Bajo resguardo militar. La provincia del Guayas fue declarada zona de seguridad nacional. La decisión la tomó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE Nacional) para reforzar aún más el plan de contención del coronavirus en la provincia que más casos confirmados registra, 769 de los 981 en total, lo que representa el 78,4 % de los contagios en todo el país.

La directora del Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, explicó el significado de esta declaratoria: “Una zona especial de seguridad es que un territorio tendrá temporalmente unas medidas especiales. Aquí va a intervenir directamente Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la Gobernación del Guayas, que estará a cargo de establecer un corredor humanitario para proveer a la provincia de alimento y para poder tener un mayor control”.

Los crecientes datos de casos confirmados en la provincia, según Ocles, obliga al Gobierno Nacional a reforzar la seguridad en Guayas. Esta zona estará hasta el 5 de abril próximo.

Es la única información clara que se tuvo, hasta pasadas las 14:00 de ayer. No se sabe si esta declaratoria, por ejemplo, restringe aún más la movilidad de los ciudadanos dentro de la provincia, si se amplía o no el toque de queda, cuál es la implicación de este corredor humanitario, entre otras dudas sueltas. Hasta la hora mencionada, las autoridades civiles y militares de la provincia mantenían reuniones para definir el alcance de esta declaratoria de zona de seguridad.

La legislación nacional recoge esta figura en la Ley de Seguridad Pública y del Estado en su artículo 38, que establece: “Por zona de seguridad se entiende el espacio territorial ecuatoriano cuya importancia estratégica, características y elementos que la conforman, requieren de una regulación especial con la finalidad de garantizar la protección de esta zona ante eventuales graves afectaciones o amenazas a la seguridad objeto de esta ley”.

Guayas ha sido objeto del reforzamiento de las medidas a lo largo de esta crisis sanitaria. El 17 de marzo pasado inició el toque de queda a nivel nacional y al día siguiente se ampliaron las horas de restricción de movilización solo para esa provincia. Días después, se la declara zona de seguridad nacional.

¿Qué pasa en Guayas? Es lo que se preguntó hace pocos días el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Y se respondió a sí mismo explicando que a esta provincia llegaron personas del exterior contagiadas y que no cumplieron con la restricción de quedarse en casa, por lo que ahora se observan las consecuencias. En otras palabras, indisciplina. Pero también se ciernen cuestionamientos sobre el manejo de la crisis por parte del Ministerio de Salud Pública.

Desde el día que se anunció el primer caso confirmado, el pasado 29 de febrero, empezaron los cuestionamientos sobre el establecimiento del cerco epidemiológico. Si estaban todos dentro o no. Si los controles en los aeropuertos sirvieron para algo. Ahora las críticas se centran en la falta de insumos para el personal médico que atiende (o no) los casos de COVID-19 y la poca efectividad de la línea 171, habilitada para atender a ciudadanos y no congestionar los hospitales.

“Es muy importante tener la información de cada persona que fallece y que enferma. En otros países uno puede encontrar la información precisa de la situación particular de pacientes, no necesariamente abierta al público. Infortunadamente, hay que decirlo, las ejecuciones de la anterior ministra y su equipo eran muy limitadas”, señala Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública.

El también consultor del sistema de salud explica que tanto el problema de denuncias de fallecimientos con poca atención, así como la falta de citas a través del 171, se puede solucionar mediante la implementación de una estrategia territorial de casos y contactos para precisar la información de las sospechas y controlarlas. “Hay personas que tienen el virus pero aún no los síntomas, porque están en proceso de incubación. Si ellos no saben que tienen la enfermedad, son fuentes de contagio. Eso se debe controlar por barrios. Pequeños conglomerados, a cargo no necesariamente de médicos, porque ellos deben atender los casos graves en hospitales, sino por equipos multidisciplinarios. En lugar de que me llamen al 171, un grupo que esté ubicando permanentemente y monitoreando”, explica.

El exministro de Salud Luis Sarrazin piensa en cambio que se deben reforzar los canales de atención del 171. “Es importante que se amplíe la cantidad receptiva del 171 para captar mayor número de llamadas. Deben ser personas con un buen nivel de entrenamiento, para saber de qué manera gestionar los casos”, menciona.

El nuevo ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, en su primera rueda de prensa virtual aclaró que los recursos económicos están disponibles para enfrentar la crisis sanitaria. Esto desmiente lo que su antecesora en la cartera, Catalina Andramuño, aseguró en su carta de renuncia (dijo que “enfrentar una emergencia sin recursos es complicado”). “El Ministerio cuenta con los recursos. No debe haber ninguna duda de que los recursos están disponibles. No solo para las pruebas, para los insumos, sino para una planeación de la infraestructura que vamos a necesitar en términos de cama y de cuidados intensivos”.

El presupuesto para atender la emergencia sanitaria en Ecuador es de alrededor de 120 millones de dólares, precisó ayer el ministro. Esta cifra puede variar dependiendo del comportamiento de los datos reportados, la modalidad de gravedad y otros factores. Y como un gesto a la importancia que requiere Guayas, el ministro trasladó la sede de su cartera a Guayaquil, desde donde despacha a partir de ayer.

Pero esa predisposición de las autoridades no se ve reflejada en el sentir de la ciudadanía de Guayaquil. Una sensación de abandono sienten quienes llaman a reportar sus casos, puesto que la línea habilitada no se alcanza para atender a todos.

Hay ciudadanos que están en duda de si tienen gripe común o coronavirus. Otros, por los síntomas, dicen estar seguros de estar contagiados, pero aun así no reciben la atención médica que buscan.

Elizabeth Chacón vive al sur de Guayaquil, la ciudad con más casos reportados en Guayas y el país. Ella fue al subcentro de salud del Ministerio, para solicitar que un doctor visite a su mamá que tiene 80 años y no sabe si tiene una gripe normal o fue contagiada con COVID-19, pero le indicaron que llame al 171. “Llamé y no me despejaron la duda. Me preocupa porque mi mamá vive sola con mi hermano, quien tiene 63 años y es portador de VIH”, contó a EXPRESO.

Pero esta no es la única persona que se queja de que la línea no es eficiente. Rebeca Pérez cuenta que su vecino, en la ciudadela Guayacanes, tiene varios días con los síntomas y todavía no tienen los resultados. “A mi vecino lo tuvieron dos días con oxígeno en un hospital y lo regresaron a casa. Ahora se ha puesto mal, se ahoga. Se ha llamado al 171 y no hay respuesta para este caso puntual. Se ha llamado a las ambulancias y tampoco vienen. La situación preocupa a todos los vecinos del sector”.

Para el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, el sistema ha funcionado “de manera extraordinaria”. Ha evitado que un millón de ecuatorianos abarroten el sistema de salud público. Además, han atendido 900.000 llamadas. Registran más de 1.100 casos con atención especializada con el Ministerio de Salud Pública. Adelantó que médicos jubilados atenderán con telemedicina desde sus casas. AAE-EO-LZ