La jueza Marcela Ortega, de la Unidad Judicial Valdivia (sur de Guayaquil), deberá agendar nuevamente la audiencia de revisión de medidas cautelares que estaba prevista, esta mañana, para 16 de los procesados en el denominado caso Emperador, que implica al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez.

La diligencia se suspendió inesperadamente ante una amenaza de bomba que recibió uno de los funcionarios de la Unidad, lo que hizo evacuar todo el edificio para que ingresen los expertos en explosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, informó en su cuenta de Twitter que se trató de una falsa alarma. El “escuadrón antibombas de la Policía del Ecuador realizó los operativos pertinentes y determinó que no hubo bomba en Complejo Judicial Valdivia. Se registró el sitio y evacuó oportunamente al personal que se encontraba laborando en el lugar”.

La autoridad provincial añadió que “se presume que esta amenaza estaría vinculada a la audiencia de Carlos Tuárez. Se ha dispuesto la investigación respectiva para dar con quienes estén detrás de esta amenaza”.

De momento se desconoce la nueva fecha para revisar la prisión preventiva que pesa en contra de los procesados que han solicitado el cambio de la medida; entre ellos, Renata Jalkh Roben, hermana del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.

Un total de 32 personas fueron procesadas en el caso, por el presunto delito de asociación ilícita por tráfico de influencias en instituciones públicas. Los investigados habrían sido parte de una supuesta red delictiva que ofrecía cargos públicos a cambio de altas cantidades de dinero, como la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) por cuyo puesto se pedía cuatro millones de dólares.