La letra chiquita

En Ecuador nos hemos acostumbrado a que si el país necesita una autoridad importante, organizamos un concurso, nombramos una comisión ciudadana o de notables, armamos fases, puntajes, reglamentos, impugnaciones y entrevistas públicas. Al final, los de buena fe creen que el procedimiento, por el solo hecho de existir, producirá un buen Fiscal General del Estado por ejemplo. Pero la experiencia enseña lo contrario y, a veces, el concurso no es la solución al problema de legitimidad, sino su máscara más exquisita.

Quien ocupe el cargo que pusimos de ejemplo, conducirá, o frenará investigaciones sobre corrupción, crimen organizado, narcotráfico o delitos electorales. Es, probablemente, la autoridad con mayor capacidad para incomodar a los poderes reales. Por eso, precisamente, es el cargo por el que más se pelea. Y por eso mismo el modelo ecuatoriano hace casi imposible elegir un buen Fiscal, porque el sistema está diseñado para que lo “decisivo” no sea la excelencia, sino el control reducido a la letra chiquita.

La Comisión Ciudadana de Selección sencillamente no puede cargar con lo que el país le exige. En el papel suena equilibrado sumar ciudadanía y Estado; diversidad con contrapesos. En la práctica, lo que tenemos es una mesa donde conviven intereses políticos y perfiles profesionales heterogéneos, a los que se les exige administrar una decisión de altísimo riesgo institucional en cuatro o seis meses.

El concurso se vende como técnico, pero en su composición predominan abogados con perfiles cuya experticia va en relación a áreas como talento humano o comunicación política. En tal virtud, quedan expuestos a confiar en el criterio de otros siendo comisionados floreros o, en su defecto, entran a decidir sobre materias jurídico-penales complejas sin la sapiencia suficiente.

El problema no es que no sean o sean juristas; el problema es que el país está fingiendo que la variedad por sí sola produce independencia. Si el país requiere un Fiscal capaz de enfrentar estructuras criminales que infiltran instituciones, ¿de verdad pensamos que una comisión atravesada por presiones cruzadas, con delegados de funciones políticas y con ciudadanos sometidos a intenso escrutinio, puede escogerlo con libertad?

El control está en los detalles, en la letra chiquita, y así fue previsto desde la creación del diseño constitucional a efectos de cooptar espacios y unificar el poder. No se controla el resultado final, se controlan las etapas. Es ahí donde los concursos se vuelven “truchos”. Desde que elaboran el reglamento y antes de calificar a nadie, la comisión decide qué vale y cuánto vale. Si se asignan más puntos a cierta experiencia, por ejemplo, carrera interna en Fiscalía, se privilegia un perfil; si se premia la academia, se privilegia otro; si se abre la puerta a consultorías, asesorías o experiencias similares se fabrica un traje a la medida. Nada es ilegal pero todo es inmoral.

Luego, en la zona gris, la calificación de méritos ¿Qué publicaciones cuentan? ¿Qué docencia vale? ¿Qué experiencia es relevante? De nuevo: no se necesita fraude, basta el criterio selectivo. En la fase de oposición entramos al secretismo de las preguntas, a las recalificaciones y al manejo del escenario. Es en la oralidad, el punto donde el concurso se vuelve más discrecional y menos verificable. Como decimos, el problema no es la falta de reglas sino la captura de las reglas

El método está diseñado para producir sospecha, no confianza; resignación, no excelencia; legalidad y no legitimidad. En un país atravesado por crimen organizado y corrupción, la Fiscalía no puede nacer de un proceso donde la independencia sea una promesa retórica y de la letra chiquita brote un “bienmandado” Fiscal.