Actualidad

La fiscal acusa al secretario José de la Gasca de interferir en investigaciones de corrupción

Diana Salazar envió una carta de cuatro páginas en las sugiere analizar si es beneficiosa financiar la Secretaría que dirige José de la Gasca

Judicatura
La fiscal Diana Salazar (i) durante un acto cumplido en la Corte Nacional de Justicia.Cortesía

El 5 de mayo el secretario Anticorrupción del gobierno José de la Gasca anunciaba que ha implementado unidades anticorrupción emergentes para investigar de primera mano los actos de corrupción denunciados en los hospitales. Las ilegalidades tienen que ver con la adquisición con posible sobreprecio de mascarillas, guantes, insumos y bolsas de cadáveres durante la emergencia sanitaria por el coronavirus

policia

Los sobreprecios alcanzan al hospital de la Policía en Guayaquil

Leer más

Habló además de la participación en un operativo conjunto con la Fiscalía para investigar los hechos. De la Gasca señalaba que en el país “tenemos dos pandemias no solamente la del COVID-19 sino la de la corrupción”.

Pero, las actividades investigativas impulsadas desde esa Secretaría estarían interfiriendo con las que cumple la Fiscalía. En cuatro páginas de una carta enviada al presidente Lenín Moreno la fiscal Diana Salazar hace cuestionamientos. Primero la fiscal enfatiza que la Fiscalía ha habilitado todo el aparataje para que se inicien de oficio todas las investigaciones relacionadas con actos de corrupción derivados de la contratación pública en estado de excepción.

Luego cuestiona. Dice que las actividades investigativas se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría a los fiscales a cargo de las investigaciones y la información que se publica diariamente en redes sociales, sin ser sujetos procesales. “Este accionar causa preocupación, por cuanto, lejos de coadyuvar con la investigación penal alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencia, siendo necesario salvaguardar la investigación”, señala en la primera página de la misiva que envió con copia al ministro de Finanzas, al procurador, al contralor, al presidente del Consejo de Participación y a la secretaria jurídica de la Presidencia.

IMG_20200331_174844_826

María Paula Romo: “El mundo se tomará un tiempo antes de regresar a la normalidad”

Leer más

Salazar cita el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que determina la reserva de la investigación con excepción de los sujetos procesales. La funcionaria opina que es necesario revisar cuáles son las funciones y atribuciones de la Fiscalía y las de la Secretaría Anticorrupción. Cita también cuatro artículos de la Constitución, uno del Código Orgánico de la Función Judicial que determinan las atribuciones de la Fiscalía.

La funcionaria, quien fue directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) designada por Moreno, le insiste al presidente que las actuaciones gubernamentales deben permanecer al margen de las competencias que la Fiscalía General del Estado tiene por mandato constitucional. Para ella, “resulta preocupante las actuaciones que se han venido realizando” el secretario Anticorrupción “al emitir pronunciamientos en redes sociales que puedan poner en riesgo los operativos que la titular de la acción penal se encuentre gestionando, cuestión que, como se explicó anteriormente, le compete única y exclusivamente a Fiscalía”. Insiste que las actuaciones del funcionario representan una clara y evidente injerencia en la división de funciones.

Pero los cuestionamientos de la fiscal no se quedan en ese ámbito. La fiscal dice que, ante la política de austeridad implementada desde el ejecutivo, “es mi obligación, hacer notar a usted señor Presidente, que ya existen instituciones públicas creadas por la Constitución y la ley, que vienen combatiendo la corrupción de manera técnica y jurídica, cada una dentro del marco de sus competencias”. Cita al Consejo de Participación Ciudadana y a la Contraloría. Por último cree que el Ejecutivo debe analizar “si es beneficioso para el país, financiar a una institución pública, cuyas atribuciones ya se encuentran debidamente determinadas e implementadas por otras instituciones, como es el caso de la Fiscalía”.