Hay otra iniciativa en marcha para enfrentar un problema tan grave como permanente en las aulas universitarias: el acoso y abuso sexual, así como la discriminación por género u orientación sexual.

Esta vez proviene del Consejo de Educación Superior (CES), el ente de planificación y control del sistema, el cual construye un ‘Plan para la prevención y erradicación de la violencia, acoso y discriminación’ en las instituciones de estudios superiores del país. Esto es parte de un acuerdo nacional firmado en noviembre de 2022.

No obstante, ya existen otros documentos y normativas anteriores destinados a lograr ese fin. Uno de ellos es el ‘Protocolo de prevención y actuación en caso de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual en las instituciones de educación superior’, vigente desde 2018.

Este instrumento fue aprobado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Debía servir a las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores tecnológicos como una guía institucional para estos casos o como referencia para la elaboración de su propia normativa.

En ese marco, el CES desarrolló en Quito el martes 30 de mayo un taller para conocer los resultados de la aplicación de este protocolo. Estaban invitados representantes de departamentos de Bienestar Estudiantil de distintas universidades del país que lo han adoptado en estos años.

Según el CES, el propósito del taller “se enmarcó en conocer los logros, buenas prácticas y nudos críticos presentados en la aplicación del protocolo”. No citó ejemplos de ellos expuestos en la reunión, pero la idea es que estos sirvan de insumo para la elaboración del nuevo plan.

Al margen de ese taller, este Diario consultó a dirigentes universitarias sobre este protocolo y ellas coinciden en que este instrumento es nada o poco conocido por los jóvenes.

“Es algo que, desafortunadamente, es desconocido por los estudiantes”, dice Steffany Loja, de la Universidad de Guayaquil.

“Si bien es cierto que nuestra institución ha adaptado y utiliza un protocolo, su impacto no ha sido notorio, debido a la burocracia del proceso y la falta de difusión adecuada del mismo, esto impide que se cumplan los objetivos de manera efectiva”, expresa Yelena Moscoso, de la Universidad de Machala.

En su introducción, el protocolo cita un estudio previo de 2017, según el cual el 15 % de las estudiantes ha recibido comentarios intimidatorios por su forma de vestir, su cuerpo o su sexualidad; el 13 % bromas de contenido sexual y miradas morbosas, y al 9 % han intentado besarla o abrazarla.

Una situación que se mantiene, pero casi no se denuncia por temor a represalias y desconocimiento de la normativa. “Soy delegada al Consejo Superior Universitario y sé que hay muchas mujeres que sufren acoso sexual, incluso verbal, con términos inadecuados para un estudiante de la universidad, por parte de personas que en vez de impartir conocimiento nos dan miedo. Pero muchas no hacemos nada por temor a que una autoridad o las personas encargadas del proceso, en vez de apoyarnos, nos den la espalda”, corrobora Steffany Loja.

De allí que las representantes estudiantiles plantean la necesidad de que el CES considere como prioridad para el protocolo o su nuevo plan la difusión de estos entre los estudiantes.

Así lo reitera Yelena Moscoso, delegada ante el Consejo Universitario en su institución: “Hay que visibilizar los protocolos de protección y sanción, informar a las IES de la existencia de estos instrumentos; y dar a conocer los pasos a seguir en caso de enfrentar una situación de acoso o abuso para que sea intervenido oportunamente”.

En 2021, las presidentas de los gremios de estudiantes universitarios particulares y politécnicos presentaron una propuesta con este mismo objetivo. Entre otras cosas, planteaban que se debía priorizar la protección de la denunciante.