Erick Prince y su polémica ayuda: incertidumbre sobre costos y beneficios

La presencia del exmilitar estadounidense Erik Prince en Ecuador ha generado una ola de interrogantes. Contratado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para capacitar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hasta la fecha se desconocen los términos del contrato, así como el costo que representará para el Estado ecuatoriano.

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Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater (hoy Academi), ha visitado el país en al menos tres ocasiones durante 2025. Su participación en operativos de seguridad y su cercanía con altos funcionarios del Ejecutivo han sido ampliamente difundidas, pero los detalles de su contratación permanecen bajo reserva.

En una entrevista con EXPRESO, el ministro de Gobierno, José De la Gasca, fue consultado sobre si la capacitación sería gratuita. Su respuesta fue ambigua: “En su momento se determinará, cuando acabe la fase de evaluación”, dejando abierta la posibilidad de que el Estado asuma costos aún no especificados.

La falta de transparencia en contratar a Erick Prince es preocupante

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que Prince fue contratado tras presentar una propuesta formal al Gobierno. “Él envió una propuesta para venir a preparar a nuestras Fuerzas (Armadas). Esa propuesta fue revisada y aceptada”, declaró Reimberg, sin ofrecer cifras ni plazos concretos.

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Para el general Euclides Mantilla, analista en seguridad y defensa, la falta de transparencia en este tipo de acuerdos es preocupante. “Estamos hablando de un personaje con un historial polémico, vinculado a operaciones militares privadas en zonas de conflicto. El país tiene derecho a saber cuánto se está pagando y bajo qué condiciones”.

Desde la academia, la politóloga y docente Doménica Luzardo alerta sobre los riesgos de tercerizar la seguridad nacional. “La contratación de consultores extranjeros sin control legislativo ni auditoría pública puede sentar un precedente peligroso. Además, se debe evaluar si estas capacitaciones se alinean con los estándares de derechos humanos y soberanía nacional”.

Organizaciones de derechos humanos también han expresado su preocupación. Prince ha sido vinculado a violaciones de derechos durante la guerra de Irak, y su cercanía con gobiernos autoritarios en la región, como el de El Salvador, genera inquietud sobre el tipo de doctrina que podría impartir a los organismos de seguridad de Ecuador.

El analista y corresponsal en conflictos armados Néstor Rosanía advierte sobre los riesgos de una cooperación mal gestionada: “Cuando comenzó el Plan Colombia en 1998, había 170.000 hectáreas de hoja de coca. Hoy hay más de 230.000. Eso demuestra que la cooperación en seguridad, por sí sola, no es la solución. Pueden llegar millones de dólares, equipos, armamento e inteligencia, pero si no se abordan los problemas estructurales, el conflicto persiste. Como dijo el expresidente (colombiano Juan Manuel) Santos: ‘Estamos en una bicicleta estática: pedaleamos y pedaleamos, pero no avanzamos’”.

Rosanía hace énfasis en que detrás de estas alianzas existe un mercado muy lucrativo. “La seguridad es uno de los negocios más rentables. Muchas empresas privadas de esos países no solo ofrecen cooperación, sino que también venden los servicios y equipos”.

Una agenda secreta y oportuna

A pesar de la insistencia de medios y sectores políticos, el Gobierno no ha publicado el contrato ni ha respondido a solicitudes de acceso a la información. La opacidad contrasta con el discurso oficial de lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional.

Mientras tanto, Prince continúa su agenda en el país, en medio de un contexto de violencia sin precedentes. Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con más de 2.300 homicidios (65 % más que en el mismo período del año anterior). Prince también conversa con autoridades de Perú, para abordar la minería ilegal en ciertas zonas.

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