A más del posible delito de tráfico de influencias por el que la Fiscalía investiga a dos vocales del Consejo de la Judicatura y a un juez de la Corte de Pichincha, un informe pericial evidencia posibles interferencias en las decisiones judiciales y hasta cálculos políticos.

Se trata de la transcripción de la grabación de una reunión entre los vocales del Consejo, Maribel Barreno, Juan José Morillo; Gustavo Osejo, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, el expresidente de la Corte Wladimir Jhaya y una jueza de esa instancia que ahora es testiga protegida de la Fiscalía.

Ese documento fue leído por la fiscal Diana Salazar, la semana pasada, durante la audiencia de formulación de cargos en contra de los tres sospechosos. Alrededor de la grabación de la reunión existen circunstancias que llaman la atención. Una de ellas es la contradicción sobre quién y cuándo se hizo.

En agosto de 2022, la testiga protegida de la Fiscalía y una de las asistentes al encuentro, negó en una entrevista concedida a Primera Plana que ella hubiese participado o grabado la misma. “Yo no he estado presente en esa reunión, no he conocido, no he sabido, vi por redes sociales, no he escuchado nada, no sé cuál reunión sería”, aseguraba.

Sin embargo, elogiaba a “quien haya estado o al ciudadano valiente que haya puesto en conocimiento de la ciudadanía estos actos irregulares que se hayan cometido o estas interferencias que se están dando, es una persona muy valiente en verdad”, dijo.

No obstante, siete meses después y en el contexto de la realización de un allanamiento a su domicilio y la incautación de dispositivos, la jueza acudió a la Fiscalía para entregar el dispositivo en el que grabó la cita.

Posteriormente, ella contó con detalles las circunstancias de la reunión, en la que públicamente negó haber participado. Se recoge en un testimonio anticipado que ahora es parte del caso de tráfico de influencias. Además, en su testimonio evidenció su temor por las advertencias y supuestas amenazas. Señaló a la vocal Barreno como la fuente de las mismas. En su testimonio anticipado, dijo que omitió los hechos del 2 de junio de 2022, día de la reunión, porque estaba siendo intimidada por la doctora Ruth Maribel Barreno.

En la transcripción de la grabación en varias oportunidades existe la mención del nombre del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. De él se hacen afirmaciones.

“Ellos se han enterado que Iván (Saquicela) en una pen drive les ha dado a los jueces de Santa Elena para que Glas (Jorge) regrese a la cárcel. Ya les han confesado los tres jueces de Santa Elena porque les han acorralado”, se señala en una parte del documento que es parte del expediente fiscal.

En otra parte se habla de posibles acercamientos de Iván Saquicela con UNES y el correísmo. Se menciona que Virgilio Saquicela le apoya al presidente de la Corte, pero para “los de UNES no hay retorno, el líder máximo no le perdona porque Iván mandó a poner una placa en Carondelet”.

Adicionalmente, se asegura que Iván Saquicela intentó llegar hasta Rafael Correa, pero no logró pasar del primer círculo. ¿Qué ofrecía Saquicela? Según el informe, “él quería ofrecerle sin duda la revisión” de la sentencia a ocho años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos.

Las presuntas aspiraciones a ser fiscal general de Saquicela se mencionaron en la reunión. Se habla también de presiones desde la Asamblea para el retiro de la terna que Saquicela envió al Consejo de Participación Ciudadana para la elección del vocal de la Judicatura, que estuvo encabezada por la testiga protegida de la Fiscalía y que grabó la reunión. La terna fue retirada y Saquicela envió otra.

EXPRESO contactó a la jueza. “Cualquier duda o inquietud que tenga sobre la causa, le ruego dirigirse al ente correspondiente en el caso Fiscalía General del Estado, ahí puede revisar el proceso”, dijo.

El titular de la Corte indicó a este Diario que conoce algunas de las cosas mencionadas, pero “yo no voy a dar ninguna opinión porque hay un proceso en curso y no quiero incidir ni en un sentido ni en otro, no quiero hacer juicios de valor y menos componentes de carácter político”. Para el abogado Jorge Luis Sánchez, por los hechos mencionados podría existir oferta de realizar tráfico de influencias que un tipo penal autónomo al tráfico que se investiga. Sospechas

El manejo de la justicia

Para el jurista Miguel Revelo, “no es novedad el hecho de que la política maneja la justicia, eso hace muchos años es evidente en Ecuador”. En el caso de la grabación, cree que es indiscutible que existen elementos de convicción que pudieran llevar a la Fiscalía a investigar presuntos delitos de asociación ilícita y delincuencia organizada.