jeannine Cruz, sino como presidenta del CNE. Pero Diana Atamaint estaba jugada. Si sus respuestas a las cuatro acusaciones del juicio político que la Asamblea tramita en su contra convencieron o no a los integrantes de la Comisión resulta, paradójicamente, secundario: todos aquí coinciden en que serán los intereses políticos de las bancadas los que determinen la suerte de la presidenta del CNE. En cualquier caso, estos fueron sus argumentos:

Yasunidos: yo no fui

1.“En la defensa de la vida, la dignidad de los pueblos y los derechos de la naturaleza”, recitó Atamaint, “nunca les he abandonado y nunca les abandonaré”. Para ella, “mujer shuar amazónica”, se trata de un tema “de extrema sensibilidad en lo personal”, dijo. De extrema sensibilidad, pero no de extrema urgencia: seis meses dejó pasar la presidenta del CNE -de eso se la acusa- sin responder el pedido de los Yasunidos para que se expidiera un “certificado de legitimidad democrática” de su pedido de consulta popular. Tal certificado habría restituido el derecho de participación democrática que el CNE anterior vulneró cuando descalificó las firmas de apoyo a la consulta popular en un proceso lleno de irregularidades.

El Consejo de Participación Ciudadana de transición, la Defensoría del Pueblo y el propio CNE de transición, del que Atamaint formaba parte, estuvieron de acuerdo en eso. Más aún: el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TCE), en una sentencia de septiembre del año pasado, ordenó al Pleno del CNE responder de una vez el pedido de los Yasunidos. Así se hizo, finalmente, en noviembre: el Pleno respondió. Y la respuesta fue no.

A Diana Atamaint le habría gustado responder de otra manera, dijo. Pero “el CNE no está facultado para reparar derechos. Eso corresponde a los jueces competentes”. Es decir, según ella, el TCE, que fue el que pidió al CNE que se pronunciara. De cualquier forma, “el caso ya se encuentra en las cortes internacionales”. Mal podría ella intervenir en tan altas instancias.

Auditorías: ¿Para qué?

2.¿Por qué Diana Atamaint incumplió el precepto legal que la obligaba a convocar a las organizaciones políticas para que auditaran el proceso electoral de marzo de 2019? A la falta de auditorías se atribuye todas las irregularidades detectadas en el reconteo de votos, la presencia de miles de actas sin firma de responsabilidad, las veleidades de funcionarios como Luis Loyo en las juntas provinciales… La presidenta del CNE encuentra en el mismo reglamento de auditorías los argumentos que justifican su decisión de violarlo. Una sutileza jurídica que dejó a los mejores abogados de la Comisión de Fiscalización cazando moscas en el aire.

Primero: el reglamento que manda a la presidenta a convocar las auditorías de los grupos políticos, también le permite solicitar la asesoría de las universidades y escuelas politécnicas para observar el proceso. Atamaint, por una razón que se abstiene de explicar, eligió cumplir con lo facultativo y, de esa forma, justifica haber incumplido con lo obligatorio.

Segundo: el procedimiento de trabajo de las auditorías de los grupos políticos debe ser “establecido en el plan que, para el efecto, apruebe el Pleno del CNE respetando el presente reglamento”, dice el artículo 3 que Diana Atamaint leyó de cabo a rabo. Ocurre que, cuando ella se posesionó como presidenta, “a doce horas de la convocatoria a las elecciones”, ese plan no había sido redactado. “¿Cómo podía yo cumplir con un plan inexistente?”. En consecuencia: sin plan no hay auditorías. A eso llama Atamaint cumplir con el reglamento.

