La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, se acaba de graduar de doctora Perogrullo: “Lo que decida el Gobierno mexicano -dijo en rueda de prensa, a propósito de la fuga del exvicepresidente convicto Jorge Glas a través de la embajada de ese país- es su decisión política”. Vaya novedad. Si no fuera porque lo ha aclarado, cualquiera podría pensar que lo que decida el Gobierno mexicano sería decisión política de cualquier otro. Azerbaiyán, por ejemplo. Total, con la forma de manejar el tema por parte del Gobierno ecuatoriano, daría exactamente lo mismo: no movería un dedo. Y ese es el problema: no se trata, como pretende la ministra con su solemne manera de hablar sin decir nada, de a quién corresponde la decisión política de México (obviamente que a México, a quién si no), sino de qué piensa hacer el gobierno de Daniel Noboa al respecto, qué piensan hacer ella y la canciller Gabriela Sommerfeld. Y el mensaje quedó clarísimo: nada. No harán nada.

Que nadie pierda de vista la condición del protagonista de esta historia. Jorge Glas ha sido inculpado en un nuevo proceso judicial que está siendo obstaculizado por uno de los jueces involucrados en el caso Metástasis, su aliado Luis Rivera. Verdad es que la Asamblea, en un tramposo golpe legislativo que requirió el acuerdo de correístas, socialcristianos y oficialistas, negó la autorización (una autorización que no se requería, pero se la inventó Rivera) para enjuiciarlo penalmente por el escandaloso caso de los fondos de la reconstrucción de Manabí: para que digan que no existe un pacto por la impunidad. Pero lo cierto es que la Policía tiene órdenes de “localizarlo, inmovilizarlo y trasladarlo” a la sede del Ministerio Público. Más aún: Jorge Glas es un convicto. Es decir: sus delitos (en el caso Sobornos) fueron demostrados en un tribunal, ha recibido una sentencia y, por más prelibertad que le hayan concedido, todavía la está cumpliendo. Entre otras cosas, tiene la obligación de presentarse periódicamente ante un juez, por ejemplo.

Así las cosas, su condición de “huésped” en la Embajada de México es completamente irregular y puede ser vista como una barbaridad diplomática. Es como si un reo cualquiera escapara de una cárcel y se refugiara en una embajada. ¿Verdad que lo echarían a patadas? ¿Verdad que el Gobierno, la Policía y la Cancillería reclamarían airados si no lo hicieran? En este caso, sin embargo, ni la Embajada de México expulsa al fugitivo ni las autoridades ecuatorianas lo reclaman. Por eso, el primer principio jurídico que está siendo abiertamente violado en este caso es el fundamental de cualquier democracia: el principio de igualdad ante la ley. Jorge Glas está recibiendo un trato especial por la simple razón de ser quien es: un aliado del presidente de la República, Daniel Noboa.

Lo que está haciendo México es una grosería intolerable. Al acoger como “huésped” a un prófugo de la justicia, a una persona que está siendo buscada por la Policía y que fue sentenciada por delitos de corrupción (y sentenciada, de hecho, en corte de casación, el más alto de los tribunales del país), la Embajada de ese país está burlándose del sistema de justicia ecuatoriano, descalificándolo en asuntos que no son de su más remota incumbencia, echando abajo el trabajo de la Fiscalía, pasándose por el forro la Constitución y las leyes de la República. En suma: insultando a la nación y a sus ciudadanos honestos. ¿Ya llamó a consultas a nuestro embajador en México el presidente Daniel Noboa? Porque lo que está haciendo el Gobierno de ese país, cuya canciller, Alicia Bárcena, es amiga y admiradora del expresidente Rafael Correa, también prófugo, es causal suficiente para romper relaciones diplomáticas entre dos Estados dignos. Entre índigos, claro, la cosa es diferente.

A estas alturas del conflicto (que para el Gobierno ecuatoriano parece no serlo ni mucho menos), la canciller Gabriela Sommerfeld debería estar apareciendo a diario en los medios de comunicación de la región, especialmente en los mexicanos, exigiendo respeto para el país. Posicionando este escándalo internacional en la dimensión que le corresponde. Y la ministra del Gobierno, Mónica Palencia, disponiendo un cerco policial en torno a la embajada (¿recuerdan la del Ecuador en Londres, en tiempos de Julian Assange?) y un operativo en los aeropuertos y fronteras para evitar que el prófugo se escape. En lugar de eso, declara prácticamente que no podrá evitarlo, que no puede revisar las cajuelas de los vehículos diplomáticos que salen de una sede diplomática. Y eso es todo. Hasta ahí llegaron los esfuerzos de la fiscal por hacer justicia. Hasta ahí llegó el sueño de que tal cosa es posible. Jorge Glas escapará y el Gobierno no hará nada. Se esconderá en una cajuela. Y la ministra Palencia se quedará “rechazando enfáticamente cualquier afirmación de un posible acuerdo por la impunidad que haya realizado el Gobierno nacional”. Y enfatizará que lo hace enfáticamente, con lo cual debe ser cierto. Al fin y al cabo, lo que decida México será decisión de México. Un día decidirá bombardear Quito y la ministra se chupará el dedo.