Fiscal Diana Salazar: en la mira del crimen organizado y del correísmo
Casos como Metástasis revelaron la infiltración del narco en el Estado
La fiscal general del Estado saliente, Diana Salazar Méndez, se consolidó como una figura clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Ecuador. Sin embargo, su labor también la expuso al desgaste político ya amenazas de muerte.
Amenazas directas a su vida y familia
El 1 de junio de 2023, Salazar recibió un video amenazante vía WhatsApp, en el que un grupo de hombres encapuchados y armados la intimidaba con frases como: “Si no te vas por las buenas, te vas por las malas”. Uno de ellos incluso amenazó con hacerle daño a su hija antes de atentar contra su vida.
El mensaje provenía de un número con prefijo de Ucrania. Las autoridades rastrearon su origen hasta Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de la banda Los Lobos, responsable también de la logística del asesinato estilo sicariato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.
En una entrevista, Salazar afirmó que conocía que el asesinato de Villavicencio formaba parte de un plan más amplio, en el cual ella también era un objetivo.
Persecución del correísmo
El correísmo siempre buscó la salida de Diana Salazar. La persecución a la fiscal general se desplegó en varios frentes —político, mediático y judicial—, especialmente después de que lideró investigaciones que afectaron directamente a figuras del gobierno del expresidente Rafael Correa.
El caso Sobornos fue el detonante. Fausto Jarrín, entonces abogado de Correa, fue uno de sus principales detractores. A partir de ese momento, comenzaron campañas de troles y desinformación, con ataques personales, muchos con tintes racistas y misóginos.
Salazar denunció públicamente la existencia de una estructura digital coordinada, vinculada a sectores del correísmo y del crimen organizado, destinada a socavar su credibilidad. Y la Corte Nacional de Justicia, tras ver que hay elementos, pidió que se investigue.
El acoso también fue protagonizado por Priscila Schettini (esposa de Freddy Carrión, sentenciado por violencia sexual) y Angélica Porras, quienes alegaron que Salazar plagió el 40 % de su tesis. Sin embargo, ambas fueron condenadas por violencia política de género, debido a las campañas coordinadas de desprestigio que orquestaron.
Investigaciones de alto perfil
- Caso Sobornos 2012–2016
Reveló una red de corrupción en la que empresas —incluida Odebrecht— financiaban ilegalmente a Alianza PAIS a cambio de contratos públicos. Condujo a la condena de Rafael Correa y otros 15 exfuncionarios a ocho años de prisión por cohecho.
- Casos Metástasis, Purga y Plaga
Investigaciones que expusieron la infiltración del narcotráfico en la justicia ecuatoriana. En diciembre de 2023, se realizaron 97 allanamientos y se detuvo a 28 personas, incluidos jueces, fiscales, policías y funcionarios judiciales. Surgieron a raíz del asesinato del presunto lavador Leandro Norero en prisión. Ronny Aleaga, exsambleísta del correísmo, también resultó salpicado por sus contactos con Xavier Jordán.
- Caso Las Torres
Desmanteló una red de corrupción en la Contraloría General del Estado y Petroecuador, vinculada al excontralor Pablo Celi. El caso involucró pagos ilícitos a cambio de desvanecer glosas.
- Caso Reconstrucción de Manabí
Investigación sobre presunto peculado en el manejo de fondos para la reconstrucción tras el terremoto de 2016. En 2024, se formularon cargos contra el exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios.
- Caso Sinohydro
Involucra al expresidente Lenín Moreno y varios exfuncionarios en un presunto esquema de sobornos por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. La instrucción fiscal concluyó en julio de 2023.
- Casos de Diezmos
Legisladores fueron procesados por exigir pagos ilegales a sus colaboradores. Entre los sentenciados están María Alejandra Vicuña, Norma Vallejo, Karina Arteaga y Nivea Vélez.
- Caso Hospital de Pedernales
Investigación por el desvío de fondos destinados al hospital de Pedernales durante la pandemia. El exasambleísta Daniel Mendoza fue sentenciado a más de cuatro años por delincuencia organizada.
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