No se escucha volar una mosca en el salón plenario de la Asamblea Nacional cuando habla Gissella Molina. Raro. Ella es una de las pocas integrantes de la bancada de Pachakutik que, a pesar de las amenazas, no apoyó el golpe de Estado que quiso perpetrar el correísmo. Esa noche, la del martes 28 de junio, cuando se votó la moción para destituir al presidente de la República, Molina se abstuvo, razón suficiente para que los golpistas la consideren enemiga del pueblo. Y cuando un enemigo del pueblo toma la palabra en este recinto (esto ya es rutina), los correístas meten bulla: gritan, ríen, bufan, cacarean… Ejercen ruidosamente su auténtica edad emocional: la del burro. Pero ahora no. Habla Gissella Molina y ellos, por una vez, escuchan cada palabra, si no respetuosos, por lo menos cohibidos. Aguantan la respiración. No reaccionan ni siquiera cuando ella les acusa de haber fingido sus renuncias para engañar al pueblo: “Eso no es hacer política -les restriega en la cara-, eso se llama manipulación. ¡Vergüenza! ¡Este país merece otra suerte!”. La bancada oficialista estalla en aplausos. Los correístas, en cambio, mudos. Petrificados. Basta con que alguien les hable con autoridad moral para que los alevosos colegiales de otras ocasiones se encojan hasta desaparecer. Es algo con lo que no pueden lidiar: la autoridad moral.

Ocurrió el martes pasado. Visiblemente adolorida, luciendo un cuello ortopédico que la mantiene en un estado de rigidez extenuante, había llegado Gissella Molina a la sesión ordinaria del Pleno. Traía una insólita, gravísima denuncia que puso a prueba a la Asamblea: alguien intentó asesinarla. Ella sabe quién: gente de este mismo Legislativo, dice, relacionada con el presidente de la Conaie, Leonidas Iza. Es decir, gente de Pachakutik. Más exactamente, de la disidencia de ese partido, aliada del correísmo. Y muestra pruebas. Cosa curiosa: Molina va despachando esta información y nadie protesta, nadie reclama, nadie se escandaliza. Sin interrupciones cuenta la historia con pelos y señales: en una carretera de la provincia de Cotopaxi, dice, le provocaron un accidente de tránsito del que salió malherida. Ella ensangrentada sobre la calzada y grupos de personas gritándole insultos: “Que cójanle, que ahí va la traidora”. Robaron todas sus pertenencias, intentaron secuestrarla y, finalmente, se llevaron su destruido vehículo para que la Policía no lo vea. Los integrantes de su equipo, que viajaban con ella en el mismo carro, continúan hospitalizados. De todo esto hay testigos. Por lo demás, no hicieron sino cumplir su palabra, pues llevaban varios días amenazándola. “Señor secretario, por favor, ponga estos audios”.

Lo de las amenazas ya era de dominio público. Se supo el mismo día en que se instaló la sesión del Pleno para tratar la destitución presidencial, el sábado 25 de junio. El asambleísta Rafael Lucero, en principio opuesto al golpe, denunció haber recibido llamadas y visitas intimidatorias para obligarlo a cambiar de parecer. Que no aceptaría las presiones, dijo, pero lo hizo: terminó votando a favor de la destitución. Lo mismo que John Vinueza, el sinuoso asambleísta independiente de Chimborazo que siempre se las arregla para estar bien arrimado: decenas de indígenas amenazadores rodearon su casa. Él subió un video en Twitter en el que dijo que la visita había sido muy amable y agradeció a su familia “por ser tan valientes”, como si la amabilidad de los visitantes exigiera valentía de los anfitriones. Votó a favor de la destitución. Salvador Quishpe no denunció haber recibido ninguna amenaza, pero su cambio de opinión fue el más sorprendente de todos: el día de la votación, por la mañana, había grabado un vehemente mensaje de oposición al golpe; por la noche, votó a favor.

