El 27 de junio de 2013, el entonces presidente Rafael Correa declaraba inaugurado el Proyecto Multipropósito Baba, cuya ejecución había pasado por manos de tres empresas constructoras, la desaparecida Hidrolitoral y las brasileñas Odebrecht y OAS.

La obra, que genera electricidad y controla inundaciones en varias zonas de Los Ríos, al cabo de 7 años terminó costando al Estado cerca de $ 550 millones -el triple de lo que preveía el contrato original- y dejando una historia de faltas y omisiones que incluyen una trama de corrupción aún no esclarecida.

Al igual que los expedientes sobre Odebrecht, desde el año anterior la Fiscalía General del Estado tiene en indagación presuntos sobornos alrededor de la actuación de la compañía OAS en Ecuador.

Ese caso, que marcha a paso lento, investiga un pago de $ 9,1 millones que esa compañía habría entregado por una consultoría que nunca se hizo, por parte de una empresa ficticia. La información, salida de la delación de Alexander Portela Barbosa, exgerente de la contabilidad clandestina de la constructora, fue entregada por el entonces secretario Anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda, tras un viaje a Brasil, donde los altos directivos de OAS han confesado un entramado de corrupción internacional.

La filial de esa empresa en Ecuador desde mayo de 2018 tiene cancelado su permiso de operación en el país, según los registros de la Superintendencia de Compañías. Este Diario buscó un pronunciamiento del abogado Francisco Cevallos Ayala, quien figura como apoderado legal, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

La ejecución del proyecto Baba fue objeto de cuatro auditorías de la Contraloría entre 2006 y 2014. De esas acciones de control se estableció una glosa solidaria por $ 3’614.017,56, que se mantiene en firme, en contra de Cristóbal Punina, quien ejerció la gerencia general de Hidrolitoral entre 2008 y 2010 y firmó el contrato con OAS. Pese a que se emitió el respectivo título de crédito, el Estado no ha podido recuperar esos recursos.

Punina alega a EXPRESO que todo responde a una persecución política. “Por esa glosa, yo tengo medidas cautelares en mi contra, la prohibición de salida del país y de enajenar bienes. Estoy esperando que se me declare insolvente porque no tengo para pagar. No es justo que por haber sido leal a un proyecto político, en una glosa solidaria se libere a la una parte y a mí me dejen perjudicado”, argumenta el exfuncionario.

El desarrollo del proyecto hídrico también dejó un problema de mitigación aún sin resolver, que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), a través de su unidad de negocio Hidronación -ente que absorbió a Hidrolitoral- intenta solucionar.

La inundación de más de 1.000 hectáreas obligó al desplazamiento de 34 familias campesinas. A través de un plan compensatorio de reasentamiento, que implicó un costo de $ 6’811.517,64, se entregó una hectárea de tierra y una vivienda para cada una de ellas. Pero el proceso de legalización y entrega de las escrituras de los predios, que debió terminarse antes del cierre de la etapa constructiva, sigue inconcluso.

Celec EP, informó a EXPRESO que Hidronación asumió la gestión para la legalización definitiva de los terrenos y ofrece concluirla en diciembre de este año, pero no explicó los motivos del incumplimiento. La empresa pública contrató una asesoría jurídica para atender el caso.

Uno de los documentos de ese proceso de contratación subido al portal de Compras Públicas reseña que “hasta la fecha se ha concluido con el 14,7 % en cuanto la legalización de terrenos y entrega de escrituras, esto conlleva a un incumplimiento con el programa de reasentamientos y posibles observaciones por los entes de control y regulación”.

SUPERVISIÓN

La fiscalización de ejecución de la obra estuvo a cargo de Caminosca, firma que al inicio conformó un consorcio con la brasileña Leme Engenharia.

• Responsabilidades. Durante la gestión del contralor Carlos Pólit, tres informes con indicios de responsabilidad, dos de carácter civil (glosas) y uno penal, surgieron de un examen a los contratos realizados cuando OAS asumió la ejecución del proyecto.
• Resoluciones. Una de las glosas fue desvanecida por la Contraloría. El 22 de junio de 2012, la Fiscalía, a cargo de Galo Chiriboga, desestimó el informe de índole penal y desechó el caso.