Una estrategia que se repite, aunque con resultados no siempre alentadores. El Gobierno volvió a apostar por las uniones público-privadas para enfrentar los temas álgidos que vive el país. Esta vez, para intentar encontrar una solución a la frecuente presencia de flotas pesqueras chinas en el límite de la Zona Económica Exclusiva Insular.

Convocó a activistas ambientales como Roque Sevilla y Yolanda Kakabadse y los juntó con el canciller Luis Gallegos; el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; y el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Wray. Ese equipo tiene la misión de generar parámetros de protección de la reserva marina del archipiélago, que es amenazada cada año.

El equipo empezó a trabajar y, según Sevilla, ya están repartidas las tareas que cumplirá la parte pública y la privada. “La una es la diplomática, que estará a cargo de la Cancillería y va a establecer contacto con los gobiernos de Chile, Perú y Colombia para convocar a una reunión de los países del Pacífico sur. Con Yolanda, estamos tratando de avanzar en la propuesta de crear la nueva reserva extensión de la de Galápagos hacia Cocos, conjuntamente con Costa Rica”, le dijo Sevilla a EXPRESO.

Esta no es la primera vez que el Ejecutivo acude a esa fórmula. De hecho, se inauguró en junio de 2017, conformando el Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en la que mezcló a ciudadanos como Pablo Dávila, Javier Zavala, Pablo Venegas, Larissa Marangoni y Tatiana Hidrovo con sus entonces ministros María Fernanda Espinosa, Rosanna Alvarado y Andrés Mideros.

En el papel, este frente tendría autonomía y capacidad de establecer coordinación y normativa para las entidades estatales, lo que en el futuro permitiría luchar contra la corrupción, algo que durante la pandemia quedó en evidencia que nunca se concretó.

Ni siquiera la educación en valores para escuelas y colegios, y en ética en las universidades, ha podido ser implementada, casi tres años después de haber sido propuesta por el frente como una de sus sugerencias.

En esta suerte de compartir responsabilidades o generar la sensación de participación incluso se llegó a constituir, en mayo de 2019, una Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción (Ceicce), que contaría con el apoyo de las Naciones Unidas. Sin embargo, hasta antes de la pandemia de COVID-19 esta no se había reunido ni una sola vez.

El gobierno asignó un millón de dólares como capital de arranque para el funcionamiento de la Ceicce, pero el 13 de mayo pasado el exsecretario Anticorrupción José de La Gasca dijo ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, por ejemplo, que las condiciones económicas que se les ofreció a los cinco comisionados extranjeros que integran esta instancia son “irrealizables” en la situación actual.

La más reciente propuesta de que el sector privado asuma competencias en las que el Ejecutivo tiene mayor campo de acción llegó con la Ley Humanitaria, que envió el presidente al Legislativo a mediados de abril pasado, para hacer frente a la crisis económica y social que va dejando el coronavirus.

El gobierno proponía la creación de una Cuenta Especial de Asistencia Humanitaria que, según los cálculos oficiales, recaudaría unos $ 1.200 millones “para sostener el empleo y fomentar actividades productivas”.

Para vigilar este fondo, el presidente pretendía nombrar a cinco miembros de la sociedad civil, que conformarían un consejo consultivo de observación de la cuenta. Si bien estos no recibirían un sueldo, sí les proporcionarían viáticos, decía la propuesta. Esa iniciativa quedó totalmente descartada en la ley aprobada por los asambleístas.

Según Roque Sevilla, el anuncio del canciller Gallegos de que China aceptó una negociación sobre la pesca a gran escala, y una suspensión de las actividades por tres meses, no detendrá la línea que se trazó el equipo público-privado conformado por el gobierno.

Con respecto a la cordillera que une las islas de Cocos con Galápagos, la parte privada está avanzando a buen ritmo en las conversaciones con Costa Rica y “se esperan buenas noticias dentro de pocos días”, señaló el activista ambiental.

Y en lo relacionado a la cordillera de Carnegie, el trabajo de mapeo está a cargo de la Armada del Ecuador y resta por explorar un 24 % de esta formación montañosa marina para completar el estudio internacional.