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Guayas, la hija malcriada de Ecuador, pero la más cuidada en la emergencia

El Ejército toma la posta de la seguridad, tras el alza en los contagios. El presidente anuncia sanciones para quienes no obedezcan.

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Control de movilidad en algunas calles del suburbio, el pasado 18 de marzo. Participaron miembros del Ejército.GERARDO MENOSCAL / Expreso

Guayas gana en esta crisis. Está en la punta cuando de cifras se habla. No solo se lleva ‘la corona’ del coronavirus, con el mayor número de contagiados (807 de 1049 casos confirmados hasta ayer), sino que además toma la posta de los transgresores de las medidas de emergencia, con un total de 305 infractores, según el último reporte de la Fiscalía.

De allí que el COE nacional haya decidido escuchar al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y declarar a la provincia como zona especial de seguridad, con atención focalizada en Guayaquil, Daule, Durán y Samborondón, al fin de mitigar riesgos y resguardar a la gente.

En redes sociales, Guayas es la hermana malvada del Ecuador, la oveja negra de la familia, la malcriada de la que se ríen todos por desobedecer. Hay memes, críticas por tuits y videos jocosos que aluden a las aglomeraciones al ritmo de la Lambada.

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El fondo

Muy pocos, en cambio, tocan los porqués de esta particularidad, que mancha, sobre todo a Guayaquil, porque de allí, de sus zonas más deprimidas económicamente, son los registros audiovisuales y fotografías de ciudadanos que agreden a las autoridades, resistentes a quedarse en casa.

Ayer, el presidente lanzó el anuncio de que ahora todo el país amplía el toque de queda desde las 14:00 hasta las 05:00, y recordó que se restringe la circulación, excepto para las actividades esenciales. “¡Quien incumpla, será sancionado! La primera vez con $ 100, la segunda con un salario básico y la tercera con prisión”.

Guayas la tiene difícil. “Quito señala a la provincia como la gran transgresora de esta crisis, pero en la capital, la gente puede sobrevivir encerrada porque gran porcentaje de su población trabaja en cargos públicos y vive hoy del teletrabajo; pero en Guayas, y sobre todo en Guayaquil, la mayoría de la gente, si no sale a sus empleos informales, no come”, lee el catedrático y experto en sociología política David Chávez.

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Autoridades, durante el anuncio de los detalles de la zona de seguridad en Guayas.Tomado de redes

Ese tipo de prioridades quedan de lado con el nuevo decreto. La generala Tanya Varela, jefe de Estado Mayor de la Policía, anunció ayer que en Guayas, con la nueva disposición, habrá 41 puntos de control en cercos y 54 estaciones en los cantones para hacer que se cumpla el toque de queda, además de 84 puntos móviles.

Que hayamos tenido que llegar a este punto es responsabilidad de las autoridades. Hay una evidente incompetencia de las autoridades para manejar la crisis.

David Chávez, sociólogo.
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Los uniformados de las Fuerzas Armadas tienen como prioridad Guayaquil (548 casos), Durán (40) Samborondón (96) y Daule (64) para exigir el cumplimiento de las disposiciones, y se analiza extender la rigurosidad en Milagro, porque presenta ya 35 casos.

Las escuadras de las Fuerzas Armadas tendrán 3.213 miembros en las vías. Algunas, de hecho, se movilizarán a pie. “No deberíamos hacer esto, pero lo asumimos con responsabilidad. (Mejorar este escenario) depende más de la ciudadanía que de las acciones (de la Fuerza pública).

La advertencia

Con este escenario, el presidente Lenín Moreno mandó el lunes por la noche un llamado de atención, como advirtiendo de las nuevas medidas que ese día aprobó por decreto. “Les hemos dicho quédense en casa. No pueden salir a las calles. Dejen de pensar solo en ustedes. (...) Basta, ya no más irresponsabilidad”, decía en un audio, con claro tono de decepción.

Guayas es puesta en la coyuntura como la provincia por la que crecieron de forma exponencial los casos, esto aunque las autoridades no precisan que hubo y hay brechas en el control del cerco, que este Diario ha expuesto en más de una ocasión. De eso, a la hora de agudizar el control, la autoridad parece, simplemente, olvidarse.

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Los otros aspectos

El sociólogo Freddy Rivera cree que es absolutamente necesario hacer este control ahora con las Fuerzas Armadas. “Es razonable, una decisión estratégica tardía, pero correcta. La desobediencia civil y la inconsciencia no asimilan la gravedad de la emergencia”

Trata de explicar el papel de Guayaquil y de los recientes hechos de falta a la autoridad, que en realidad constituyen una constante en el accionar del guayaquileño, por la deslegitimización de las autoridades.

Con él coincide el también sociólogo Andrés Martínez, pero agrega otro factor. El ejemplo. “El hecho del bloqueo de la pista del aeropuerto mostró al guayaquileño a su principal autoridad en una situación de desobediencia. Es como que hay una especie de acefalía, y ello precipitó esta decisión de militarizar la provincia. O al menos esa es la sensación”.

Países como Perú ya tienen a sus Fuerzas Armadas haciendo respetar el toque de queda, pero España, por ejemplo, otro de los territorios más afectados del COVID-19, usa a su Ejército para dotar de 5.500 camas en este momento de crisis.

En el caso de Ecuador, la participación de las Fuerzas Armadas, al menos por ahora y en Guayas, se limitará a hacer respetar las medidas de restricción de movilidad y toque de queda.

Así lo expuso el contralmirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Amílcar Villavicencio. “Por el incumplimiento se han expandido los contagios. Habrá uniformados de todas las Fuerzas Armadas, que no saldrán a reprimir, sino a concienciar. Por la razón, o por la fuerza, salvaremos la vida de nuestros ciudadanos”, dijo.

Sobre estas recientes decisiones, Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, cree que la acción debe volcarse a acciones humanitarias. Por ahora, a Guayas le toca obedecer, a las buenas o a las malas.

Las fuerzas militares tienen que cumplir un rol humanitario. El enemigo común es un virus. No todos tienen los mismos medios para protegerse. Allí debe llegar la ayuda.

Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.