Si en un promedio de siete días los recursos electorales interpuestos para las elecciones adelantadas del 20 de agosto no están resueltos, los plazos establecidos para los comicios traspasarán una línea roja poniéndolos en peligro.

Así dijo este 19 de julio de 2023 la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, ya que las impugnaciones pendientes de resolver en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) retrasan la impresión de papeletas y documentos electorales de ciertas dignidades.

Según la funcionaria, el 2 de agosto debería ya empezar la distribución de los paquetes electorales para las provincias de difícil acceso, cinco de las cuales se encuentran en la región amazónica, además de Galápagos.

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“Es una alerta, si nosotros llegamos a cinco días o más de cinco y no tenemos las candidaturas en firme realmente estamos cruzando una línea roja de no poder cerrar los paquetes electorales para cumplir con las elecciones del 20 de agosto”, señaló Atamaint.

Agregó que en lo referente a la planificación que había hecho el CNE con la Instituto Geográfico Militar (IGM), que imprime las papeletas, ya están sobre esa línea roja y que solo los tiempos de “colchón” que fueron tomados en cuenta están dando algo de oxígeno al proceso.

El caso más crítico es el de Patricio Carrillo que encabeza la lista de asambleístas nacionales por el movimiento construye. Él es impugnado por Revolución Ciudadana y el caso, que está en manos del TCE desde el 23 de junio, ha registrado varios incidentes.

El último es la recusación que hizo Carrillo del juez ponente de su causa, Richard González, recurso que ingresó el 14 de julio y el 17 de julio fue sorteado y cayó en manos del juez Fernando Muñoz que deberá pronunciarse.

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Si se acepta la recusación, González será apartado del caso y habría que sortear un nuevo ponente alargando aún más una resolución. Si continúa el recusado, de todas maneras, habrán pasado varios días demorando la impresión, armaje de kits y distribución. También, hay trámites pendientes en provincias como Imbabura, Pichincha o Carchi.

La vicepresidenta del TCE, Ivonne Coloma, defendió el trabajo del organismo asegurando que están evacuando los procesos mucho antes de los plazos que les otorga el Código de la Democracia. También, señaló que aunque es una situación “complicada” no se puede hablar de abuso en el uso de recursos electorales, porque son los que están en la normativa vigente y no se los puede limitar.

Según Coloma, pese a que existe preocupación por los tiempos cada vez más ajustados aún estarían dentro de los plazos para resolver todas la causas y los jueces que tiene a su cargo cada tema estarían trabajando para hacerlo lo antes posible.

Esa explicación no dejó muy convencida a Atamaint que aunque reconoció que la ley es muy laxa y permite ingresar recurso tras recurso, no le parece responsable que los denunciantes presenten hasta pedidos de aclaración y ampliación, sabiendo que no cambian el fondo de una sentencia electoral, pero sí retrasa un promedio de cinco días.

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Pese a la situación, en el CNE prefieren no hablar aún de un plan B para solventar el inminente peligro y esperan que todos los pendientes se resuelvan en no más de una semana, algo que a juzgar por el panorama parece una misión imposible.

De todas formas, el material que ya se encuentra impreso y elaborado empezará a ser entregado desde el 20 de julio por el IGM a la empresa que estará encargada del montaje de los kits electorales.