Niños en riesgo por crimen organizado en Ecuador ante débil respuesta del Estado

Ecuador enfrenta un contexto cada vez más crítico frente al reclutamiento de niños y adolescentes por grupos de delincuencia organizada. Solo en 2024, el país registró 403 muertes violentas de menores entre 1 y 17 años, un aumento del 15 % frente a 2023, según cifras del Ministerio del Interior. La amenaza ha alcanzado incluso a los entornos escolares y familiares.

La violencia se instala en las escuelas: una amenaza latente para niños y docentes

El pasado 14 de mayo, una balacera en el sector Nueva Esperanza, en Guayaquil, dejó dos muertos y obligó a suspender clases en una unidad educativa cercana. Dos semanas antes, tres docentes fueron secuestrados en Nueva Prosperina. Los hechos evidencian cómo la violencia se ha infiltrado en las escuelas.

Mientras los ataques y amenazas se multiplican, las respuestas oficiales siguen sin llegar. Diario EXPRESO consultó al Ministerio de Educación sobre sus estrategias de seguridad, pero, aunque confirmó la recepción del pedido, no entregó información sobre acciones o intervenciones concretas hasta el cierre de esta nota.

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Andrea (nombre ficticio por razones de seguridad), una madre de familia con tres hijos en edad escolar, relató cómo vive este drama. “Diariamente enfrentamos robos, secuestros y ataques en el camino a la escuela y dentro del barrio”, cuenta. Vive en Monte Sinaí; sus hijos estudian en Voluntad de Dios, una ruta marcada por el peligro.

“El plantel no tiene cerramiento completo, y los policías asignados solo aparecen esporádicamente”, lamenta. Recuerda que un estudiante fue secuestrado dentro de la escuela por bandas criminales. Pese a las denuncias, dice, el Ministerio no ha dado apoyo real. La comunidad ha tenido que organizarse sola.

A pesar de algunos talleres preventivos, los padres sienten que las charlas no bastan. “Nosotros costeamos las mejoras del plantel; no hay respuesta oficial”, afirma la mujer. La presencia del crimen en los alrededores y dentro de las instituciones mantiene en alerta a las familias, sin un respaldo claro por parte del Estado.

Falta de acción estatal y respuesta limitada del Ministerio de Educación

En diálogo con EXPRESO, funcionarios del Ministerio señalaron que existe una directriz interna para no emitir declaraciones públicas sobre seguridad escolar. Esta política de silencio contrasta con la urgencia de acciones frente a una amenaza que crece semana a semana.

Voces expertas piden reformas urgentes y acción coordinada

El psicólogo Samuel Merlano advierte que el impacto de la violencia va más allá del miedo. “El estrés constante en los niños afecta su aprendizaje y desarrollo emocional”, explica. A su juicio, se necesita una respuesta conjunta entre escuelas, familias y organizaciones sociales para contener esta crisis.

Merlano insiste en la importancia del trabajo articulado. “Debe haber una comunicación directa entre todos los actores sociales para entender cómo evoluciona el entorno y actuar en consecuencia”, señala. La prevención emocional y el acompañamiento psicológico también son parte importante de la solución.

El experto en seguridad y exmayor del Ejército, Jairo Mancero, coincide en que los esfuerzos actuales son insuficientes. “Las políticas del Ministerio no permiten una reacción rápida ante amenazas reales en los planteles”, advierte. Plantea reformas que respalden legalmente la acción inmediata.

Entre sus propuestas está establecer imputabilidad penal desde los 16 años, con el fin de que los menores responsables de delitos graves puedan ser judicializados de manera más eficaz. También plantea facilitar la intervención policial en zonas escolares de riesgo para aumentar la seguridad y prevenir actos violentos. Además, sugiere replicar modelos de seguridad internacional que han demostrado resultados positivos.

 “En EE. UU., la coordinación entre escuelas y seguridad permite actuar de forma rápida y efectiva ante cualquier señal de peligro”, dice, destacando la importancia de una respuesta ágil y conjunta para proteger a la comunidad educativa.

Tanto expertos como familias coinciden en que la prevención no puede limitarse a discursos. La amenaza del reclutamiento infantil no da a espera y requiere reformas legales, protección activa conjunta en los planteles y presencia estatal sostenida. Actuar con urgencia es clave para frenar una tragedia que ya está en curso.

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