Bochorno asegurado en la Asamblea Nacional: a Peter Calo, el asambleísta del grupo de Leonidas Iza que enfrenta cargos de violación flagrante, no lo quieren ver sus pares en el Pleno. Su caso será resuelto por el Comité de Ética, hasta donde han llegado al menos dos denuncias: una de la oficialista Blanca Sacancela, con 29 firmas de respaldo, y otra que dice haber presentado el socialcristiano Esteban Torres, siempre fiel a la humillante tarea de limpiar las embarradas del único asambleísta a quien la violación no le parece tan terrible después de todo, su compañero de partido Luis Almeida. Mientras tanto, la bancada de Pachakutik, a la que aún pertenece Calo, por lo menos en los papeles, le ha pedido que dé un paso al costado: “Sería importante que la alterna asuma esa responsabilidad porque nos va a enlodar el trabajo que venimos desarrollando”, dijo el asambleísta de ese partido Manuel Medina. Sí, eso, qué buena idea, respiraron todos con alivio. ¡Que pase la alterna! Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque resulta que la alterna de Peter Calo, acusado de violación, es nada más y nada menos que Janeth Llano, investigada por tentativa de asesinato. Otro angelito del círculo cercano de Leonidas Iza, faltaría más. Es lo que ocurre cuando los cargos de representación política son captados por el hampa.

¿A quién trató de asesinar Pilar Llano? La asambleísta de Pachakutik Gissella Molina dice que a ella. Y no es que lo dice nomás: la ha denunciado en la Fiscalía, a Llano y a sus cómplices, incluido el propio presidente de la Conaie; ha aportado pruebas testimoniales y documentales, audios con amenazas y el relato de su propia traumática experiencia, de cuando sobrevivió a un accidente de carretera provocado, con posterior intento de linchamiento, o secuestro, o lo que fuera que quisieran hacerle las decenas de personas que la esperaban en el lugar donde la estrellaron contra la peña y que terminaron llevándose lo que quedó de su carro para que no lo viera la Policía. Así nomás. Ocurrió no hace un año, en julio del 2022. Como resultado de la investigación que abrió la Fiscalía en ese entonces, el pasado 7 de marzo Gissella Molina obtuvo una boleta de auxilio dictada por la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Significa que, “con la finalidad de precautelar su integridad física y sicológica”, se imponen una serie de restricciones a los siguientes ciudadanos: Janeth Llano y Leonidas Iza; el exasesor de Peter Calo, Manuel Vega Ilaquiche; el dirigente de las juventudes de Ecuarunari Patricio Copara; el exprefecto de Cotopaxi procesado por delincuencia organizada, Jorge Guamán ,y su mano derecha, la coordinadora de Pachakutik en Latacunga y excandidata a alcaldesa de esa ciudad, Sandra del Rocío Molina Quimbita. Ninguno de ellos puede, entre otras cosas, acercarse a Gissella Molina a menos de cien metros “en cualquier lugar donde se encuentre”.

¿Que pase la alterna? Bueno, pero que no pase del vestíbulo. Porque en el momento en que Gissella Molina esté entrando a la sede legislativa por una puerta, Janeth Llano debería estar saliendo, preferiblemente por otra. En caso de no hacerlo “será aprehendida y trasladada a órdenes de esta autoridad competente”, dice la jueza de Cotopaxi Rosario Freire. Así que tendrán que conformarse con Peter Calo. Al fin y al cabo, un asambleísta con grillete electrónico en el tobillo es lo único que falta en ese fangoso fondo de miseria moral en el que chapotea la legislatura de Virgilio Saquicela.

Todo esto se habría evitado en junio del año pasado si el presidente de la Asamblea, por una vez, hubiera jugado limpio. Las circunstancias de ese entonces eran inquietantemente parecidas a las de hoy: había un golpe de Estado parlamentario en marcha igual que ahora, en aquella ocasión por el mecanismo de la destitución presidencial, hoy por el del juicio político; había ordenado Leonidas Iza a los asambleístas de Pachakutik que votaran en contra del jefe de Estado y les había amenazado, tal como ahora y con idénticas palabras, con mantenerse “vigilante”. Cuando el presidente de la Conaie dice que estará vigilante se debe esperar el mismo resultado que cuando Vito Corleone hace una oferta que no se puede rechazar.

