La fiscal Diana Salazar solicitó la prisión preventiva del exministro de Minería Javier Córdova quien recibió cargos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El pedido se dio durante la audiencia virtual de formulación de cargos convocada por el juez de la Corte Nacional de Justicia Marco Rodríguez para este miércoles 10 de enero de 2024.

La diligencia se instaló en el tercer intento y tras la negativa del juez de conceder el diferimiento que requirió Córdova debido a la ausencia de su defensor Édgar Molina, quien se conectó luego de instalada la audiencia.

La fiscal presentó 65 elementos de convicción para señalar a Córdova como posible autor directo del delito atribuido al exfuncionario quien en la investigación reportó domicilios en Medellín, Colombia y en Miami, Estados Unidos. Lea además: "Por simulacro se suspende la audiencia preparatoria para el exministro Xavier Vera"

La fiscal dijo que en el periodo investigado fue designado ministro del Interior subrogante, ministro de Recursos No Renovables Minas y de Minería, cargos ocupados entre 2012 y 2018. Afirmó que en ese tiempo habría existido un incremento injustificado de su patrimonio por alrededor de 1.2 millones.

Uno de los elementos presentados por la fiscal fue un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal que habría concluido pagos de valores efectuados por terceras personas sin justificación, compra venta de motos efectuadas por terceras personas o pagos de tarjetas también por medio de terceras personas sin relación alguna.

En el informe con indicios de responsabilidad de las declaraciones juradas del exfuncionario se concluye, según la fiscal, que se establecieron depósitos adicionales a las remuneraciones, habló de compras de departamentos, inversiones a plazo fijo, falta de justificación de los recursos para la compra de vehículos, entre otras cosas. La fiscal concluyó que existe una diferencia de 809.000 dólares que no se sabe de donde salieron para los pagos. “Hemos visto como se ha enriquecido Javier Córdova en el ejercicio de la función pública”, afirmó. Por eso presume la existencia de un enriquecimiento patrimonial injustificado.

Para pedir la prisión argumentó que Córdova tiene su domicilio en Medellín y Miami y una pena no se cumple desde otro país ni desde consulados. Para ella las medidas alternativas no constituyen garantía y hay prófugos de la justicia que no han venido a responder por los actos por los que han sido sentenciados. Por eso consideró que la prisión preventiva es necesaria y pidió que se emita la orden de localización y captura internacional.

Édgar Molina defensor de Córdova dijo que el informe de la Contraloría está caducado porque fue elaborado en febrero de 2018 y no se emitió en los 180 días que tiene la Contraloría para emitir el pronunciamiento final pero se dio después de 265 días. Añadió también que un perito señaló la duplicidad en los montos y no hubo conciliación de cuentas.

También le dijo al juez que la Fiscalía inició la investigación después de que dejó de ser funcionario público y se dedicó a su profesión. Sobre los domicilios informó que Córdova reside en Miami y trabaja para una compañía transnacional minera. Por eso pidió que no dicte la prisión y se acepte que se presente en el Consulado en Miami. 

Córdova dijo que presentará las pruebas de que no hay delito y que se encontraba en Medellín porque viaja constantemente por cuestiones de trabajo. "No voy a rehuir al proceso", ofreció. Le pidió al juez que no dicte la prisión porque perdería el trabajo en Estados Unidos. Al momento hay un receso de la audiencia que sigue en la Corte.

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