Se vive un nuevo capítulo de las tensas relaciones que viven el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS y la Fiscalía. Este último organismo abrió una investigación previa en contra de los siete consejeros de Participación por presunto ataque a la integridad de sistemas informáticos, falsificación informática y destrucción de registros. El expediente fue notificado a los consejeros el pasado 19 de mayo. 

La Fiscalía pidió información al Consejo sobre el concurso realizado entre 2018 y 2019 en el que se designó a Diana Salazar como fiscal y denunció “lo que al parecer es un intento de alterar o borrar los archivos y documentos que respaldan el concurso de designación” llevado a cabo por el CPCCS de transición. Ahora el Consejo de participación apunta su mirada al proceso de la designación del fiscal subrogante Wilson Toainga.

El Consejo resolvió el pasado martes 30 de mayo oficiar al Consejo de la Judicatura para que responda a un ciudadano si es que esa entidad ha designado al fiscal subrogante. Quien está interesado en conocer esa información es Manuel Pérez Rendón, según figura en el oficio remitido a Participación el pasado 24 de mayo. El ciudadano aparece como consultor y activista político. 

En un comunicado la Fiscalía hizo algunas precisiones. Señaló que el Consejo de Participación Transitorio nombró a Toainga como fiscal subrogante. Precisa que ese nombramiento se dio con base en el artículo 49 del Mandato de Designación en el que se señala que "se designará como fiscal subrogante a quien ostenta el más alto puntaje y categoría de la carrera fiscal, conforme al informe que emita el Consejo de la Judicatura". 

La Fiscalía concluye que es evidente que la designación de la autoridad subrogante de la Fiscalía que cumple funciones actualmente, "no le correspondía al Consejo de la Judicatura. Con esta aclaración, esta institución hace un llamado al actual CPCCS para que actúe conforme dicta la Constitución y la norma".

El penalista Felipe Rodríguez señala que Participación sí puede solicitar información a las entidades pero no pueden pedir información bancaria. Eso solo puede hacer Fiscalía. Sobre la convocatoria a autoridades como el ministro del Interior Juan Zapata y la fiscal Diana Salazar (citada para este viernes) indicó que el Consejo no tiene esa facultad y los funcionarios no están obligados a comparecer.

Mientras que el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha Paúl Ocaña señala que la normativa le permite al Consejo a convocar a autoridades a audiencias públicas pero que la decisión es de cada uno de los convocados. 

Por su parte el abogado Roberto Calderón reiteró que la participación ciudadana debe ser entendida únicamente dentro del marco constitucional y de la Ley que la regula. "En ninguna, consta la facultad de controlar, sancionar o destituir a un Fiscal General del Estado. Esa facultad está reservada para quien realiza control político, como la Asamblea Nacional", dijo. Sobre su convocatoria para este viernes al CPCCS a la fiscal Salazar consideró que no está obligada a comparecer en vista que no existe disposición legal que le obligue o consecuencia si no asiste. 

Añadió que las veedurías ciudadanas sobre el desempeño de autoridades se refiere al ejercicio de sus funciones y "el tema de un supuesto plagio de una tesis no tiene que ver con la forma que ejerce su cargo, sino un asunto de su designación a cargo de otros funcionarios (EX CPCCS).