Finalmente, el juez Luis Rivera fijó fecha para la formulación de cargos en contra del exvicepresidente prófugo de la justicia Jorge Glas, en el escandaloso caso de la feria de los fondos para la reconstrucción de Manabí: será el 5 de enero. Se demoró siete meses y lo hizo solamente después de haber enviado a la Asamblea Nacional un inconstitucional pedido de autorización para juzgar al reo; y después de que la Asamblea se reuniera, este jueves, para someter, inconstitucionalmente también, el asunto a votación, sin conseguir el apoyo necesario (las tres cuartas partes de la sala) para dar paso a lo solicitado. La Fiscalía hizo lo que tenía que hacer: ignorar (por irrelevante, por carecer de validez jurídica) este fraude constitucional, e insistir ante la Corte para que fijara fecha de formulación de cargos. La fecha está fijada, pero no se sabe para qué: si para formularlos o para que el juez se declare incompetente por no contar con autorización de la Asamblea. Nada de lo que venga de Luis Rivera, hombre de paja del correísmo en la Corte Nacional, implicado en el caso Metástasis, puede sorprender a nadie.

Después de lo ocurrido esta semana en la Asamblea, queda muy difícil seguir negando que la alianza de gobernabilidad (así la llaman) tiene que ver directamente con la impunidad de prófugos, presos y, probablemente, potenciales prófugos y presos del correísmo. Ya puede la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, desmentirlo enfáticamente. Puede, incluso, redundante hasta el asombro, enfatizar que está enfatizando, como si el doble énfasis convirtiera las mentiras en verdades. Los hechos (y las conductas) de esta semana dicen lo contrario. Y son muy simples: el gobierno de Daniel Noboa obtuvo la aprobación de una ley económica urgente que confiere invalorables beneficios fiscales a sus empresas o las de sus familiares, a las empresas del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, o las de sus familiares, y lo logró gracias a los votos disciplinados y unánimes de una bancada correísta que se pasó, durante toda la sesión y varios días previos, hablando pestes de esa ley, diciendo que era infame y que no servía para nada. A cambio, oficialistas y socialcristianos participaron empeñosamente en el gigantesco fraude constitucional en beneficio de Jorge Glas, que tuvo lugar en la sesión del Pleno del jueves por la tarde y que continúan negando con no menor vehemencia que los correístas a la ley que aprobaron.

Inconstitucional el pedido de autorización para enjuiciar a un exvicepresidente presentado por el juez Rivera: la Constitución solo establece ese requisito cuando se trata de juicios penales contra mandatarios en ejercicio de sus funciones, no contra quienes han dejado de serlo. Escandaloso, por tanto, que la Asamblea se ponga a debatir si concede o no una autorización que no está facultada a conceder. Patético que Kronfle se lave las manos, pidiendo permiso sin sueldo mientras dura el proceso y dejando a la correísta Viviana Veloz para que se haga cargo. Impúdico, desvergonzado, que Vicente Taiano, pasándose de listillo, arranque su intervención en el Pleno diciendo “esta sesión jamás debió haber sido convocada porque nace de un juez cuestionado, de un juez que carece de legitimidad”, y, sin embargo, se quede ahí con toda su bancada para legitimarlo todo (la sesión, el juez, su inconstitucional pedido, todo) y termine, una vez consumados los hechos, desentendiéndose de toda responsabilidad en el caso Glas porque “habrá que esperar cuál va a ser el tratamiento que le va a dar el juez”… ¡El juez! ¡El “juez cuestionado”, el “juez que carece de legitimidad”! Ofensivo, en fin, que oficialistas y socialcristianos pretendan que, por haber votado a favor de conceder la autorización, cumplieron con el país, como si no fuéramos capaces de captar la trampa. ¿Querían que el juicio penal contra Glas siguiera su curso sin contratiempos? Nomás tenían que archivar por improcedente el pedido del juez Rivera, para lo cual bastaba con aprobar una resolución simple con 70 votos, que sí tenían, en lugar de pretender autorizar el juicio con 92 votos que sabían inalcanzables.

