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Prefecto del Guayas acude al CDP para que le coloquen el grillete electrónico

Técnicos del SNAI están a la espera de los otros implicados en presunto tráfico de influencias que implica a Carlos Morales

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Siete personas vinculadas con la Prefectura del Guayas son investigadas por el presunto delito de tráfico de influencias.cortesia

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) está a la espera de los ocho procesados en el caso que se investiga por presunto delito de tráfico de influencias, que involucra al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales.

Mediante un comunicado, subido a las redes sociales, la entidad asegura que sí cuenta con dispositivos electrónicos para ponerle a los procesados en ese caso. Sin embargo, hasta el momento, "los implicados no se han presentado para la colocación de los aparatos de vigilancia", afirman. Tras la alerta, se conoce que el prefecto acudió al CDP para la colocación del aparato. A esta hora ya está con el dispositivo. 

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El prefecto Carlos Luis Morales acudió al mediodía al CDP para la colocación del grillete.Cortesía
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Explican que en atención al oficio No. 293-CPJG-P,  emitido por la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que dispone la coordinación necesaria y debida para que se asignen los dispositivos a siete procesados, entre ellos, el prefecto del Guayas, el SNAI dice que dichas personas deben acercarse al punto de instalación, ubicado en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Guayaquil.

La Fiscalía formuló cargos en contra de Morales y otras siete personas, por el presunto delito de tráfico de influencias dentro de una investigación que se abrió por presuntas irregularidades en la compra de insumos y pruebas rápidas para la COVID-19, dentro de la emergencia sanitaria que se decretó por la expasión del virus. Aunque el fiscal que llevó el caso solicitó la prisión preventiva, el magistrado no acogió el pedido y dispuso medidas alternativas como la prohibición de salida del país y el uso de dispositivos electrónicos. 

Los ocho procesados fueron detenidos en allanamientos que se ejecutaron en Quito y Guayaquil, por casos de presunta corrupción generados en tiempos de la pandemia.