La fórmula de los sentenciados para ocultarle dinero al Estado

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La fórmula de los sentenciados para ocultarle dinero al Estado

Transferencia de dominio y donación, parte de las vías para evadir la reparación. En el caso de Glas, un caso de alimentos impide tocar sus ingresos

Glas
Libertad. Jorge Glas salió de la cárcel el lunes gracias a un recurso concedido por un juez de Santo Domingo.RENÉ FRAGA

Para evitar que sus bienes, patrimonio o ingresos sean reclamados por el Estado en el pago de reparaciones integrales por actos de corrupción, algunos sentenciados han acudido a figuras legales que les amparan.

Entre las más utilizadas están: transferencia de dominio, compra-venta o donación. Otros incluso han apelado a demandas de alimentos, con lo que se privilegia el interés superior del menor.

Y esa fue la alternativa que llevó a Cinthia Díaz, esposa del exvicepresidente Jorge Glas, a presentar un juicio de alimentos en su contra en octubre de 2018, un año después de que él se entregó a las autoridades.

Y con Glas preso en esos momentos, la justicia falló en su favor. La decisión fue aceptar la demanda y aprobar el pago de 4.057,50 dólares más beneficios en favor de sus dos hijos.

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Esos fondos eran retenidos por la Secretaría General de la Presidencia. Sin embargo, según el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), Glas adeuda las pensiones de sus hijos desde septiembre de 2020. Hasta ese momento él cancelaba el monto a la cuenta de su esposa, pues estaba cumpliendo sus condenas en la cárcel. Pero con la vigencia de la Ley Humanitaria se reformó la norma y se le retiró la pensión por tener sentencias por corrupción. Según el SUPA de la Función Judicial, desde septiembre de 2020 esos pagos no se han ejecutado.

Su hermano Heriberto Glas señala que el exvicepresidente no tiene dinero, tiene que operarse el cuello de forma urgente y no dispone de recursos.

La Procuraduría intenta ejecutar la reparación. A través de su Unidad de Recuperación de Activos ubicó dos departamentos de Glas en Quito y Tonsupa, Esmeraldas, un parqueadero y una bodega, que están embargados para cobrar más de cinco millones en dos casos de corrupción.

En el caso de Rafael Correa, sentenciado por cohecho agravado en el proceso Sobornos 2012- 2016, la vía escogida fue la donación de su casa de Monteserrín, norte de Quito, a su hijo menor de edad. El traspaso se solicitó el 18 de junio del 2018 en Bélgica a través del consulado.

Coincidió con el cierre del expediente por el presunto secuestro del activista y político Fernando Balda en el que fue vinculado. En esos días su entonces defensor, Caupolicán Ochoa, había señalado que correspondía a la vida privada de Correa.

En ambos casos, las vías escogidas fueron legales porque ninguno de los dos tenía condenas en firme. Roberto Calderón, analista jurídico y político, opina que una forma de evitar que se pongan los bienes en nombre de terceros sería que se dicte un embargo preventivo de bienes y bloqueo de cuentas para los funcionarios públicos investigados por corrupción.

Además cree que debe reformarse el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de tal manera que los beneficios penitenciarios solo puedan otorgarse si es que el sentenciado ha cancelado al menos el 50 % del valor de la reparación integral.

En el caso de Glas, fue liberado y dejó pendiente el cumplimiento del pago de las reparaciones integrales.

El jurista Cristóbal Buendía señala que casi siempre las personas se declaran en insolvencia o en alguna interdicción para no cumplir con las reparaciones, que están vinculadas al Estado en delitos de administración pública o contra las víctimas por las lesiones que se puedan causar. “Los jueces poco o nada hacen para hacer cumplir la sentencia que ordena la reparación integral”, sostiene.

El penalista Paúl Ocaña agrega otras alternativas para evitar los pagos: si el bien está en patrimonio familiar o en un fideicomiso, hay que tomar en cuenta además la prelación de créditos en su orden: alimentos, deudas laborales o deudas con el IESS.

El exjuez Luis Fernández considera que otra vía para evadir el pago de las reparaciones es sólo cumplir el 60 % de la pena, ya que la ley no prevé que sigan detenidos si no pagan la multa y los daños y perjuicios. “Esto sucede porque en nuestra Constitución no hay cárcel por deudas. Tendríamos que cambiar la ley para recuperar los dineros saqueados al país”, concluye.

Según cifras de la Procuraduría, han sido recuperados 10 de 108 millones de dólares en reparaciones integrales por corrupción

El detalle. 

Excarcelación. Por segunda ocasión en lo que va del año, el exvicepresidente Jorge Glas se benefició de una acción de protección que lo sacó de la cárcel.