Inocente. Será el siguiente paso luego que la Fiscalía se abstuvo de acusar a la exasambleísta correísta Sofía Espín investigada inicialmente por presunta oferta de tráfico de influencias y luego por fraude procesal en el grado de tentativa. 

El dictamen abstentivo que beneficia también a Yadira Cadena, del estudio jurídico de Caupolicán Ochoa fue remitido la mañana de este jueves 5 de diciembre y a pocos días de que se cumpla un año de la formulación de cargos efectuada por la exfiscal subrogante y actual vocal del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno, por ausencia de la exfiscal Ruth Palacios. 

El día de la audiencia, cumplida el 27 de diciembre de 2018, Barreno expuso que en la casa de Confianza Chillogallo en donde se encuentra privada de la libertad Diana Falcón Querido, sentenciada por la tentativa de plagio del activista Fernando Balda habían llegado el 24 de septiembre del 2018, a las 08:30, dos personas: la asambleísta Espín y Yadira Cadena, parte del bufete de abogados de Caupolicán Ochoa, defensor de Rafael Correa. 

Ellas no estaban en la lista de personas autorizadas como visitas. Durante su encuentro, según relató Falcón en su testimonio anticipado ambas le habrían solicitado ayuda para "acabar con la persecución que estaba siendo el expresidente Rafael Correa". 

Espín y Cadena habrían pedido que se retracte de su afirmación de que el expresidente estuvo al tanto de la acción que se cumplía en Colombia para traer al país al activista que tenía un proceso judicial pendiente. 

A cambio recibiría asistencia técnica de un abogado de del estudio jurídico de Ochoa. También le habrían ofrecido tramitar su asilo político en Bélgica y ayuda de derechos humanos y la ONU. Pero ella, al día siguiente de la visita, debía cumplir con el pedido en el juicio que se llevaba en la Corte por el intento de plagio a Balda. 

Uno de los abogados denunció el hecho y la Fiscalía inició la investigación. Espín no compareció. Había abandonado el país antes de la formulación de cargos. Viajó a Bolivia en donde pidió refugio. 

La orden de prisión en su contra se mantuvo debido a su inasistencia a la presentación periódica que le dictó el juez Iván Saquicela. El 20 de marzo, otro fiscal subrogante, Edmundo Briones reformuló los cargos.

El delito investigado fue fraude procesal. La instrucción concluyó con un pedido de audiencia de formulación de cargos que nunca se instaló. La última providencia en ese caso es de agosto pasado.

Razonamiento de la fiscal

En un comunicado se recogió el razonamiento de la fiscal Diana Salazar quien señaló que, “a diferencia de otros casos, en este no hubo un enfoque técnico-jurídico adecuado, por lo cual persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal”. 

Según el análisis la Fiscalía ha concluido que los hechos descritos en el proceso –iniciado con una investigación previa en septiembre de 2018– no se enmarcan en los lineamientos del tipo penal sancionado en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En su dictamen se señalaría que la visita de las procesadas "no constituye por sí sola delito de fraude procesal, en tanto dichas pretensiones no fueron acogidas por Falcón, quien, al contrario, las evidenció públicamente".