Si Freddy Carrión violó el toque de queda del sábado 15 de mayo para acudir al departamento del exministro de Salud, Mauro Falconí, fue porque estaba en “el ejercicio de mis funciones como defensor del Pueblo”.

Ayer sábado 4 de septiembre de 2021, durante su juicio político por incumplimiento de sus funciones esbozó este argumento ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Dijo que acudió a esa reunión, en donde también estaba la novia de Falconí, ante las insistencias de este, quien le había ofrecido documentos sobre casos de corrupción del gobierno de Lenín Moreno.

Específicamente dijo que le daría el listado de los vacunados VIP, pistas sobre la supuesta pérdida de miles de vacunas para la COVID-19 y sobre un “amigo íntimo” del expresidente, quien dirigía el Servicio de Contratación Pública.

“Fui a atender una cita cuyo estricto fin era recibir una documentación”, dijo Carrión. Y acto seguido afirmó que su única culpa es haberse tomado dos copas de vino, tras cuya deglución perdió el conocimiento. “Fui el único que comí unas alitas. En ese momento no me pareció raro”, agregó.

112 días después de esa reunión, Carrión dijo que las piezas de esa “trampa” comienzan a unirse. Acusó a la exministra de Gobierno, María Paula Romo, de maquinar en su contra. Y aseguró que la fiscal Diana Salazar “forjó pruebas”.

Todo esto, según él, en retaliación por haber denunciado a Romo, a Oswaldo Jarrín, exministro de Defensa, y al presidente Moreno por un delito de lesa humanidad, que se desprende de la actuación de las fuerzas del orden en las protestas de octubre de 2019.

En la trama que presentó Carrión a la Comisión de Fiscalización, las sospechas no deberían dirigirse hacia él, sino hacia Falconí y su novia, quienes “no han sido investigados por enriquecimiento ilícito” luego de que la Policía encontrara $ 46.570 en el inmueble. “Ese es el meollo de este caso”.

Dijo que él no debería ser juzgado políticamente porque, además al estar en el ejercicio de sus funciones, como defensor del Pueblo goza de “fuero de corte e inmunidad”.

En su razonamiento, si la noche de ese sábado 15 de mayo terminó en una gresca fue porque le pusieron algo en los alimentos. Si decidió ir a ese departamento fue porque el exministro de Salud quería evitar las cámaras de vigilancia del edificio de la Defensoría.

Y si él aparece en los videos de las cámaras de vigilancia del edificio de Falconí jaloneando a su novia es porque la protegía. “Mi intención era calmarla. Yo impongo mi voluntad para sacar a la víctima del ascensor y calmarla”, dijo el defensor.

Aunque al principio de su relato recalcó que no recuerda nada después de las dos copas de vino, sí rememoró las razones por las que golpeó a Falconí. “Hay una respuesta de mí ante el puntapié que da Falconí a la presunta víctima”.

Dijo que el agresor fue Falconí y si hay una denuncia de abuso sexual en su contra es porque se trata de “un entramado para tratar de deslegitimar la actuación del defensor del Pueblo del Ecuador”.

Si alguien duda de su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres enumeró sus actuaciones. Dijo que apoyó la acción constitucional sobre al aborto con violación e impulsó acciones jurídicas en el Contencioso Electoral por violencia política en las elecciones, en las que supuestamente se cosificaba a la mujer.

En cuanto a pruebas, Carrión acompañó su presentación con videos, fotos de Twitter  y capturas de pantalla. En una de sus pruebas exhibió fotos del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y de una persona a quien identificó como su familiar. Otra imagen fue de un candidato de la Izquierda Democrática.

Según él, los poderes políticos decidieron repartirse los cargos de mayor jerarquía de la Defensoría del Pueblo.

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, le recordó a Carrión que la fiscal Salazar no es la investigada por los legisladores. Además, el miércoles pasado afirmó que no hay un plan en contra del funcionario. “No tiene ningún sentido hablar de una persecución”, dijo Salazar.

La Ley de la Función Legislativa establece que el interpelado hable hasta por tres horas. Ayer, hasta el cierre de esta edición la diligencia seguía.