Ahora dicen que no hay daño: que la actuación del Pleno, por inconstitucional, es inocua. Henry Kronfle firma un comunicado asegurando que, al no haberse aprobado resolución alguna, aquí no ha pasado nada. Como si la Asamblea Nacional fuera como el canguro aquel de los viejos dibujos animados de la Warner, que se metía dentro de su propia bolsa y desaparecía en el aire: definitivamente, este señor toma a los ecuatorianos por pendejos. Lo cierto es que lo ocurrido esta semana ha quedado registrado y no se puede deshacer. El acta de la sesión del Pleno del jueves 21 de diciembre será usada por los correístas en todos los espacios en los que continúan peleando por la impunidad de sus prófugos y presos: desde la Corte Nacional, donde todavía les falta por agotar el recurso de revisión del caso Sobornos (y ahora tienen un elemento nuevo para plantearlo) hasta las cortes internacionales, donde lo que acaba de ocurrir será “uno de nuestros argumentos más fuertes”, según explicó Rafael Correa en un extenso tuit publicado el viernes, horas antes de que un grupo de abogados belgas asumiera la defensa de Jorge Glas en su intento de escapar del país a través de la embajada mexicana.

Según Correa, la inmunidad presidencial “refiere a las decisiones tomadas en el ejercicio de las funciones” y se mantiene cuando estas han concluido. De lo contrario, dice, “no serviría para nada, porque siempre se esperaría a que la autoridad deje sus funciones para enjuiciarla”. Bueno, no siempre, nomás cuando la autoridad haya sido, como en su caso y el de Jorge Glas, un delincuente. Y, entonces, ¿qué tiene de malo? La suya es una interpretación caprichosa y libérrima del texto constitucional, según la cual la credencial de mandatario es una patente de corso para cometer cualquier delito sin tener que responder por él nunca más a los mandantes en igualdad de condiciones. Según él, fue en 2018, cuando se lo juzgó por secuestro en el caso Balda, cuando se cometió un fraude constitucional. No ahora. En ese entonces, los jueces pidieron autorización a la Asamblea para someter al expresidente a juicio y esta, por mayoría simple, resolvió que no era necesario y declaró improcedente el pedido. Más tarde, en el caso Sobornos, hizo lo mismo. Y ahora, con Glas, debía repetir la dosis.

Son esos precedentes los que el correísmo pretende haber echado al suelo con la actuación de la Asamblea. Este jueves, cuando el Pleno sesionó para debatir sobre el levantamiento de una inmunidad que Jorge Glas perdió hace cinco años y para autorizar su enjuiciamiento penal por delitos contra la fe pública (y no tuvo los votos para hacerlo), la Asamblea Nacional estaba legitimando las inconstitucionales pretensiones del juez Luis Rivera. Más aún: con la decidida participación de oficialistas y socialcristianos, la Asamblea hizo tabla rasa de uno de los valores esenciales de la democracia: el principio de igualdad ante la ley, que es siempre el primer atropellado cuando las alianzas políticas se entablan con el objetivo (corrupto por naturaleza) de cambiar impunidad por votos. Un nuevo principio jurídico rige ahora la nación, según el cual cualquier ciudadano puede ser juzgado por sus actos menos los integrantes de la casta política hegemónica, que quedan blindados por asambleístas y jueces. No somos los ecuatorianos iguales ante la ley. En todo caso, eso ya estaba en desuso. Además, sacrificar el principio de igualdad ante la ley a cambio de ventajas tributarias para un puñado de empresas pertenecientes a un puñado de familias no es, después de todo, un mal negocio.

Jorge Glas sale caro

Mientras se llenan la boca cantando su apoyo a la fiscal Diana Salazar, oficialistas y socialcristianos dinamitan el caso Metástasis en la Asamblea. No solo que el juez cuyas pretensiones constitucionales legitimaron está implicado en ese caso, sino que el mismo Jorge Gas, cuya fuga parece inevitable, se encuentra metido hasta el cuello. Los chats entre los mafiosos Leandro Forero y Xavier Jordán cifran en 250 mil dólares el monto que pagaron para sacarlo de la cárcel.