Política

Ni audiencia ni dictamen en caso de exasambleísta Espín

La exlegisladora fue indagada por oferta de tráfico de influencias. Luego por tentativa de fraude procesal. 

Destitución de Sofía Espín
Destitución. El 13 de noviembre de 2018, con 94 votos la Asamblea destituía a la legisladora Sofía Espín.angelo chamba / expreso

Paralizado. Así permanece el caso abierto en contra de la exasambleísta correísta Sofía Espín y de Yadira Cadena, una de las abogadas del expresidente Rafael Correa por presunta tentativa de fraude procesal.

El próximo 27 de diciembre se cumple un año de la formulación de cargos para ambas en un expediente abierto inicialmente por oferta de tráfico de influencias y reformulado a tentativa de fraude procesal.

El de Espín es uno de los que no se ha resuelto en la Corte en donde hasta el momento no se ha convocado a la audiencia preparatoria de juicio. En la diligencia la Fiscalía debe emitir su dictamen abstentivo, mixto o acusatorio.

Hasta el momento lo único cierto del caso es que Sofía Espín se encuentra en México a donde se desplazó tras la crisis desatada en Bolivia y la salida de Evo Morales del poder. Ese país ya había dado refugio al excanciller Ricardo Patiño llamado a juicio por supuesta instigación y Carlos Ochoa, exsuperintendente de Comunicación llamado a juicio por presunto fraude procesal.

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La formulación de cargos estuvo a cargo de la exfiscal subrogante y actual vocal del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno, por ausencia de la exfiscal Ruth Palacios.

Barreno relató al juez Iván Saquicela que en la casa de Confianza Chillogallo en donde se encontraba privada de la libertad Diana Falcón por la tentativa de plagio del activista Fernando Balda, habían llegado el 24 de septiembre del 2018, a las 08:30, dos personas: Espín y Cadena. Ellas no estaban en la lista de visitas.

Durante su encuentro, según relató Falcón en su testimonio anticipado, ambas le habrían solicitado que se retracte de su declaración en la que mencionó que el expresidente estuvo al tanto de la acción que se cumplía en Colombia para traer al país a Balda.

A cambio recibiría asistencia técnica de un abogado del estudio jurídico de Ochoa. También le habrían ofrecido tramitar su asilo político en Bélgica y ayuda de derechos humanos y la ONU. Pero ella, al día siguiente de la visita, debía cumplir con el pedido en la audiencia programada para ese día en la Corte.

Tres meses después el fiscal subrogante Edmundo Briones cambió el delito a fraude procesal en una reformulación cumplida el 20 de marzo de 2019.

La instrucción concluyó con un pedido de audiencia preparatoria de juicio que nunca se instaló por distintas circunstancias. Una de ellas fue por pedido de la entonces delegada de la Procuraduría que pidió a la Corte no agendar la diligencia en julio porque estaría fuera del país.

El de Espín no es el único caso congelado. Los procesos seguidos en contra de la exasambleísta Norma Vallejo y de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña también están en veremos.

El de Vallejo tenía listas las fechas para el juicio. La exlegisladora debía ser juzgada por supuesta concusión en el cobro de ‘diezmos’ a sus colaboradores entre el 25 y 27 de septiembre. Pidió diferimiento por problemas de salud.

“Mi estado psíquico- como he demostrado con los certificados ya agregados al expediente-no es el que se requiere para enfrentar a semana seguida: audiencia de juzgamiento y cirugía de tumor maligno de mama”, justificó ante el tribunal. Casi tres meses después no se ha fijado nueva fecha.

En el caso de Vicuña situaciones de salud de la procesada motivaron la suspensión del juicio que debía instalarse el lunes en la Corte.

El tribunal aceptó el pedido de diferimiento de la diligencia. Vicuña adjuntó un certificado médico en el que se señala que la exfuncionaria presenta un cuadro clínico que refleja un inminente peligro a su salud que hace necesaria una gastrectomía subtotal más cirugía antirreflujo esofágico que había sido programada para el mismo día de la audiencia.

El tribunal aceptó la solicitud con el objeto de precautelar el derecho a la salud de la exvicepresidenta.

En los dos casos, el de Vallejo y el de Vicuña la acusación es el presunto delito de concusión. La acusación para ambas es haber supuestamente recibido aportes indebidos de sus excolaboradores quienes presentaron las denuncias.

Para las dos exfuncionarias se dictó la medida alternativa de presentación periódica ante jueces de Quito y de Guayaquil.

En contra de Vicuña también existe una demanda de lesividad presentada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) cuya audiencia preliminar será el 29 de abril de 2020, a las 09:00, en la Corte de Guayas.

  • Medidas

Prisión y presentación periódica

Inicialmente la exasambleísta correísta Sofía Espín recibió la medida alternativa de presentarse en la Corte.

Sin embargo, el incumplimiento de la disposición motivó a que el juez del caso ordene su prisión preventiva.

En cambio, para Yadira Cadena quien según la exagente Diana Falcón se había presentado como integrante del estudio jurídico de Caupolicán Ochoa, se mantuvo la presentación periódica que cumple hasta la actualidad.