El alcalde de Quito, Jorge Yunda, tuvo conocimiento, en todo momento, del proceso de contratación de las 100.000 pruebas para detectar COVID-19, adquiridas con posible sobreprecio durante la emergencia sanitaria de 2020.

Lo aseguró el fiscal de Pichincha Alberto Santillán en la audiencia preparatoria de juicio por posible peculado que se desarrolló en abril en la Corte de Pichincha, a cargo de su titular Wladimir Jhaya.

Yunda fue acusado como presunto autor mediato por dominio de la voluntad en aparatos de poder en el delito.

Y para probar su acusación el próximo 29 de septiembre, día del inicio del juicio para Yunda y otras 13 personas, la Fiscalía buscará demostrar que el alcalde preparó las condiciones esenciales para que el exsecretario de Salud, Lenin Mantilla, suscriba el contrato con la empresa Salumed por 4’226.880 dólares para la compra de reactivos PCR-polimerasa, al eliminar los techos máximos de contratación establecidos con anterioridad para las entidades públicas cuyo monto era 2,9 millones de dólares.

Habrá más pruebas en contra del alcalde. Son al menos 12. Entre ellas las resoluciones a través de las cuales se habría dispuesto la obligatoriedad de que se comuniquen todos los pormenores de la contratación.

La Fiscalía acusó al alcalde que, mediante comunicación directa con la entonces secretaria de Salud, Ximena Abarca, y la coordinadora técnica de Salud, Linda Guamán, conoció que las pruebas entregadas por Salumed no eran PCR-Polimerasa sino RT Lamp y que no habrían cumplido con las especificaciones técnicas del contrato.

Ante esa circunstancia Yunda habría, según la Fiscalía, dispuesto dos instrucciones claras que marcaron el proceso de contratación.

La Fiscalía asegura que la primera era que las pruebas Isopollo COVID-19 de la marca Monitor sean validadas buscando distintos laboratorios públicos y privados. Con ellos se habría querido convencer que eran idóneas para su aplicación en la pandemia. Eso pese a que conocía que existían dos informes de la Secretaría de Salud de México y de la Udla que demostraban que la sensibilidad de los kits que recibió el Municipio no era la que se necesitaba para la detección del virus.

La segunda instrucción habría sido para la nueva secretaria de Salud. “Estimada doctora, hablé con Linda y quedamos en aceptar los argumentos y darle uso a estas pruebas”, habría señalado Yunda a Ximena Abarca ante la decisión de la terminación unilateral por incumplimiento del contrato con Salumed.

Con esa instrucción Abarca habría resuelto concluir el contrato por mutuo acuerdo y no unilateralmente, como lo habría resuelto al inicio.

El 29 de septiembre, además de Yunda, serán juzgados Lenin Mantilla y Juan Vinelli como posibles autores directos. Felipe Rodríguez, defensor de Vinelli, cree que “no hay forma posible de que en ese caso exista condena, a excepción de si la interferencia política logra ensuciar la prueba judicial”.

Hay además 11 sospechosos de ser posibles coautores. Entre ellos Ximena Abarca y Linda Guamán.

Nicolás Salas, defensor de Abarca, dijo que la mayoría de pruebas que presentará la Fiscalía le servirán para demostrar que su cliente no ha participado en la infracción y que ha sido algo irracional procesarla por posible peculado.

Citó, por ejemplo, un peritaje de un experto contratado por la Fiscalía que determina que el informe de la Udla habría sido realizado de manera inadecuada y otro peritaje que señaló que no había sobreprecio en las pruebas. La audiencia de juicio se realizará en el auditorio del Complejo Judicial Norte por la cantidad de procesados y testigos convocados.

Anomalías

Contrato en emergencia sanitaria

En abril de 2020, durante la emergencia sanitaria por el coronavirus la Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito contrató la compra de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19 por Polimerasa con Salumed. El monto fue de 4,2 millones de dólares.

Según los indicios recopilados por la Fiscalía lo que se recibió fueron pruebas de diagnóstico RT Lamp, con capacidad de detección del virus menor que la del contrato.

Además, Salumed habría sido escogida a pesar de que existían otras propuestas que ofrecían cubrir los requerimientos de Salud, en el marco de la emergencia sanitaria.

El detalle.

Denuncia. El alcalde Jorge Yunda fue denunciado también por posible delincuencia organizada.