Expansión silenciosa de las disidencias en la frontera norte: alerta crece en Ecuador
La minería ilegal, el narcotráfico y la limitada capacidad estatal acomodan a los Comuneros del Sur
La compleja red del crimen organizado transnacional ha sumado un nuevo actor en la frontera norte de Ecuador: los Comuneros del Sur, una disidencia guerrillera colombiana vinculada históricamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su reciente aparición y avance en zonas limítrofes, especialmente en la provincia del Carchi, ha encendido alertas sobre la soberanía y la seguridad nacional.
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La presencia de esta estructura se suma a la de otros grupos armados que operan en la región, como el Frente Oliver Sinisterra y los Comandos de la Frontera, lo que evidencia un reacomodo del crimen organizado en un territorio que se ha vuelto estratégico por factores geográficos, económicos y políticos.
Uno de los elementos centrales que explican la creciente presión de estas organizaciones es el narcotráfico y el rol que Ecuador cumple dentro del mapa regional. “Ecuador está ubicado entre Perú y Colombia, los dos mayores productores de cocaína del mundo. Cuando las FARC firmaron el acuerdo de paz, ese grupo abandonó amplias zonas del sur de Colombia donde se cultivaba coca. Ese retiro generó un vacío de poder que fue aprovechado por otros actores: pandillas ecuatorianas y también carteles mexicanos, que son algunos de los más poderosos del mundo”, explica Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
La dolarización: factor clave para el aumento de la dolarización
A este factor se suma otro elemento clave: la dolarización. “La moneda facilita el lavado de dinero y las transacciones vinculadas al narcotráfico. Además, Ecuador cuenta con puertos estratégicos como los de Esmeraldas y Guayaquil, especialmente atractivos para las organizaciones criminales transnacionales”, agrega Vigil.
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Estas condiciones convierten al país en un corredor logístico ideal para el transporte de drogas y el blanqueo de capitales ilícitos. A la ecuación se incorpora el auge de la explotación ilegal de oro en la Amazonía (particularmente desde provincias como Orellana y Sucumbíos), que se ha consolidado como otra fuente de financiamiento para grupos armados.
El control de yacimientos y de operaciones extractivas deja ganancias millonarias, incluso superiores a las del narcotráfico en ciertas zonas. “La onza de oro ya superó los $4.000. Hoy es casi tan rentable ser un minero ilegal como participar en el narcotráfico. A eso súmale instituciones débiles y gobiernos poco fuertes. En Perú han tenido ocho presidentes en diez años. En Colombia está la inestabilidad política que ha generado la línea de Petro. Y en Ecuador se decretó el CANI (conflicto armado no internacional), pero eso lo que hace es militarizar aún más la zona”, advierte el analista internacional Esteban Santos.
La porosidad histórica de la frontera y la limitada capacidad estatal en zonas remotas han permitido que estos grupos crucen, se instalen temporalmente, recluten jóvenes (especialmente de 17 a 20 años) y establezcan campamentos de adiestramiento o puntos logísticos.
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Paula Chica, especialista en conflictos irregulares, sostiene que “cuando una disidencia está bajo presión militar en su país de origen, su primera salida natural es cruzar a la región fronteriza más cercana. Ecuador funciona como retaguardia logística temporal”.
La investigadora agrega que los Comuneros del Sur operan como un “grupo híbrido”, que combina rasgos de guerrilla residual con un modelo de economías criminales diversificadas, lo que aumenta su capacidad de adaptación y financiamiento.
Ecuador y Colombia mantienen intercambios de información, patrullajes coordinados y mecanismos de cooperación para enfrentar la amenaza transfronteriza. Sin embargo, los análisis advierten que la respuesta conjunta enfrenta tensiones y limitaciones.
“La política colombiana de diálogo con grupos armados ha generado vacíos que otros actores aprovechan para reacomodarse. Cuando el Estado colombiano negocia con una facción, las facciones no sometidas buscan ampliar su control. Eso impacta directamente a Ecuador”, señala Santos.
El especialista sostiene que aunque existe cooperación regional, esta resulta insuficiente frente al dinamismo del crimen organizado, que muta, se divide y se desplaza con rapidez. Se requiere un ataque más interconectado para lograr una mayor respuesta táctica.
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