Rafael Oyarte | Concurso o maquillaje

Cada cierto tiempo se habla de desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) pero, pasado el rato y cuando sus miembros se alinean al poder de turno, el tema se olvida. En 2007 la ciudadanía se tragó una rueda de molino: que con concursos manejados por el CPCCS, los cargos públicos más importantes quedaban en mano de la meritocracia, es decir, de las personas más capaces. Ello quería decir dos cosas: que el poder político, de modo generoso, iba a dejar en manos de la suerte nombramientos que podían caer en manos de gente que no coincida con la línea gubernamental y, en segundo término, que las condiciones de acceso estuviesen tan bien hechas que, efectivamente, el nombrado era el mejor para el cargo. Sobre lo primero: una cosa es pretender que el funcionario sea un mandadero del poder y, otra, que esté en la orilla contraria a la ideología (no a los deseos) del gobierno y de la mayoría parlamentaria. Así, si el gobierno es conservador no ha de querer jueces progresistas que ponen su ideología por sobre la constitución (activismo es la palabrita que se usa para justificar ese salto), y un gobierno progresista no ha de querer un juez conservador que le fuerce a someterse a la ley que desprecia, sin permitirle su propia dinámica. Sobre lo segundo: ¿qué mérito tiene coleccionar una serie de títulos huecos (peachedés y maestrías incluidos) que se ganaron por mera asistencia (si es que eso es una exigencia en estos días) y con una serie de cargos burocráticos previos, con gente que contesta cualquier examen mal hecho y peor calificado por las tales comisiones de selección?

Al final, la regla general, con sus honrosas excepciones, es que se nombra al ungido. Así tuvimos al fiscal por los ocho costados, la corte cervecera, la nacional genuflexa, y toda una serie de serviles al poder. Con esos concursetes, caros y malos, solo logramos que el que verdaderamente nombra no se haga responsable de la designación, los que, salvo honrosísimas excepciones, son un disuasivo a los mejores a participar que, además, como tienen éxito en su vida profesional, no andan buscando cargo público y tampoco quieren arriesgar su prestigio a ‘quedar mal parados’” porque ‘sacan mala nota’, menos en un proceso de garantías nulas. Como nos parecía mal que los nombramientos políticos los hagan los políticos, nos engañamos, tal ingenuos e incautos, creyendo que con un concurso los políticos no meterían mano en esto.