Esteban Eduardo Merlo Hidalgo, uno de los procesados en Estados Unidos por una presunta trama de sobornos y lavado de dinero que involucró a la empresa Seguros Sucre, se declaró culpable de participar en transacciones de bienes que procederían de actividades delictivas.

Según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Merlo, un ciudadano con doble nacionalidad: ecuatoriana y estadounidense y residente en Miami, admitió los cargos 4-7, cada uno de ellos lo señala por su posible participación en las transacciones de bienes de origen delictivo.

El acuerdo fue firmado el pasado 28 de marzo y en él figuran las firmas de Glenn León, jefe de la Sección de Fraude, División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de Merlo, entre otros.

El acuerdo que firmó Merlo tiene 23 puntos distribuidos en 16 páginas del documento. Entre otras cosas aceptó que recibirá la pena que le imponga la Corte de Florida y de acuerdo a las sugerencias que reciba esa instancia de acuerdo con la valoración de la información que pueda proporcionar.

Podría recibir hasta 10 años de cárcel y libertad vigilada por tres años. La multa que se le imponga podría bordear los 250.000 dólares que es el doble del valor de los pagos ilícitos o incluso alcanzar el millón de dólares. Por su colaboración, el Gobierno de ese país podría recomendar la imposición de una pena reducida.

Una de las cosas que aceptó Merlo es que cooperará plenamente con al Gobierno brindando información veraz, completa y con su testimonio. También está dispuesto a aportar con documentos cuando sea requerido en procedimientos, audiencias, juicios y en las reuniones.

Dio la aceptación en el acuerdo que protegerá a ninguna persona o entidad y que no dará falsa información para implicar falsamente a ninguna persona o entidad. Se compromete a no cometer otros delitos y a no revelar su cooperación o cualquier información derivada de la misma a terceros sin consentimiento previo del Gobierno.

Esa instancia se reserva el derecho de evaluar la naturaleza de la cooperación y que no está obligada a poner la moción de reducción de sentencia, entre otros aspectos.

En julio de 2022, la acusación lo señaló como quien operó y controló una compañía intermediaria, registrada en Ecuador y Panamá. Los cargos fueron para tres sospechosos, pero solo él fue arrestado. Para defenderse en libertad recibió la disposición de pagar 1,5 millones de dólares de la Corte del Distrito Sur de Florida y logró cancelar el 10 % ese día.

Según la acusación que se presentó en su contra en julio de 2022 la conspiración apuntaba al enriquecimiento ilícito de los sospechosos y sus cómplices a través del pago de coimas para conseguir y retener negocios de las aseguradoras Sucre y Rocafuerte. Merlo en el país no era accionista de ninguna empresa. Lo que sí tenía era pagos impuestos. Los otros acusados son Lenin Maldonado y Christian Pintado, ambos residentes en Costa Rica.

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El tema de Seguros Sucre no se agota en este caso en la justicia de Estados Unidos. En ese país se evidenció la trama de corrupción de la aseguradora que apuntó a que los sospechosos aprovecharon los contratos para recibir sobornos y lavar el dinero ilícito.

En ese país fue condenado a cuatro años y tres meses Juan Ribas, expresidente de Sucre por su intervención en la estructura de corrupción que habría operado entre 2013 y 2017.

En el país hubo dos procesos que involucraron al exgerente José Luis Romo y su esposa por presunto lavado de dinero. Ambos fueron condenados. La audiencia de apelación está prevista para el 15 de junio, a las 08:30, en la Corte del Guayas.