Una de las poquísimas certezas que salen del anuncio del Partido Social Cristiano y del gobiernista ADN de unirse al juicio político en contra del Consejo de la Judicatura de Wilman Terán y Xavier Muñoz (planteado por Construye), es que a estas alturas resulta impresentable para cualquier político o movimiento político seguir ignorando a ese purulento organismo que mantiene un operativo para que los grupos más oscuros se hagan del control de la justicia.

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En otras palabras, el socialcristianismo y ADN ya no pudieron más con la presión de cierto sector de la opinión pública que está alarmado e indignado por el proceder de Terán y Muñoz, especialmente con el viciado concurso que llevan adelante para nombrar a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Un concurso que, incluso, fue descalificado por una veeduría internacional de primerísimo nivel.

Se trata, pues, por lo que se sabe hasta ahora, de un tema fundamentalmente de imagen: seguir ignorando, como lo estaba haciendo el PSC y el gobierno, a la pestilencia que emana del Consejo de la Judicatura ya empezaba a ser visto como una forma de complicidad.

El anuncio, hecho la noche del martes 5 de diciembre en el caso del PSC y el miércoles 6 en el caso de ADN, en todo caso, es apenas una interrogante más de las tantas que tiene el acuerdo legislativo de “gobernabilidad” al que llegaron socialcristianos, correístas y gobiernistas, poco antes de que Daniel Noboa asuma el poder.

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¿El blindaje al Consejo de la Judicatura ya no es parte del acuerdo? ¿El juicio a la fiscal Diana Salazar sigue siendo tema oculto en su agenda? ¿Se va a aprobar en nombre de la gobernabilidad el proyecto de reforma tributaria de Noboa? En realidad, las interrogantes alrededor del acuerdo son casi infinitas, dado la poquísima transparencia que hubo por parte de los grupos que llegaron a él y que entregaron la Presidencia de la Asamblea al socialcristiano Henry Kronfle.

Existen, además, algunas certezas que, paradójicamente, le proporcionan aún más misterio al tema. Por ejemplo, el hecho de que el apoyo del PSC y de ADN a una eventual censura a los miembros del Consejo de la Judicatura es, en la práctica, irrelevante: aún con el apoyo de esas dos fuerzas, el correísmo puede salvar las cabezas de Terán y Muñoz.

Es decir, sin la Revolución Ciudadana no hay censura para Terán y Muñoz. Esto, porque para censurar a los vocales de la Judicatura se necesitan 92 votos y no 70 como para el caso de la fiscal Diana Salazar.

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Es decir, el anuncio del socialcristianismo y el noboísmo podría ser un saludo a la bandera porque no sirve de nada, algo que da pábulo para que las mentes más suspicaces sospechen de una mascarada acordada previamente entre los socios del acuerdo. El silencio de Rafael Correa en redes sociales sobre este anuncio abona a esa tesis, considerando que ha sido el único que ha defendido abiertamente a Terán y Muñoz.

Quedan algunas interrogantes alrededor del anuncio del PSC y ADN. Por ejemplo, si es que en efecto se enjuicia y eventualmente se censura a los vocales de la Judicatura esto ocurrirá, según el cronograma de la Comisión de Fiscalización, cuando la Corte Nacional de Justicia ya esté renovada con los jueces que salgan del cuestionado concurso o cuando Terán ya haya dejado el cargo: a él se le agota el período para el que fue nombrado en enero del 2025. Ecuavisa publicó un reportaje, precisamente sobre este tema, según el cual el juicio se produciría recién en 2025, por lo que ya no tendría mayor significado.

¿Son sinceros el PSC y ADN o el anuncio hace parte de un plan para fingir que el acuerdo no tiene como objetivo garantizar la impunidad? Esta interrogante no existiría si al hacerse el acuerdo se hubiera transparentado íntegramente sus objetivos y su agenda. Pero no: ni los legisladores que hacen parte de él ni el presidente Daniel Noboa han sido lo suficientemente claros como para que no haya dudas ni suspicacias.

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 Por ahora, lo único cierto es que al menos ya no es políticamente rentable seguir haciéndose los pendejos frente a la pestilencia del Consejo de la Judicatura. Y eso ocurre porque la opinión pública ya se ha puesto en guardia frente al tema, gracias a ciertos medios de comunicación, como EXPRESO, que hicieron de este tema una cruzada cívica. Si finalmente va a ocurrir algo o no, eso ya es otro cuento.

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