Incautación de bienes en Ecuador: el problema está en cómo jueces la aplican
La incautación de bienes sin orden judicial puede violar derechos de propiedad en Ecuador. ¿Y la Ley de Extinción de Dominio?
En medio del avance del crimen organizado en América Latina, los Estados han intensificado sus esfuerzos para golpear el músculo financiero de las estructuras criminales. Una de las herramientas más poderosas en esta lucha es la incautación de bienes muebles e inmuebles vinculados a actividades ilícitas.
(Te invitamos a leer| Guayaquil bajo asedio: el centro cae ante la prostitución, las drogas y el crimen)
Pero una vez confiscados, ¿qué ocurre con estos activos? La mayoría de los países latinoamericanos han adoptado leyes de extinción de dominio, que permiten al Estado confiscar bienes adquiridos con dinero ilícito, incluso sin necesidad de una condena penal previa. Estas leyes buscan debilitar el poder económico de las mafias, afectando directamente su capacidad operativa.
En Ecuador, por ejemplo, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio permite al Estado tomar posesión de bienes relacionados con delitos como narcotráfico, corrupción o lavado de activos. Esta legislación se alinea con estándares internacionales promovidos por organismos como ONU y GAFI. Una vez confiscados, los bienes deben ser custodiados, administrados y eventualmente reutilizados.
En América Latina, la lucha contra el crimen organizado no solo se libra en las calles, sino también en los tribunales y oficinas estatales encargadas de administrar los bienes incautados. Mientras países como Colombia y México han desarrollado estructuras especializadas para gestionar estos activos, Ecuador enfrenta desafíos legales y estructurales que ponen en entredicho la transparencia y legalidad del proceso.
Así funciona la incautación de bienes en Colombia y México
Renato Rivera
En Colombia, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra miles de propiedades, empresas y vehículos incautados al narcotráfico y otras actividades ilícitas.
México, por su parte, cuenta con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), una entidad con funciones similares. Ambos países han institucionalizado el manejo de estos bienes, aunque no han estado exentos de controversias.
Ecuador, sin embargo, enfrenta un dilema más profundo. Según Renato Rivera, especialista en economía del crimen organizado y seguridad internacional, el problema no radica en la ausencia de leyes, sino en la forma en que los jueces aplican el comiso.
“La incautación de bienes sin orden judicial, como está previsto, puede llevar a excesos sobre violación de derechos de la propiedad y potenciales casos de corrupción. El país ya vivió una experiencia así a inicios del 2000”, advierte.
¿Comiso sin sentencia en Ecuador?
Esteban Santos
La Corte Constitucional ecuatoriana ha sido clara: retener bienes sin una sentencia condenatoria que declare el comiso penal es ilegal.
No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de que ciertos bienes, como vehículos, sean presentados ante la justicia para garantizar el desarrollo de audiencias, especialmente cuando el procesado se encuentra prófugo.
Esteban Santos, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Hemisferios, subraya que en un Estado de Derecho debe ser un juez quien determine si los bienes provienen del narcotráfico. “Lo contrario es lo que plantea la Ley Económica de Daniel Noboa”, señala, cuestionando quién tiene la autoridad para administrar y disponer de los bienes incautados.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
