La lucha contra la corrupción marcó parte del discurso gubernamental y también algunos de los hechos relevantes de este 2019. Denuncias, investigaciones y procesos judiciales que tuvieron rostros y nombres conocidos no solo entre los presuntos involucrados, sino también entre quienes deben denunciar, investigar y juzgar esos hechos.

Ciudadanos y funcionarios públicos. Con o sin pomposos cargos. Con o sin poder. Jugaron y siguen jugando un papel importante en esta ardua labor de encontrar indicios, buscar nombres, revisar documentos que muestren una pista de la famosa ruta del dinero mal habido; en definitiva, desenredar el ovillo de la extensa trama de la corrupción en el país.

El país pasó de la trama de corrupción de Odebrecht, que llevó al exvicepresidente Jorge Glas a prisión por asociación ilícita, a una de sus ramificaciones: el caso Sobornos 2012-2016. ‘Odebrecht y otras multinacionales pusieron Presidente en Ecuador’, fue el título del artículo periodístico de Fernando Villavicencio y Christian Zurita que vio la luz el 3 de mayo de 2019 y que originó el caso que empezó con el nombre de ‘Arroz Verde’.

Una serie de allanamientos y detenciones, entre ellas la de Pamela Martínez, una de las manos derechas del expresidente Rafael Correa, y la que presuntamente llevaba un cuaderno con movimientos de dinero de empresas que aportaron a las campañas electorales del movimiento PAIS.

La fiscal general, Diana Salazar, y la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, son dos figuras claves en este caso que espera su audiencia de llamamiento a juicio el próximo 3 de enero.

Desde la trinchera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio también hallaron y denunciaron las sombras de la corrupción en la función pública. Con Julio César Trujillo (+) a la cabeza, junto a los consejeros Pablo Dávila, Xavier Zavala, Miriam Félix, Luis Hernández, Luis Macas y Eduardo Mendoza, encontraron indicios de irregularidades en la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto del 2016; el supuesto tráfico de influencias del exprefecto de Manabí, Mariano Zambrano; una presunta red de corrupción en la Refinería de Esmeraldas; entre otras novedades.

La ciudadanía no se queda callada. La Comisión Nacional Anticorrupción reforzó en este año su imagen de plataforma independiente para recibir e investigar actos de corrupción sin importar las instituciones.

Fijó su mirada en muchas de ellas, pero en estos últimos meses en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al denunciar la supuesta compra de medicamentos con sobreprecio en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y de Los Ceibos.

Unos denuncian, otros investigan, otros analizan los hechos y juzgan. Todo un engranaje trabajando en contra de la corrupción, lo que demuestra que la lucha es una tarea de todos.

El martillo que no temió volver a ordenar la prisión de Correa

Si algo caracteriza a la jueza Daniella Camacho, es su temple. No puede ser de otra manera cuando las decisiones tienen base en el marco legal, como lo ha asegurado, pese a que los acusados argumenten lo contrario. Esta jueza de la Corte Nacional de Justicia no ha dudado en ordenar no solo una sino en dos ocasiones la orden de prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa, con residencia en Bélgica, en dos casos diferentes. El primero por el presunto delito de secuestro al activista político, Fernando Balda; y el otro, en este 2019, por el caso Sobornos 2012 - 2016. Este último es sin duda el caso que marcó el año de la jueza Camacho y de varios de sus investigados, entre quienes están el exvicepresidente Jorge Glas, los exministros Vinicio Alvarado y Walter Soliz, los tres también con prisión preventiva y a otros se los señala como autores de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. Camacho tuvo que afrontar procesos de recusación de los que salió bien librada y también superó la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia quedando entre los siete jueces nacionales que superaron la calificación de 80 puntos para mantenerse en el cargo.

La ibarreña que llevó autonomía a la Fiscalía

Su trabajo es su credencial y el de Diana Salazar es amplia e intachable. La flamante fiscal general del Estado tomó las riendas de la institución a inicios de abril de 2019 luego de un par de cabezas (Galo Chiriboga y Carlos Baca Mancheno) con gestiones ensombrecidas por sus vínculos con el Gobierno anterior. Salazar, pese a rendir ambos como jefes en su momento, logró destacar sobre todo por su independencia, aspecto que ha logrado imprimir a la institución que ahora encabeza.

Afroecuatoriana, nacida en Ibarra, provincia de Imbabura. Con 38 años de edad encima. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, doctora en Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales y abogada. Su hoja de vida también recoge un magíster en Derecho Procesal con mención Penal. Pero más que sus títulos y largo recorrido en la Fiscalía, lo que mejor habla de ella es su gestión. Acusadora en el caso Odebrecht que llevó a prisión al exvicepresidente Jorge Glas. Ahora encabeza la defensa fiscal en el caso Sobornos 2012 - 2016. Uno de los últimos golpes de su gestión:la desarticulación de una red que presuntamente traficaba con cargos públicos en la que estaría involucrado José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Un compromiso con el país hasta el último día

Frontal y directo. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Julio César Trujillo, cambió la cara de una institución con miembros claramente vinculados al anterior Gobierno. Con plenos poderes otorgados por el pueblo en consulta de febrero de 2018, Trujillo y otros seis consejeros purgaron las cabezas de importantes instituciones públicas (Consejo Nacional Electoral, Corte Constitucional, superintendencias y más) de la sombra del correísmo. Las decisiones del grupo, para algunos, llegaron a extralimitarse de sus atribuciones, pero Trujillo, arropado por el mandato del pueblo en las urnas, no dejaba de invocarlo cada que alguien intentaba restar facultades al Consejo transitorio. Más de una de las destituciones que decidió el pleno luego de un proceso de evaluación arrancó aplausos y pulgares alzados de políticos, organizaciones sociales y ciudadanos. Pero no solo eso, parte de su trabajo fue denunciar presuntos actos de corrupción que muchos siguen en investigación y avanzan en la Fiscalía. Trujillo y los consejeros transitorios terminaron sus labores en mayo de este año para dar paso al Consejo definitivo. El jurista murió en ese mismo mes producto de una hemorragia intracerebral.

El grupo ciudadano que le plantó cara a la corrupción

No tienen un título o cargo que les da poder a sus decisiones. Basta con la credibilidad de ostentar el más alto cargo en una sociedad, el de ciudadanos, y sobre todo, independientes. La Comisión Nacional Anticorrupción no responde al Gobierno ni a organizaciones sociales o gremiales, así lo aseguran sus miembros. Aunque su origen viene de las organizaciones sociales y de trabajadores, con sus acciones han demostrado que la autonomía es su carta de presentación. No importa si los actos irregulares fueron cometidos en este o el anterior Gobierno, corrupción es corrupción y con sus denuncias, siempre con documentos bajo el brazo, la combaten. De este grupo de abogados, economistas, académicos y más, han salido querellas graves que han provocado remezones que en algunos casos se han traducido en demandas en su contra. Como la del excontralor Carlos Pólit que derivó en una sentencia en contra de sus miembros. Ni eso mermó su decisión de seguir denunciando. De ese cuerpo ciudadano han salido demandas que han puesto en duda el manejo de los recursos de la reconstrucción luego del terremoto en Manabí, un supuesto tráfico de influencias en la persona del exprefecto de Manabí, Mariano Zambrano, y supuesto sobreprecio en la compra de medicamentos en los hospitales del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos.