Premium

DANIEL NOBOA PRESIDENTE SEGUIRDAD
La castración química es el último proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa.CORTESÍA: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El Gobierno de Noboa pone a prueba los límites de la Constitución

Análisis | El ministro De La Gasca elabora la teoría de la Constitución como chicle y Loffredo muestra alcances inquietantes

Debe ser un récord. Para acumular 19 demandas de inconstitucionalidad contra tan solo tres leyes (la de Solidaridad, la de Inteligencia, la de Integridad Pública, títulos engañosos dictados en este primer mes de legislatura para tocar las cuerdas sensibleras de la galería) hay que proponérselo y esforzarse. O ser un perfecto incompetente, claro. El hecho es que Daniel Noboa ha demostrado insospechadas habilidades en el ajedrez de la política y una visión global del tablero que no admite incompetencias. Por tanto, si sus leyes incurren en tal cantidad de inconstitucionalidades de forma y fondo no es (no puede ser) porque Carondelet y su equipo de asesores jurídicos la embarraron: es porque así lo han querido, es decir: las inconstitucionalidades de sus leyes son inconstitucionalidades voluntarias, conseguidas a pulso. Este es el punto en el que corresponde exclamar: ¡ojalá fueran incompetentes!

Las inconstitucionalidades de los proyecto del Gobierno

  • Inconstitucionalidades de forma: leyes que violan el principio elemental de la unidad de materia; procedimientos que escamotean el debate y que el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, aplicó orgullosísimo de su propia ignorancia, porque haber puesto al frente del Legislativo a un bienmandado que lo ignora todo, pero absolutamente todo sobre legislación, es parte de la estrategia. 

  • Inconstitucionalidades de fondo: indultos “diferidos” para los integrantes de las fuerzas del orden, eufemismo para significar que serán perdonados cometan la barbaridad que cometan; conformación de un espacio extrajudicial en el cual los derechos a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, entre otros, quedan en suspenso; creación de un régimen especial y expedito para nombrar jueces a dedo y echar abajo el principio de estabilidad de los servidores judiciales, que equivale a echar abajo la independencia de la Función Judicial…
NIELS OLSEN ASAMBLEA NACIONAL
La Asamblea presidida por Niels Olsen ha aprobado las leyes enviadas por el presidente Daniel Noboa.CORTESÍA: ASAMBLEA NACIONAL

El Gobierno estira la teoría de la Constitución como chicle

Ninguna de estas barbaridades debería pasar el filtro de la Corte Constitucional, y Carondelet lo sabe. Para Niels Olsen se trata de “dar al Ejecutivo las herramientas que necesita”, es decir, las que pide: él no se detiene a examinarlas, simplemente cumple instrucciones. No es deliberante, lo cual resulta poco menos que escandaloso para un presidente de la Asamblea. Para el ministro de Gobierno José De la Gasca, en cambio, se trata de “tomar esa temperatura a la Asamblea Nacional para saber si está a la altura del desafío y si la estructura constitucional no aguanta”. Es decir: las inconstitucionalidades de forma y de fondo de sus proyectos de ley son globos de ensayo para saber hasta dónde pueden estirar las sábanas. Si no lo suficiente, es decir, si la Constitución “no aguanta”, entonces habrá que reformarla. No se trata precisamente de convocar una asamblea constituyente: ese proyecto está parqueado por el momento, acaso por el temor de no obtener en ella la mayoría necesaria.

Poner a prueba la Constitución, estirarla como si fuera un chicle… Quizás para cuando la Corte Constitucional reaccione (que suele tomarse su tiempo para hacerlo) ya sea demasiado tarde: para entonces estas leyes estarán vigentes, la emergencia del sistema judicial que permite la contratación de jueces a dedo sin garantía de estabilidad estará en marcha; el conflicto armado interno cuya declaratoria depende ahora de la voluntad exclusiva del presidente de la República se hallará (se halla ya) en pleno desarrollo; los mecanismos de espionaje político desplegados con el pretexto de la guerra contra el crimen organizado estarán en ejecución… Y la narrativa que justificará todo eso será ya parte del discurso hegemónico del debate público. “Tenemos que caminar al ritmo de las leyes”, ha dicho José De La Gasca: exactamente al revés de como debiera ocurrir en una sociedad democrática racionalmente constituida, donde son las leyes las que evolucionan al ritmo de las sociedades.

La Corte Constitucional, en la mira del Gobierno

Basta oír las últimas declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, para perder el aliento. Para entender que la ruta elegida por el gobierno conduce a la pérdida total de las libertades ciudadanas. Él también habla de darle al Ejecutivo “las herramientas que necesita para pelear esta guerra”, pero no se limita a la Asamblea, sino que implica también a la Corte Constitucional, de la que espera la aprobación de todas las inconstitucionalidades contenidas en las nuevas leyes.

“Nos pareciera que los únicos que estamos en guerra somos los miembros del bloque de seguridad. No, ya hay que hacer conciencia. Esta es una guerra y necesitamos las herramientas para pelearla”, dice Loffredo. Está claro que si la Corte Constitucional cumple con su deber y detiene los excesos y los atropellos a la Constitución contenidos en las nuevas leyes, será acusada de complicidad con los grupos de delincuencia organizada. Y esa supuesta complicidad facultará a los organismos de Inteligencia a mantenerlos bajo control y espionaje. Y lo mismo se puede decir de todo político, todo periodista, todo ciudadano que se oponga a este nuevo orden político que consiste en hacer de la Constitución un chicle.

“Usen sus armas -dijo Loffredo dirigiéndose a las fuerzas del orden-, actúen de acuerdo a las nuevas reglas, tiene de lado el indulto”. Hay 16 militares que, en diciembre pasado, secuestraron, torturaron y abandonaron a merced de sus asesinos a cuatro niños de Guayaquil, que deben festejar estas palabras del ministro de Defensa como un triunfo. Militares a los que Loffredo encubrió mientras pudo sin que la Asamblea de mayoría oficialista, que revisó el caso, encontrara en ello ninguna responsabilidad de la que pedirle cuentas. Porque después del crimen de los niños de Las Malvinas no ha habido ninguna aceptación de responsabilidad de parte del Estado (bajo cuya custodia desaparecieron esos niños), ningún propósito de enmienda, todo lo contrario: esas cosas seguirán pasando, viene a decirnos Loffredo. Es parte del proceso de forzar la Constitución para ver hasta donde aguanta, explicaría el ministro De La Gasca. Quienes votaron por Noboa contra el autoritarismo de la otra candidatura, se están llevando una sorpresa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!