Lo de Daniel Noboa y la extinción de dominio es un galimatías. ¿Qué mismo quiere el presidente? ¿Aprobar las reformas legales que le permitan golpear efectivamente el bolsillo de los narcotraficantes, como él dice? ¿O dejar las cosas como están, sin hacer cambios de fondo, como se desprende de algunos de los textos que propone? ¿Está tratando, quizás, de ganar tiempo hasta decidir lo que más le convenga? ¿O de quedar bien con todo el mundo? ¿Busca no indisponerse con sus socios políticos en la Asamblea Nacional? ¿Ninguna de las anteriores? No hay que descartar la posibilidad de que, simplemente, él mismo no tenga la menor idea. Quizás todo se trate nomás de abrir buenas posibilidades de negocios aprovechando las ventajas que siempre ofrecen las declaratorias de emergencia. Lo cierto es que las tres reformas que propone en esta materia (las dos primeras están incluidas en sendas preguntas para la consulta popular y una última en su cuarto proyecto de ley económica urgente enviado a la Asamblea) son contradictorias entre sí, se excluyen una a la otra y conforman, todas juntas, un panorama incomprensible.

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La primera propuesta de reforma a la vigente ley de extinción de dominio presentada por el Ejecutivo consta en el primer paquete de once preguntas para la consulta popular que envió a la Corte Constitucional el pasado 3 de enero. Se trata de la pregunta 9 y es, básicamente, la nada en 237 caracteres. La jueza Teresa Nuques, a cuyo cargo se encuentra la elaboración del informe de constitucionalidad sobre este paquete de preguntas, se apiadó del presidente y le otorgó la posibilidad de retirarlas. Irreductible al sentido del ridículo, él las dejó. La que aquí nos interesa dice lo siguiente: “¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme al anexo de la pregunta 9?”. La pregunta remite a un anexo y el anexo remite a un proyecto de ley reformatoria que el presidente se obliga a presentar en cinco días y cuyo contenido no se pone a consideración de los votantes. Podría ser cualquier cosa. ¿Qué se le consulta al pueblo? El plazo.

Ahora bien: ese proyecto de ley reformatoria de la pregunta 9, ¿no es el que acaba de enviar Noboa a la Asamblea como su cuarto proyecto de ley económica urgente y que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió a trámite el viernes por la noche? Para cuando la consulta popular tenga lugar, ese proyecto habrá sido aprobado o archivado ya. Si la Corte Constitucional cometiera el error de aprobar esta pregunta y ganara el Sí, ¿qué va a hacer el presidente? ¿Enviarlo de nuevo? ¿Inventarse otro?

La segunda propuesta de reforma a la ley de extinción de dominio consta en el segundo paquete de preguntas para la consulta popular y recoge, básicamente, lo que la opinión pública ha demandado desde el mismo día en que la ley entró en vigencia, esto es, desde 14 de mayo de 2021. A saber: que la extinción de dominio de los bienes de origen ilícito o procedencia injustificada se aplique sin necesidad de sentencia penal ejecutoriada por concusión, cohecho, peculado, lavado de activos o lo que fuera. Para ello se propone un cambio en la Constitución, en el capítulo correspondiente a las atribuciones de la Fiscalía. Quienes defienden esta reforma argumentan que el proceso de extinción de dominio, así como la investigación patrimonial en que se fundamenta la acusación, son de naturaleza civil; lo único que se consigue haciéndolos depender de un proceso penal previo es posponerlos indefinidamente. No es extraño que quienes se opusieran obstinadamente a esta reforma (inicialmente se opusieron a la misma ley, dejando sin cuórum a la comisión que la tramitaba, la de Justicia) fueran precisamente los correístas, el partido de los operadores políticos del narcotráfico en la Asamblea, según las evidencias del caso Metástasis. Para el resto del mundo, es un acierto del presidente Noboa.

