La Embajada de Ecuador en Argentina pide información sobre posible fraude académico
La exfiscal general Diana Salazar señaló que existe una "profunda preocupación"
La Embajada de Ecuador en Argentina, liderada por Diana Salazar, anunció oficialmente que ha solicitado información al Ministerio de Salud argentino sobre las supuestas irregularidades detectadas en el reciente Examen Único de Residencias Médicas, rendido el 1 de julio de 2025, donde participaron cerca de 8.000 aspirantes, entre ellos 1.045 ecuatorianos
Lo que motiva este pedido de información son las posibles irregularidades encontradas, que supuestamente apuntan a un fraude y que involucraría a ecuatorianos.
Para Argentina, es una anomalía que nueve médicos ecuatorianos, egresados de la Universidad Técnica de Manabí (UTM), se ubicaran entre los primeros 27 puestos del ranking general. Históricamente, los candidatos extranjeros casi nunca aparecen dentro de los primeros 500 puestos, dijo Manuel Adorni, vocero de la Presidencia de la Nación Argentina.
¿Qué otras anomalías se halló?
Brechas inverosímiles: Algunas personas que habían obtenido unos 45 puntos en un examen preparatorio días antes, luego alcanzaron 95 puntos en el examen oficial, lo que generó fuertes sospechas, ya que los máximos puntajes van entre 80 y 90 puntos.
Denuncias de compra de exámenes: Existen denuncias y testimonios que hablan de venta de exámenes por montos que van desde los 2.000 a 3.000 dólares, e incluso la oferta de paquetes completos desde Ecuador o Venezuela que incluían viaje y examen
Reacción diplomática y comunicados oficiales
La embajada ecuatoriana expresó su “profunda preocupación” por el caso y solicitó acceso a información oficial y fundamentada de la investigación. Además, hizo un llamado para que el asunto no sea utilizado como excusa para fomentar expresiones xenófobas o discriminatorias en medios o redes sociales
— Embajada EC en ARG (@EmbajadaEcuARG) July 25, 2025
Por su parte, la Universidad Técnica de Manabí emitió un comunicado aclarando que no avala ni encubre actos individuales de fraude, y exhortó a que se investigue “con base en el debido proceso y la seguridad jurídica”, sin generalizar la responsabilidad institucional.
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