Última imagen antes del estallido: el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, presenta ante la Corte Constitucional nueve preguntas adicionales para la consulta popular. Por lo menos, eso es lo que él da a entender en las declaraciones que ofrece a varios medios de comunicación, la tarde del lunes, en la puerta de entrada de ese organismo. Al día siguiente nos enteraríamos, por un comunicado de la misma Corte, que nunca lo hizo: aquí no ha llegado nada, dice el escueto boletín de diez renglones. Rarísimo. Ese simulacro fue el último acto político del Gobierno antes de que el presidente Daniel Noboa firmara el decreto de declaración del estado de emergencia en todo el territorio nacional y se hundiera en el más absoluto e inquietante de los silencios mientras el país se caía a pedazos, en el peor estallido de violencia criminal sincronizada desde que Rafael Correa firmó un acuerdo con las bandas del crimen organizado.

No se puede descartar que las nuevas preguntas y la ola el terror que se desató inmediatamente después de conocidas guarden alguna relación. La primera de esas preguntas, de hecho, plantea uno de los temas más sensibles para el narcotráfico internacional; uno que, en otros países, ha producido masacres: el tema de la extradición. Y no es el único. También se propone una reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que permitirá despojar a los delincuentes de sus activos de origen ilícito; un mecanismo para revocar concesiones mineras y erradicar la minería ilegal que constituye, en la actualidad, una importante fuente de financiamiento del crimen organizado; una reforma a la Constitución que permitirá establecer judicaturas especializadas en materia constitucional, lo cual impedirá que cualquier juez de tránsito pueda dictar medidas sustitutivas, órdenes de prelibertad o habeas corpus a los capos de las bandas organizadas o a ciertos políticos que pagan por ellas, como quedó al descubierto con los chats del mafioso Leandro Norero que forman parte de las pruebas del caso Metástasis…

No solo a los capos del narcotráfico indisponen las nuevas preguntas del Gobierno sino, muy especialmente, al partido político en cuyas filas se encuentran, otra vez según las evidencias del caso Metástasis, sus operadores políticos: el correísmo. Todos los puntos mencionados, sobre todo la extradición, y otro más, la propuesta de reconocer el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materias de inversión, contractuales o comerciales, son tabúes en esa tienda política. No resulta extraño para nadie el hecho de que, luego de anunciadas las preguntas por el viceministro Torres, no solo el presidente Daniel Noboa y su gobierno se sumieran en el silencio mientras se desataban las explosiones, los secuestros, las incursiones armadas y las balaceras en todo el país, sino también el correísmo. No hubo ninguna reacción, ningún comunicado, ninguna toma de posición de sus dirigentes frente a la nueva consulta. Nada se tuiteó, tampoco, desde Bélgica. Cualquiera diría que, cuando las bandas del crimen organizado tienen la palabra, el expresidente prófugo no tiene nada que añadir.

Verdad es que en algún recodo del camino se cayeron, de esta segunda tanda de preguntas, dos importantes. Aparecieron en el primer documento que el mismo Gobierno circuló en redes sociales, en papel membretado de la Presidencia de la República, la tarde del lunes, y luego fueron retiradas sin mediar explicación alguna. Se trataba de dos reformas constitucionales: una para garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado y otra para modificar el sistema de integración del Consejo de la Judicatura. A pesar de eso, a pesar del inexplicable simulacro de Torres en la puerta de la Corte Constitucional, lo cierto es que Daniel Noboa parece haber acusado recibo de las críticas y, por primera vez desde que asumió la presidencia, estar dispuesto a correr riesgos. Luego de las tibias e insustanciales primeras once preguntas, criticadas desde todos los sectores de la opinión pública; luego de las tibias e insustanciales leyes económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea, lo suficientemente anodinas como para que nadie se oponga a ellas, y más que nadie el correísmo, como se jacta el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, que cree ver en eso una rara virtud… Luego de todo eso, Daniel Noboa se atreve a indisponer a los aliados de los que depende su mayoría en la Asamblea y plantear temas de fondo. Ya era hora... No deja de ser una buena noticia, en medio de tanta tragedia.