El trabajo no se detiene, aunque su personal está distribuido en unas 22 instituciones. El incendio del edificio de la Contraloría General del Estado, provocado por casi medio centenar de sospechosos en el contexto de la protesta indígena de octubre, pudo haber dañado su infraestructura, pero no su capacidad de controlar las cuentas.

Desde el siniestro del 12 de octubre, pasado el mediodía, y que no pudo ser controlado por los bomberos porque lo impidieron los manifestantes, la Contraloría ha efectuado 30 lecturas de borradores de informe de examen especial de las unidades de control de la matriz. Las lecturas se han efectuado en 22 instituciones públicas.

En total, en 2019 la Contraloría ha realizado 1.096 lecturas de borrador de exámenes especiales. El viernes, por ejemplo, una treintena de involucrados asistió a la sala vip del Ministerio de Educación a la lectura de un informe borrador relacionado con irregularidades en los procesos de construcción de Unidades Educativas del Milenio (UEM) de cinco provincias.

Inició a las 09:00 en el edificio matriz de Quito, ubicado en la avenida Amazonas y calle Juan Pablo Sanz.

El trabajo de auditoría fue efectuado a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los contratos para la construcción de las parroquias El Eno, Dayuma, Nuevo Rocafuerte, Joya de los Sachas, Santa Rosa, Curaray, San Juan Bosco, en las provincias de Napo, Orellana, Morona Santiago, Pastaza y Sucumbíos. También se examinó su fiscalización, liquidación, recepción y uso, la aplicabilidad de los estudios técnicos y los convenios y compromisos de cooperación interinstitucional para su ejecución en el Ministerio de Educación y entidades relacionadas. El período analizado fue entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018.

Varios son los hallazgos provisionales. Los involucrados pueden presentar documentos de descargo en los siguientes cinco días.

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Los auditores se encontraron con la novedad que para la construcción de las 5 unidades examinadas se utilizaron los estudios de otra unidad. Eso hizo que no se tomen en cuenta las condiciones particulares de los terrenos ni se considere la existencia de errores, omisiones o imprevistos técnicos que afecten la construcción de la obra. Un punto preocupante fue que no se entregaron estudios de suelos a los contratistas ni se definió la forma, cabida y topografía de cada terreno. A eso se suma que no solicitaron los permisos de construcción.

Como consecuencia fue necesaria la suscripción de contratos complementarios que superaron 70 % del monto total del contrato, el límite legal permitido. Eso generó demora en la entrega de las obras.

En la UEM de Santa Rosa, por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales no entró en funcionamiento porque se construyó sin tomar en cuenta las necesidades de la parroquia, por lo que fue subdimensionada. Las aguas putrefactas se descargan al río Santa Rosa. La Unidad presentó filtraciones en al menos 12 aulas de varios bloques. La instalación incorrecta de la malla electrosoldada del bloque de Tecnología se oxidó y provocó un pago no justificado de 60. 581,18 dólares.

El fiscalizador también fue señalado por no cumplir la oferta en personal técnico para el control de la obra. Eso ocasionó pagos injustificados por $ 156.385,88.

Otra anomalía se presentó en la unidad Nueva Generación. El incumplimiento del constructor dejó pagos injustificados por 61.897,16 dólares.

En Toñe los incumplimientos provocaron un pago en exceso por $ 40.507,62. No hubo autorización para extraer piedra del río Oñamenpare para la construcción de una parte de vía y eso hizo que se pague injustificadamente $ 1’164.201.

Hubo otros pagos injustificados por 120.375,78 y 154.482,78 dólares.

En la unidad Yasuní, el contratista recibió pagos adicionales por instalaciones provisionales que eran parte de sus obligaciones. Hubo trabajos antes de las órdenes de trabajo que dejaron pagos indebidos por 54.188, pagos en exceso por otros rubros por 56.999,45 e injustificados por 57.603,63 y 6.840. Los montos de los contratos complementarios superaron el 35 % del valor del contrato principal. No hubo control de calidad de la obra y se pagó 79.300,22 sin justificación.

En la unidad Rocafuerte las novedades y pagos injustificados también se encontraron. Hubo un pago no justificado de 144.636,49 por ‘Campamento para personal de Obra en Nuevo Rocafuerte’, que era responsabilidad de la contratista e incluido en sus costos.

Los hormigones no cumplieron con la resistencia establecida. No se verificó los ensayos de resistencia de materiales y hubo pago no justificado de 413.547,21. Otros pagos fueron por otros rubros por 28.187,71 y por 128.210,71, a la fiscalizadora.

En Dayuma Kento no se aplicó la multa a la constructora por 117 días de retraso en la entrega de obras ni se solicitó permisos de construcción al GAD de la Joya de los Sachas.

Tampoco se tomó en cuenta el informe de la Secretaría de Riesgos por lo vulnerable de la zona a inundaciones o deslizamientos de tierra. Hubo pagos no justificados por 87.776,44 por dos pilares de un puente peatonal no construido.

En Hatun Sacha se aprobaron planillas con hormigón simple. Por varios conceptos hubo pago no justificado de 518.373,86 dólares, otros por 35.776,04, no se cubrió una multa de suspensión por 523.711,10 y un pago sin sustento por 236 479,18.

Finalmente, en las fiscalizaciones de las obras en Nuevo Rocafuerte, Dayuma y Joya de los Sachas se incluyeron indebidamente valores por utilidad y dejó un pago no justificado por $ 25.822,54, $ 19.926,81 y $ 10.600, respectivamente. Las unidades no han sido transferidas por Ecuador Estratégico EP al Ministerio de Educación. Eso ha traído como consecuencia la falta de aseguramiento ante eventualidades y que no reciban mantenimiento.

Procesos judiciales

Por la toma e incendio en la Contraloría hay dos denuncias presentadas por el contralor Pablo Celi. Se abrieron alrededor de nueve expedientes. Al menos cuatro están en instrucción fiscal y se reformuló el delito inicial de terrorismo por el que se iniciaron las investigaciones. Hay 38 procesados, entre ellos seis adolescentes por paralización de servicios públicos, sabotaje, destrucción de bienes y archivos, entre otros. Todos los sospechosos están libres. El terrorismo se castiga hasta con más de 20 años de cárcel.