El presidente de la Comisión de Educación, Jimmy Candell, habló con EXPRESO sobre el pasado y futuro de la educación particular en el Ecuador.

Las instituciones privadas piden un veto parcial a la Ley de Apoyo Humanitario

Tienen razón, el pedido es comprensible. Es el resultado del descontento de quienes trabajan en la educación privada y se enfrentan a un futuro incierto con normas poco claras en momentos de crisis sanitaria, económica y social.

¿Hubo un texto alternativo?

El texto fue consensuado con todos los actores involucrados; el texto fue mutilado de manera arbitraria en su redacción final. Eso que pasó en educación pasó en otros artículos. El resultado es una ley de sintaxis tortuosa.

¿No hay apoyo estatal a la educación privada?

Ha sido estigmatizada, prefiero no analizar las causas. Pero un Estado que no cuenta con los recursos suficientes para una cobertura acorde con la demanda, no debe maltratar a un aliado indispensable.

¿Hay problemas desde el gobierno de Rafael Correa?

Lo importante para el país es que a pesar de disposiciones ajenas a nuestra realidad la educación privada no se ha detenido ni ha desaparecido. Tanto es así que en los rankings regionales y mundiales, la educación superior, la universidad privada tiene un lugar destacado. Esa ha sido una respuesta ejemplar de la educación privada a los odios gratuitos.

¿No ha cambiado esta percepción en el Gobierno de Moreno?

Antes había anteojeras ideológicas que impedían una acción pragmática. Hoy tenemos un Gobierno sin brújula, desorientado, que no entiende de educación en ninguno de sus niveles.

¿Pero cree que se quiere eliminar la educación privada?

En el Gobierno existe desconocimiento, predominan decisiones tomadas al apuro, con diagnósticos improvisados. Esperemos que lo ocurrido durante el trámite del proyecto haya sido una lección y el Ejecutivo la haya aprendido.

El contexto

Posición. El 15 de mayo, la Asamblea, con 74 votos, aprobó la Ley de Apoyo Humanitario, y el 16 se envió al Ejecutivo para su sanción u objeción. El presidente Lenín Moreno tiene hasta el 16 de junio para pronunciarse.