El exdirector de Canal Uno es sentenciado a tres años de cárcel
Un grupo de trabajadores lo denunció por retener sus aportes al IESS
Marcel Antonie Rivas Sáenz, exdirector general de la compañía Relad, cuyo nombre comercial es Canal Uno, fue sentenciado a tres años de cárcel por el delito de retención ilegal de aportes a la Seguridad Social.
La sentencia fue emitida de forma oral el pasado 14 de febrero por el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil, cuyo juez ponente es Fernando Lalama Franco.
Para este miércoles 12 de marzo de 2025 está previsto que se realice la audiencia de suspensión condicional de la pena. Esto es un beneficio legal que fue solicitado por Rivas Sáenz con el propósito de no cumplir su condena en la cárcel. El Código Integral Penal, artículo 630, explica que la suspensión condicional de la pena se puede dar si una persona sentenciada cumple ciertos requisitos como: Que el delito no sea de gravedad extrema (una pena menor a cinco años de cárcel), que el sentenciado cumpla con las condiciones impuestas por el juez, que el sentenciado no sea reincidente.
¿Por qué fue sentenciado?
Según el expediente judicial, cuyo número de proceso es 09285-2020-00512, el caso contra Rivas comenzó con la denuncia de Jorge Sper Castro, un antiguo trabajador de Canal Uno. La víctima aseguró que laboró en la empresa de comunicación de 2009 a 2022, como reportero y presentador del noticiero.
En 2022, tras ser despedido de forma intempestiva, supo que la compañía no había cancelado 32 meses de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pese a haber sido descontados de sus remuneraciones mensuales.
“La falta de estas aportaciones por parte de la empresa denunciada me ha causado graves daños a mi salud y a mi patrimonio ya que cuando he recurrido por atención médica al hospital del IESS no he podido ser atendido (...) tampoco he podido acceder a un crédito quirografario ni hipotecario en el Banco del BIESS”, dijo la víctima. Otros siete extrabajadores, además de Sper, se presentaron como denunciantes.
Durante el juicio intervino Franklin Sánchez, en representación del IESS. Dijo que el Seguro Social era víctima de la retención realizada de la aportación de los trabajadores y no depositadas al mismo instituto. Afirmó que la deuda actual de la compañía Relad S.A. es de 3,8 millones dólares, el capital.
Este Diario buscó a Cristóbal Buendía, abogado de Rivas Sáenz. Informó que estaba solicitando la autorización para dar declaraciones, pero no respondió hasta la publicación de esta nota.
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