Inhabilitación de partidos políticos en Ecuador: balanza que favorece a ADN
El correísmo, Unidad Popular y Construye están en riesgo, mientras el oficialismo se abre camino hacia el 2027
La proscripción de organizaciones de oposición como Revolución Ciudadana, Unidad Popular y Construye bajo procesos del TCE y el CNE levanta sospechas sobre un posible beneficio para el oficialismo de Daniel Noboa en el próximo ciclo electoral.
RC, Unidad Popular y Construye bajo la mira del TCE y el CNE
La proscripción de organizaciones políticas en Ecuador ha tomado fuerza en este 2026. Los casos iniciaron con el movimiento Revolución Ciudadana (RC), que tras ser señalado en un presunto caso de lavado de activos, denominado Caja Chica, fue suspendido por nueve meses por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), tras un pedido de la Fiscalía General del Estado.
A este escenario se suman los casos recientes del partido Unidad Popular y el movimiento Construye. En ambos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) alega la existencia de un informe técnico-jurídico que señala una disminución en el número de adherentes permanentes. Bajo este argumento, el organismo procedería con el inicio del proceso de cancelación de ambas organizaciones, amparado en el artículo 327 de la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia.
La cercanía de las seccionales de 2027 levantan sospechas
Más allá del fundamento legal que reviste las decisiones de los órganos electorales, analistas consultados por EXPRESO sostienen que estas acciones deben observarse bajo el contexto de los próximos comicios seccionales de 2027 y la postura crítica de estas agrupaciones frente al gobierno del presidente Daniel Noboa.
De hecho, Arturo Moscoso, politólogo y director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), considera que no es posible analizar estas medidas sin ligarlas al ‘timing’ con el que fueron tomadas por el TCE y el CNE.
“Es preocupante porque si por un lado existen bases normativas (para la toma de estas decisiones), llama la atención de que sean justamente estos partidos (los sancionados) y en este momento previo a las elecciones seccionales (de 2027)”, analiza Moscoso, acotando que la lupa de las entidades de control ha recaído precisamente en organizaciones de oposición.
Los casos de RC, Unidad Popular y Construye
- Revolución Ciudadana: Declarada en oposición desde el primer periodo de Noboa y radicalizada tras denunciar irregularidades en la reelección de 2025.
- Unidad Popular: Impulsó demandas de inconstitucionalidad y la campaña por el 'no' en la consulta popular de 2025.
- Construye: Mantiene una voz crítica constante frente a la gestión gubernamental
ADN, el principal beneficiario de la inhabilitación de partidos
Según Moscoso, estos antecedentes sugieren que el oficialismo sería el principal beneficiario de la proscripción de dichas fuerzas, al silenciar voces críticas e incluso quitando posibles espacios electorales al correísmo ante su suspensión.
“No puedo afirmar que el Gobierno está detrás, pero sí es sospechoso y preocupante, por el contexto político que estamos viviendo. Además, recordemos que estamos a puertas de un proceso electoral nuevo, donde se va a poner en juego la legitimidad del Gobierno y de su partido político”, añade.
CNE y TCE deben respetar las leyes
Sin embargo, para el abogado Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el foco del debate no debe centrarse únicamente en si la medida beneficia a ADN (Acción Democrática Nacional), sino en que las normas deben aplicarse de forma técnica y rigurosa. “Todos queremos que se depure el sistema de organizaciones políticas, pero no de manera direccionada, como lo está haciendo en este momento”, manifiesta.
Alarcón coincide con Moscoso en la posible intencionalidad detrás de estas acciones. “Efectivamente hay una intencionalidad detrás de este tipo de acciones. Porque si bien es cierto que podríamos decir que se está aplicando la ley, la coyuntura y el ‘timing’ de hacerlo es lo que genera sospechas. Un TCE que está inhabilitando a una organización política, un CNE que busca retirar la personería jurídica a otras... Creo que resulta altamente riesgoso de cara a un proceso electoral en marcha”.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