El hecho es que Gissella Molina, una asambleísta de bajo perfil de la provincia de Cotopaxi, a quien probablemente muchos de sus colegas no tomaban demasiado en serio y la mayoría de ciudadanos del país, por fuera de sus electores, ni siquiera conocía; una veterinaria de oficio sin las pretensiones intelectuales de los John Vinuezas ni las pirotecnias retóricas fallidas de las Jhajairas Urrestas; una “montubia de La Maná”, como suele presentarse a sí misma, resultó tener muchísimo más coraje que todos juntos. A ella también la intimidaron con llamadas y visitas amenazantes para que vote por el sí. ¿Qué hizo? No se quejó, no denunció, no grabó videos retorcidos, no hizo aspavientos, no dijo nada. Simplemente, fue esa noche a la sesión, trapeó el piso con Leonidas Iza, acusándolo de autoritario y machista, y voto por el no. Cinco días más tarde casi la matan.

Vuelve Gissella Molina al Pleno con su cuello ortopédico y su dolor en todo el cuerpo. Ahora sí la van a oír: “Señor secretario, por favor, ponga estos audios”. Y ahí, ante un auditorio de asambleístas sospechosamente silenciosos, suenan las voces de José Manuel Vega, funcionario de la Asamblea, asesor del legislador disidente de Pachakutik Peter Calo, y de Janeth Llano, asambleísta alterna del mismo sujeto. Ambos profieren amenazas contra quienes se atrevan a votar en contra de la destitución del presidente de la República en el Pleno. “Tenemos que estar tras de la casa, allanando, pendientes de cada uno de esos asambleístas, inmediatamente (les) agarraremos de las orejas y (les) traeremos donde quiera que estén... A la provincia de Cotopaxi alerto de esa señora, donde quiera que esté tenemos que cogerle el pueblo enardecido”. Y así fue.

Es una denuncia gravísima. Gissella Molina está hablando, ni más ni menos, de un crimen cometido por hampones. La Fiscalía ya abrió una investigación. ¿Qué va a hacer la Asamblea? ¿Nombrará una comisión ad hoc para conocer el caso? ¿Pedirá explicaciones a Peter Calo? ¿Abrirá un sumario contra su asambleísta alterna? ¿Destituirá al asesor que ordena acciones violentas contra los legisladores que le incomodan? Nada de eso. Ante la gravedad de los hechos y la contundencia de las pruebas (que incluyen también una carta del Movimiento Indígena de Cotopaxi dirigida a Gissella Molina), la Asamblea Nacional no hará absolutamente nada.

¿Qué dice el presidente Virgilio Saquicela? “Señora asambleísta, le queda un minuto”: apurado por cambiar de tema. La Asamblea que destituyó a su presidenta por motivos de procedimiento; que destituyó a su vicepresidenta por haber presentado una moción incómoda para el correísmo; que sancionó a Salvador Quishpe por excesos verbales y a Diego Ordóñez por supuesto comportamiento machista, no moverá un dedo contra el equipo de Peter Calo por presunto intento de asesinato. Tal es el grado de impunidad, que el mismo Peter Calo se da el lujo de pedir la palabra y ni siquiera mencionar el tema. Eso sí: “Se quiere iniciar la persecución y judicialización de nuestros líderes”, advierte. Y por si acaso: “Con el pueblo no se juega”. Y poco después, el amigo de los mineros ilegales Mario Ruiz: “Se está preparando el terreno para empezar un proceso de persecución judicial y política”. Y todo asambleísta de Pachakutik que toma la palabra: nos persiguen, nos criminalizan. En la legislatura de Virgilio Saquicela solo hay un derecho garantizado: el de impunidad para los hampones.

• otros delitos

En la legislatura de Virgilio Saquicela, las fallas de procedimiento se sancionan con severidad, pero los delitos quedan impunes. 15 días después de la manipulación del voto electrónico con la que se intentó tumbar al presidente de la República, el tema ha sido olvidado por completo. Hay ahí una concurrencia de delitos: acceso no autorizado a sistema informático, falsificación electrónica, ataque informático...