La Fiscalía dirigió los allanamientos a las oficinas de Petroecuador y el Palacio de Carondelet. Allí, los peritos ingresaron en la Secretaría Jurídica, en donde hasta el jueves 9 de febrero fue la oficina de Fabián Pozo, quien presentó su renuncia al presidente.

La noticia de que la Presidencia de la República fue intervenida replicó en todas las agencias internacionales, pero cinco horas después la Fiscalía admitió haber cometido un error.

En un principio, la Fiscalía señaló que las diligencias se realizaron en el denominado caso Encuentro, sobre el que se presumen actos de corrupción en las empresas estratégicas del Estado.

Después dijo que los operativos se realizaron en el marco de una investigación por la presunta venta de cargos públicos en Petroecuador. Error al que se suma el hecho de que el caso sea bautizado con el eslogan institucional del Ejecutivo levanta algo de suspicacia.

Jorge Pinto, asambleísta oficialista, está a favor de pensar más allá de las etiquetas de los casos. “La Fiscalía está en su derecho de hacer lo que quiera para transparentar, en lugar de ponernos críticos, por el nombre, creo que hay que resaltar que la Fiscalía debe hacer su trabajo y el Gobierno presta toda la colaboración”.

Pinto defendió la gestión del presidente Guillermo Lasso, que además de contar con poca aceptación, haber perdido la consulta popular, debe enfrentar denuncias de posibles irregularidades de funcionarios de su más alta confianza.

“Un funcionario no representa al Gobierno... en todo caso que hubo toda la colaboración del Gobierno y está bien que la Fiscalía pueda hacer los allanamientos, en gobiernos anteriores no podía y la consigna era tapar todo”. Su crítica fue dirigida hacia el correísmo, en donde el fiscal Galo Chiriboga no impulsaba los casos de corrupción que más tarde se destaparon como el caso Odebrecht o Sobornos 2012-2020.

Durante los allanamientos, la Fiscalía dijo que se levantaron evidencias en los domicilios y oficinas de Hugo Aguiar, exgerente de Petroecuador; César Pazmiño, su colaborador; Ítalo Cedeño, exgerente de Petroecuador, y Marcos Miranda, exsubsecretario del Gobierno.

Cedeño, uno de los investigados, fue el segundo en reaccionar ante el allanamiento. “Me causó sorpresa, pero tengo siete meses yendo yo a la Fiscalía, no hay la necesidad que la Fiscalía venga a mí; he respondido todas las preguntas que me han puesto”, dijo en una rueda de prensa.

Según Cedeño, él ha denunciado en la Fiscalía actos de corrupción y dijo que la prueba que expuso el medio digital La Posta, en una supuesta trama de corrupción, “es un audio montado, trucado, ese video es con personajes que no se corresponden. ¿Con esta basura cómo no se puede obtener otra cosa que no sea basura?”.

El año pasado, el medio digital La Posta presentó unos audios sobre Xavier Vera, exministro de Energía, y Cedeño.

En estos, aparentemente, se habla de dinero y presiones por nombrar a personas en cargos estratégicos. A partir de estas denuncias, la Fiscalía abrió una investigación.

La Secretaría de Comunicación, en un comunicado, dijo que el compromiso del Gobierno es estar “con los ecuatorianos y con la verdad”. Y aseguró que colabora con las pesquisas.

Petroecuador no se pronunció por el caso. Sin embargo, convocó a una reunión de directorio de forma urgente. Solo esta semana, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, ha sido acusado de tener una offshore. Él lo niega.

• Indicios. Durante el allanamiento, Criminalística incautó computadoras, tarjetas bancarias, documentos, dispositivos de memoria y celulares.

• Carondelet. Los equipos de la Policía y Fiscalía presentaron una orden judicial para ingresar al Palacio de Gobierno