Llegó la hora de sacar a limpio los aciertos y errores. El presidente Lenín Moreno mantiene, desde la semana pasada, reuniones con cada uno de los integrantes de su gabinete. El objetivo: evaluar la actuación que tuvieron durante las protestas populares y tomar correctivos, si es que todavía es posible corregir algo.

Dentro del Gobierno reconocen que hubo desaciertos en varios frentes que, de haber sido manejados de manera distinta, pudieron evitar que las manifestaciones se produzcan o que, una vez ya instaladas, suban de tono al punto de convertirse en actos vandálicos.

La Inteligencia Militar y Policial “falló”. Ese es el diagnóstico que hace la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ante las pocas alertas que hubo previo a que estallara el descontento social. De esas pocas, ninguna reflejó la magnitud de lo que sucedió durante los 11 días de manifestaciones.

Ese fue uno de los primeros puntos en ser evaluados por el presidente con las autoridades policiales y militares, una vez que amainó las protestas encabezadas por las organizaciones indígenas. Romo ha explicado que no anunciará los correctivos, pero que sí se van a tomar.

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Por lo pronto, el mandatario cambió al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roque Moreira, y al comandante del Ejército, Javier Pérez, quienes fueron reemplazados por Luis Lara y Luis Altamirano, respectivamente.

La comunicación gubernamental es otra de las damnificadas de estas jornadas de protesta. “Fue desbordada y no hubo capacidad de respuesta del lado del Gobierno. La comunicación, así como la Inteligencia hay que reconstruir porque fueron desmanteladas. Estaban hechas a medida del anterior gobierno”, considera el analista político, Francisco Rocha.

El secretario de Comunicación de la Presidencia, Gabriel Arroba, reconoció a EXPRESO que esta instancia del Gobierno requiere mejoras, en medio de un mar de necesidades. Solo en lo económico reveló que la Secretaría contó con apenas $ 10.000 para enfrentar a una maquinaria de ataques y noticias falsas en redes sociales y plataformas digitales.

El lunes, el presidente Moreno aceptó la renuncia de Berenice Cordero al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). En su lugar fue posesionado Iván Granda que se venía desempeñando como secretario Anticorrupción de la Presidencia, entidad que fue creada a inicios de este año.

Este Diario conoció, extraoficialmente, que el MIES fue uno de los primeros en entrar en el análisis, porque pudo tener falencias a la hora de conectar el mensaje y las acciones de la Función Ejecutiva con los sectores más desprotegidos de las comunidades indígenas, pese a que esta cartera de Estado es una de las que más cobertura territorial posee.

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El secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, hizo ayer un mea culpa de los “desaciertos” que se pudieron cometer desde diferentes instancias del Gobierno y aumentó uno más a la lista: errores de valoración política a la hora de tomar algunas decisiones.

Sin embargo, señaló que la guerra de desinformación, los actos delictivos y vandálicos que se produjeron, sobre todo en Guayaquil y Quito, como el asalto e incendio del edificio de la Contraloría General, son cosas que nunca se habían visto. “Son muchos temas que no se habían valorado, porque no existían en el país”, señaló Roldán.

Cada uno de estos detalles se mantienen bajo el análisis del presidente y sus colaboradores más cercanos, por lo que no sería de extrañar más movimientos de piezas en el gabinete.

Los Detalles

Ratificada

Al igual que Granda, Catalina Andramuño obtuvo la confianza del presidente y pasó de ser encargada a titular del Ministerio de Salud Pública.

Expectativa

El movimiento indígena pide la salida de los ministros María Paula Romo y Oswaldo Jarrín. El presidente no se ha pronunciado al respecto.

Acercamiento

La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) acudió ayer al diálogo planteado desde el Gobierno.