Nuevo reglamento de inteligencia: así planea Noboa blindar la seguridad del Estado
La normativa establece los principios, estructuras y procedimientos que regirán el Sistema Nacional de Inteligencia
El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el Reglamento General a la Ley Orgánica de Inteligencia, con el objetivo de fortalecer el marco legal que rige las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el país. La normativa, publicada en el Registro Oficial, establece los principios, estructuras y procedimientos que regirán el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia.
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El reglamento detalla la conformación del sistema, que estará liderado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entidad con rango ministerial encargada de coordinar los subsistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, análisis financiero, tributario, aduanero, penitenciario y otros que disponga el Ejecutivo.
Principios y control
La normativa se fundamenta en principios como la confidencialidad, legalidad, proporcionalidad, soberanía y eficiencia, y establece mecanismos de control interno y externo para garantizar el uso adecuado de la información. Además, se refuerza la protección del personal de inteligencia y se regulan los fondos especiales destinados a estas operaciones.
El reglamento faculta a la entidad rectora a solicitar información a entidades públicas, operadoras de telecomunicaciones y, en casos justificados, a personas naturales o jurídicas. También se establecen protocolos para la clasificación, desclasificación y custodia de documentos, con niveles de seguridad que van desde “reservado” hasta “secretísimo”.
Plan Nacional de Inteligencia
Uno de los ejes centrales del reglamento es la creación del Plan Nacional de Inteligencia, un instrumento estratégico de carácter secreto que orientará las acciones del sistema durante un período de cuatro años, con revisiones anuales. Este plan deberá identificar amenazas, riesgos y oportunidades que afecten la seguridad del Estado.
El decreto también introduce reformas a normativas anteriores, como el Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, y deroga disposiciones que se contraponen al nuevo marco legal. Entre ellas, se elimina el Decreto Ejecutivo 451 de noviembre de 2024.
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