En 2022, Rafael Lucero juraba que no recibiría presiones y que votaría en contra de la destitución: las huestes de Iza lo fueron a buscar a su casa y ese 25 de junio terminó votando, pálido y balbuceante, a favor; John Vinueza también recibió visitas inesperadas (y masivas) antes de cambiar su voto; menos clara es la razón por la que Salvador Quishpe, que había grabado un vehemente mensaje de oposición al golpe parlamentario, en el momento decisivo hizo lo contrario a lo que proclamaba. A todos ellos superó en coraje Gissella Molina: ni las peores amenazas la persuadieron de cambiar su voto. Y sufrió las consecuencias.

Virgilio Saquicela sabía lo que estaba ocurriendo y le parecía de lo más normal, así que los dejó hacer. Al fin y al cabo, nadie estaba tan interesado en tumbar al presidente como él mismo. Días más tarde, el 12 de julio, cuando Gissella Molina llegó con cuello ortopédico al salón del Pleno y presentó la denuncia más estremecedora que se haya escuchado en esa casa desde el retorno de la democracia; cuando contó la historia de cómo embistieron su carro para provocarle un accidente que le pudo costar la vida, cómo le gritaban “cójanle, que ahí va la traidora” mientras huía, ensangrentada; cuando responsabilizó directamente al equipo de Peter Calo e hizo reproducir un audio en el que se escuchaba a la asambleísta alterna Janeth Llano y al asesor Manuel Vega Ilaquiche disponiendo el atentado; cuando la Asamblea en vilo no sabía cómo reaccionar ante semejante barbaridad, entonces Virgilio Saquicela tomó la palabra y dijo: “Señora asambleísta, le queda un minuto”.

Es curioso: esta Asamblea siempre está dispuesta a sancionar a sus miembros con suspensiones temporales por supuestos excesos verbales, algunos de los cuales no lo son en absoluto, todo depende del grado de susceptibilidad de la persona aludida. Por un quítame-estas-pajas se abren expedientes en el CAL. Y basta con que una legisladora acuse de violencia machista a cualquiera por cualquier cosa que haya dicho, para que se sucedan interminables los discursos de condena y el Pleno pierda una tarde entera saludando a la bandera de la igualdad de género.

Pero cuando una mujer denuncia intento de asesinato, no merece indagarse siquiera. A pesar de las evidencias, a pesar de los audios, a pesar de la investigación abierta en Fiscalía y la boleta de amparo concedida a Gissella Molina, Virgilio Saquicela se conformó con separar al asesor de Calo, Manuel Vega; pero con respecto al legislador y su alterna no ha movido un dedo. Ahora le toca elegir entre una violación y un intento de asesinato, una disyuntiva muy apropiada para su Asamblea. Mientras tanto, se viene el juicio político contra el presidente de la República, y Leonidas Iza ha dicho que permanecerá vigilante. ¿A quién tratarán de matar ahora?

Acoso en todas partes

Después del atentado que casi le cuesta la vida, a la asambleísta Gissella Molina continúan haciéndole la vida a cuadritos en su provincia. Cada vez que recorre las zonas rurales necesita hacerse acompañar por la Policía. Ella acusa a gente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), como Álex Toapanta, o integrantes del círculo cercano del presidente de la Conaie, como Yoselinda Iza, de movilizar militantes en su contra en una actitud de acoso permanente. El dirigente Ángel Tipantuña, que fue burócrata del correísmo y ahora defiende la idea de una alianza electoral con ese partido para llevar a Leonidas Iza a la Presidencia, la acosa en cambio en la Asamblea. Todos ellos han probado su punto: votar contra la voluntad de Leonidas Iza te arruina la vida.