El Pleno de la Asamblea Nacional fue convocado la tarde del 18 de octubre pasado para resolver el veto a las reformas a la Ley de Comunicación. El presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente el proyecto, que fue aprobado por el correísmo y Pachakutik. La primera parte del veto, por inconstitucionalidad, ya fue aceptada por la Corte Constitucional en su mayoría. La segunda parte, tuvo que ser resuelta en el Pleno de la Asamblea.

¿Hay garantías para considerar que la ley no volverá a modificarse para silenciar a periodistas, como en el correísmo?

Los asuntos más graves, como los temas que tratan la responsabilidad ulterior, la línea editorial de los medios de comunicación, la protección de la opinión dentro del contenido comunicacional y la participación excesiva de la Defensoría del Pueblo, los mandamos a la Corte Constitucional; ya nos dio la razón sobre la mayor parte de estos temas. Así que nuestras mayores preocupaciones en este momento ya están cubiertas. Desde el Gobierno creemos que será una ley muy lejana a lo restrictivo.

Entonces está blindada la libertad de expresión y prensa.

Este ha sido uno de los temas que el Gobierno ha defendido con mayor fuerza y ahínco, y tenemos resultados. La Corte Constitucional ha dejado blindando estos temas. Y de eso se trata, ese era el objetivo del Ejecutivo desde el primer momento que se envió la objeción: que la Corte los blinde, que ya no se pueda reformarlos, independientemente de qué autoridad venga luego.

¿La oposición del proyecto opera con un aparataje de abogados y expertos que buscan los términos convenientes para posibles interpretaciones a conveniencia, quizás para silenciar a futuro reportajes sobre corrupción?

Hay de todo. Hay desde las personas que de manera gratuita ofrecen sus servicios, hay servidores de la propia Asamblea que también son profesionales. No sé si hay un plan velado de impunidad. En la otra orilla se cree que el Estado debe controlar la verdad, probablemente ellos añoran lo que ya vivieron hace 10 años, cuando ellos controlaban la verdad.

¿Mientras tanto qué pasará con actores de la comunicación que quizás se sientan por encima del bien y del mal?

Ni al Gobierno ni al Estado le corresponden determinar una línea que fije los excesos o definir sus sanciones, porque ese es el primer paso para arbitrariedades. Y justamente eso es lo que teníamos con la Ley de Comunicación que actualmente se encuentra vigente y que fue aprobada en 2013. Es el ciudadano el que debe castigar o premiar a los medios.

El abanderamiento del tema de la ley tiene que ver con popularidad o asegurarse espacios de difusión a futuro cuando ustedes sean parte de la oposición...

En el fondo no es ni lo uno ni lo otro. Realmente no es por pensar qué va a pasar cuando nosotros seamos su oposición. Tampoco es porque sea el tema de momento. Es un tema de genuina convicción democrática y de genuina defensa por la libertad. El proyecto político del presidente Lasso siempre ha defendido la libertad en todas sus dimensiones y consideramos que la libertad merece toda la defensa posible.