Gobierno y Conaie se miden en pulso político por fin del paro: ¿Qué está en juego?

La escena es la siguiente: un grupo de manifestantes en Otavalo (Imbabura) exige al dueño de un local que lo cierre. El comerciante responde: “Ustedes tienen derecho a protestar y yo a trabajar”. Entonces se inicia una discusión que refleja la tensión entre los propios pobladores, en medio de un paro que ayer cumplió 30 días.

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El video circuló en redes sociales y no es el único. Imbabura se ha convertido en el epicentro de las protestas originadas por la eliminación del subsidio al diésel, que derivaron en otras demandas como la reducción del IVA del 15 % al 12 %, mejoras en sectores como salud y educación, e incluso el incremento del salario básico.

Sin embargo, al cumplirse un mes de paralización, la situación parece nuevamente estancada. El 15 de octubre, el Ministerio de Gobierno anunció el fin del paro. Ofreció instalar mesas de diálogo y se comprometió a combatir el contrabando de combustible y la minería ilegal.

Pero el acuerdo no fue bien recibido por todos los sectores del movimiento indígena, por lo que los bloqueos en Imbabura continuaron hasta ayer.

La Conaie expresó que respetaba la decisión tomada en Imbabura, pero sostuvo que la medida seguiría vigente, ya que no se trataba de una acción provincial sino nacional. Esto, a pesar de que Imbabura y el norte de Pichincha son los únicos focos activos de la protesta.

La posición del Gobierno

Ayer, el ministro del Interior, John Reimberg, insistió en que no se han respetado los acuerdos alcanzados y condicionó el reinicio del diálogo al despeje de las vías. 

En ese contexto, arremetió contra el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, y el exdirigente Leonidas Iza. “Él (Vargas) e Iza lo que están buscando son beneficios personales, no para su gente”, declaró.

La Conaie tampoco cede

Por su parte, la Conaie reafirmó el lunes su “voluntad política de diálogo verdadero y su disposición a un cese a la confrontación”. No obstante, planteó una condición: “no aceptará conversaciones vacías ni condicionadas por la represión”.

A ello se sumó el pedido de que el Gobierno reconozca a la Conaie como interlocutor legítimo. Sin embargo, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, descartó ayer la posibilidad de conversar con Vargas. Es decir, el tema permanece en punto muerto.

¿A quién le conviene que el paro siga?

Ambas posiciones están lejos de ser producto exclusivo de las circunstancias directas del paro. Para la analista política Gabriela Guerrero, “a las dos partes les conviene mantener el paro”. Esto, por razones políticas vinculadas a la consulta popular del 16 de noviembre de 2025.

“Por un lado, le conviene al Gobierno para proyectar una imagen de control, mientras que a la Conaie le sirve para posicionarse como una eventual tercera opción (fuera de ADN y el correísmo) en la consulta”, argumentó.

Por su parte, el analista y director de Icare, Pedro Donoso, manifestó que una de las hipótesis que maneja es que el paro no constituía un elemento suficiente para realizar un análisis político como hecho detonante. Tras la presentación de las cifras del Centro de Investigaciones y Estudios Especiales (Ciees), Donoso afirmó que, de alguna forma, esa hipótesis se sostiene.

Él tomó como referencia los datos sobre el pesimismo ciudadano. “Si se comparan las cifras de septiembre y octubre del Ciees, se observa una reducción de menos de un punto en el pesimismo. La misma encuesta ubica la valoración de Noboa en 46 %”, analizó.

Donoso agregó un punto adicional: en caso de poner fin al paro, Noboa sería el primero de los tres últimos presidentes en lograrlo. Asimismo, Guerrero indicó que hacerlo sin revertir la decisión sobre el diésel también marcaría un precedente.

En el caso de la organización indígena, Donoso considera que también pesa el hecho de no querer ser el perdedor en medio del pulso político por el paro. 

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