Un acierto, sin embargo, que el propio gobierno borra con el codo en su tercera propuesta de reforma: la que introdujo en la Asamblea como cuarto proyecto de ley económica urgente. En ella, se elimina la sentencia ejecutoriada del artículo correspondiente a las definiciones pero se incluye, en el procedimiento, una tercera fase antes inexistente: la de ejecución de la extinción de dominio, a cargo de la Procuraduría, que sólo se iniciará “a partir de la existencia de una sentencia ejecutoriada”. En suma: lo que propone el presidente en su consulta, lo contradice en su proyecto de reforma.

El futuro de este cuarto proyecto de ley económica urgente, en el que no sólo se incluyeron las reformas a la ley de extinción de dominio sino otras a las leyes orgánicas de contratación pública, de Contraloría, de Procuraduría, a la ley de comercialización y tenencia de armas, al Código Penal y al Administrativo, es incierto y dependerá de con quién elija negociar el gobierno: si con sus asociados correístas, que se oponen a la extinción de dominio pero siempre están dispuestos a ceder a cambio de un avance en su agenda de impunidad (por un salvoconducto para Jorge Glas, por ejemplo, venderían a sus madres como esclavas en la península de Kamchatka), o con los asambleístas del bloque de Construye, a quienes el presidente Noboa ha identificado como sus enemigos políticos pero que están dispuestos a apoyar las reformas con unos pocos cambios. Dos, básicamente: apoyarán si se ratifica la no existencia de una sentencia penal ejecutoriada como requisito para la aplicación de la extinción de dominio, y si se eliminan algunas de las reformas propuestas a la Ley Orgánica de Contratación Pública y que, según el asambleísta de ese partido Jorge Peñafiel, parecen haber sido diseñadas para favorecer a contratistas privados amigos del presidente.

Se sabe que las guerras han sido un buen negocio para unos pocos en todos los tiempos y en todas las latitudes. El cuarto proyecto de ley económica urgente del presidente parece asegurarse de que la guerra contra el narcotráfico que se libra en este país no sea la excepción. Algunas de las reformas a la ley de contratación pública que se contemplan en él son muy positivas: establecer reglas sobre el blanqueo de capitales, por ejemplo, o integrar evaluaciones de la UAFE sobre los contratistas del Estado en los procesos de contratación. Sin embargo, hay otros temas que generan dudas: se adjudican a régimen especial “todas las contrataciones necesarias para la seguridad” (“incluidas las consultorías”) sin especificar límite alguno para este criterio; se otorga al presidente de la República la potestad de regular como procedimientos especiales (es decir, sustraerlos de la ley de contratación) todos los contratos que él quiera; se abre la posibilidad de suscribir, en régimen especial y a precio fijo, contratos “llave en mano” que permiten al contratista definir las especificaciones de la obra y ejecutarla él mismo, lo que puede dar lugar a cualquier tipo de abusos.

En la Comisión de Desarrollo Económico, que preside la oficialista Valentina Centeno, se resolverán estos aspectos espinosos de la nueva ley. Habrá que ver con quién negocia el gobierno los votos que necesita para aprobarla. De eso dependerán la transparencia de la contratación pública durante el estado de emergencia y el verdadero alcance y efectividad de la extinción de dominio. El país está a punto de saber hasta dónde llega el compromiso de Daniel Noboa en su guerra contra el narcotráfico.

• Buen negocio. Las reformas a la ley de contratación pública propuestas a la Asamblea otorgan al presidente la potestad de regular como de régimen especial cualquier contrato que él quiera.

• ¿Qué mismo? Lo que el presidente propone en la consulta popular, con respecto al régimen de extensión de dominio, lo contradice en el proyecto de ley económica urgente.

En el título estaba el problema

Se llamaba Ley Orgánica de Urgencia Económica para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública. Con ese título, el cuarto proyecto de ley económica urgente que envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea no pasó el filtro del Consejo de Administración Legislativa. Un informe de la Unidad Técnica Legislativa recomendó devolverlo al Ejecutivo por carecer de unidad de materia. Antes de que eso ocurriera, el gobierno lo volvió a enviar con el título cambiado. La ahora denominada Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha Contra la Corrupción no encontró reparos.

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