Caso Loyo: todo bien

3.Los consejeros Luis Verdesoto y Enrique Pita dirigieron a la presidenta Atamaint sendos oficios en los que prendían las alertas sobre el director nacional de Procesos Electorales, Luis Loyo. Verdesoto remitía los antecedentes judiciales del funcionario: 34 procesos que incluían casos de falsificación de documento público, abuso de confianza y estafa. Pita refería las acciones ilegales que Loyo intentó perpetrar en las elecciones de marzo: una petición para detener el escrutinio en Manabí y otra para trasladar, él, personalmente, las carpetas con el padrón electoral y las papeletas no utilizadas en el cantón El Carmen, de esa misma provincia. ¿Qué hizo la presidenta? Mucho, según ella.

Para empezar, envió un oficio a la coordinación de Talento Humano del CNE “para que emita, en el plazo de diez días, un informe detallado” sobre Loyo. Resultado: “Talento Humano verificó el cumplimiento de requisitos contemplados en la Ley de Servicio Público” y encontró que el cuestionado funcionario “no tenía impedimentos para ejercer cargo público”.

Pero hizo algo más: presentó a la Fiscalía “un escrito con copia certificada de todas las actuaciones administrativas” ejecutadas por Loyo en su cargo y tampoco se encontró nada irregular. Quizá porque nadie comete irregularidades por escrito y con copia certificada.

Este caso a Diana Atamaint la enoja particularmente. Pone en cuestión, dice, “la lucha que me enseñaron mis abuelos contra la corrupción”. “Como mujer amazónica de raíces guerreras, jamás voy a permitir que se manche el apellido de mis abuelos”, se exaspera.

Los Ríos: ¿Cómo así?

4.Una multa equivalente a veinte salarios mínimos: eso es lo que tuvo que pagar Diana Atamaint (y, con ella, los consejeros de mayoría Esthela Acero y Jorge Cabrera) por disposición del TCE. Es uno de los casos más difíciles para la presidenta porque en él se cuenta, en efecto, con una sentencia de jueces competentes en la cual se establece que ella violó la ley, es decir, incumplió sus funciones: causal de destitución.

¿Qué hizo? Todo un enredo. Ocurre que el pasado 2 de abril, el presidente de la Junta Electoral de Los Ríos, Luis Páez, dio por concluida la sesión de escrutinios de esa provincia sin dignarse a mirar siquiera, como manda la ley, los reclamos por inconsistencias presentados por las organizaciones políticas. Páez fue destituido por esta ilegalidad. Sin embargo, Atamaint y su mayoría ¡ratificaron la decisión!

¿Cuál es su defensa? Que la sanción que le impuso el TCE “no fue por irregularidades” (las irregularidades, en todo caso, las cometió un tercero) y que la facultad de corregir los errores de la Junta de Los Ríos no es suya, es del Pleno. Es decir: tiene la culpa, pero no solo ella. En todo caso, dice evadiendo el tema principal, nadie ha podido demostrar un fraude y todos los pedidos de nulidad y las acciones de inconstitucionalidad (sobre las elecciones, no sobre su decisión administrativa, pero esto ella no lo dice) han sido desestimadas por los jueces correspondientes.

SUSPICACIAS Y CORTINAS DE HUMO

Diana Atamaint personaliza sus ataques contra los consejeros Luis Verdesoto y Enrique Pita. “Bufones de la vieja política”, les llama. Dice que sus denuncias, “infundadas”, llenas de “conjeturas sin pruebas” a pesar de las centenares de actas de reconteo que presentaron en la Comisión, están cargadas de malas intenciones y persiguen un objetivo: la toma del CNE por parte de CREO.

Su gran descubrimiento: una serie de erratas (“errores de fondo y forma”, exagera) en el documento de Jeannine Cruz y Fernando Flores que sustenta el juicio político; dice “sentencias constitucionales”, en lugar de “sentencias del Contencioso Electoral”. Dice que Atamaint se posesionó el 13 julio, que fue la fecha de posesión del Consejo de Participación Ciudadana... Errores que demuestran que los interpelantes usaron la misma matriz del juicio al CPCCS. “Esto evidencia de forma contundente que se ha realizado una mala copia de otro juicio político”, concluye Atamaint como si pusiera una pica en Flandes.