"Se recuerda al Gobierno Nacional y a las autoridades de las diversas instituciones del sector público que, en el contexto de la Declaratoria de estado de excepción, el derecho a la libertad de expresión no se encuentra limitado ni suspendido; así lo ha ratificado además la Corte Constitucional en su dictamen de constitucionalidad de 19 de marzo de 2020".

Con este mensaje, la Defensoría del Pueblo responde a las denuncias que ha recibido tanto por redes sociales, como de forma anónima por el personal sanitario y otros servidores públicos, de presuntos ataques, presiones y hostigamiento ocasionado por ejercer su derecho a la libertad de expresión, a propósito de supuestas irregularidades en el manejo de información y presupuesto durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Conforme lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría especial para la Libertad de expresión, la Defensoría recuerda que constituye base fundamental del ejercicio de este derecho la posibilidad de realizar denuncias públicas sobre violaciones de derechos humanos, mal uso de fondos del Estado u otras situaciones que necesiten acción por parte de las instituciones de control político y judicial. Y, apropósito de aquello, todas las personas que realicen estas denuncias adquieren la calidad de persona defensora de derechos humanos.

Por lo expuesto, además, la Institución Nacional de Derechos Humanos rechaza todos los actos de ataque y hostigamiento en contra del personal médico u otros servidores y servidoras públicos que se encuentren realizando denuncia pública por cualquier medio y exhorta a:

1. 1. Cesen de manera inmediata todas las acciones de presión, hostigamiento y descrédito de las cuales vienen siendo objeto las personas que denuncian violaciones de derechos humanos u otras situaciones irregulares durante la emergencia.
2. 2. Se garantice la estabilidad académica y/o laboral de todas las personas que se encuentran ejerciendo su derecho a defender los derechos y a exigir rendición de cuentas por parte de las autoridades, y de todo el personal médico a nivel del país, tomando las debidas garantías de seguridad sanitaria y buen ambiente laboral.
3. Se transparente para toda la población y a través de canales adecuados y accesibles universalmente, toda la información local y nacional relacionada a la emergencia sanitaria, en especial número de personas afectadas y destino de fondos públicos, con el objetivo de que las y los funcionarios y la población en general puedan colaborar con un efectivo proceso de control ciudadano durante el estado de excepción.