El espejo de una receta con bemoles

México es uno de los dos países en Latinoamérica que establecen en su Constitución (1857) la tenencia de armas en su hogar para defensa propia y en la reforma de 1917 aplicó ciertas restricciones que generaron normativa complementaria para la entrega de los permisos correspondientes.

De acuerdo al portal Small Armas Survey, que realiza estudios sobre el porte y uso de estos elementos en el mundo, se estima que la nación azteca acumulaba en 2017 un total de 16’800.000 elementos entre forma legal e ilegal. Sin embargo, la cifra puede aún ser mayor al año 2022. Para este 2023 se espera un informe más actualizado.

El exvicefiscal de México, Ramón Celaya Gamboa, resalta que su país nació con esa posibilidad, pero que a lo largo de la historia ha tenido que adoptar medidas para disminuir los riesgos entre los ciudadanos. Sin embargo, esto no ha garantizado ni que las personas conozcan de la normativa, que no cometan delitos o que también ocurran accidentes.

“Está permitida la posesión únicamente en tu casa para legítima defensa, no en el negocio y tampoco cargarla o sacarla de ahí. Pero si hay casos en el que el ciudadano se va de viaje y dice que la lleva porque el lugar es peligroso, se va detenido porque debe tener permisos para movilizarla y usarla”.

Celaya Gamboa resume que en términos generales sí generó sentido de responsabilidad en la comunidad, pero que asimismo son cambios generacionales y que aporta en algo con la percepción de seguridad, pero que ocurre algo muy distinto en las naciones que intentan permitir a los civiles darles armamento.

“Se trata de medidas populistas, el ciudadano va a pensar que el político se preocupa por ellos, pero en realidad no incide en nada en el tema de los crímenes. Es más un tema de percepción de seguridad, porque me genera una sensación de protección en caso de; pero fuera de ello, no, también es de efecto corto porque los ciudadanos se darán cuenta de que no saben usarla, que es un peligro y que no hay normativa”.

Agrega, además, que le resta autoridad al régimen de turno porque evidencia que quienes sí deben estar capacitados en el ámbito emocional, de táctica y más elementos para usar armas no lo están y dentro de un tiempo determinado tendrán complicaciones con las autoridades, pues primero se realiza el anuncio y luego se verifica cómo elaborar las leyes, reglamentos y procedimiento de las instituciones relacionadas con el caso.

El politólogo español y profesor emérito por la Universidad Complutense de Madrid, experto en Ciencias de la Política y Derecho Público, Manuel Alcántara Sáez, considera que la medida del presidente Guillermo Lasso de autorizar el porte de armas en Ecuador no es buena ni mejorará la seguridad del país. Más bien, asegura -sin temor a equivocarse- que “habrá un incremento del número de víctimas y un desarrollo de la cultura de la violencia”.

Agrega que “no es una buena medida”. Más bien, diagnostica, que es la “evidencia del fracaso de la política, tanto de este y de los anteriores gobiernos, en la medida en que supone no haber prestado atención debida al narcotráfico, en primer lugar, y al establecimiento de políticas de prevención”, recalca Sáez.

El experto señala que un avance incuestionable en el desarrollo de la política es que la violencia sea monopolio de una autoridad legítima. “Que los individuos tengan armas, es decir, que no haya una autoridad que no ejerza el monopolio de la violencia es un fracaso de la política y como tal debe analizarse. Nunca debe ser una solución”.

Sáez añade también que el “modelo Bukele”, que avala la tesis del monopolio de la violencia por parte del Estado, peca de deslegitimar a la autoridad por no estar sometida a derecho.

El analista añade que la medida podría funcionar solo en teoría como un recurso disuasorio que haga pensar dos veces al delincuente antes de actuar ante su víctima, porque lo cierto es que “no hay una evidencia empírica suficiente que lo demuestre”.

Una vez dada la autorización de portar armas, el experto hace énfasis en el control de la imposibilidad de tener armas sin una licencia que contemple tres aspectos importantes: madurez de la persona a través de un test psicotécnico, más la mayoría de edad; estimación del riesgo en función de la actividad de la persona o del lugar de residencia; y la limitación del número de armas que posea.

En Europa norte solo se necesita tener 18 años para conseguir un arma. En Rusia, los únicos requisitos son: ser ciudadano ruso, no tener antecedentes penales y asistir a un curso sobre seguridad con armamento. Eso sí, los rusos son muy estrictos con respecto al tipo de arma al que puede acceder la población civil.

En tanto que en República Checa, su facilidad se debe a que el tercer deporte más popular es el tiro de pie. La licencia de armas es concedida a cualquier ciudadano mayor de 18 años que no aparente ser un peligro para la sociedad.

En Finlandia, una autorización de la policía local es suficiente para hacerse con un arma de fuego. Algo similar ocurre con Serbia y Suiza; en este último país, se estima que el 25 % de su población tiene un rifle en su casa.

En Israel, el 60 % de las solicitudes para porte de arma son aceptadas, y para los trabajadores y extrabajadores en el campo de la seguridad es aún más fácil tener un arma personal.

En materia de tenencia y porte de armas de fuego, la panorámica regional latinoamericana muestra enormes diferencias con el caso de EE. UU. Según el registro por país del portal especializado GunPolicy.org, el derecho a la posesión de armas de fuego solo está garantizado condicionalmente en las Constituciones de Guatemala, Haití, México y Puerto Rico. En este último caso, por la de Estados Unidos, dado que se trata de un territorio no incorporado de ese país.

En Estados Unidos, la segunda enmienda de la Constitución establece el derecho de cada ciudadano estadounidense a poseer armas de fuego. Cada estado tiene también su ley de armas, siendo algunas más permisivas que otras. En ese país hay 120 armas por cada 100 habitantes, el mayor índice mundial.