Aunque la paridad de género se implementó en los binomios presidenciales según las reformas de 2022 al Código de la Democracia, en las cartas presentadas en estas elecciones anticipadas para la dignidad de asambleísta por el distrito 2 en la provincia del Guayas, existe una mayoría de la mitad más uno entre los doce contendores de la carrera.

En esta particularidad, EXPRESO observó que cuatro de las siete candidatas participan por primera vez en una elección de cargo por voto popular.

Las mujeres que han estado en puestos públicos son: Alba Ruiz, quien fue legisladora alterna en el último periodo por UNES; Evelyn Montalván, quien fue secretaria técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares entre 2019 y 2020 en el gobierno de Lenín Moreno; y Alejandra Auria, que fue asistente administrativa en la Prefectura del Guayas desde el año 2014 al 2020.

De las otras cuatro que participan por primera vez en el tema público y a su vez por un cargo de elección popular, solo Priscila Carbo, quien es cobijada por la Izquierda Democrática, reporta el pago del impuesto a la renta en año 2022. Pero un factor común entre todas ellas es que no constan con causas legales en el sistema judicial.

Para la consultora política Diana Buenaño, es destacable que exista una mayor participación de las mujeres como cabezas de listas en los comicios, pero también alienta a las organizaciones políticas a una participación verdadera en la formación de líderes y no en candidaturas que, por muy capaces que puedan ser, no tienen un historial de militancia y acciones de servicio y carrera política.

“Más allá de que exista una ley que respalde a las mujeres a su participación electoral, lo que no está mal, tiene que haber una preparación del escenario político para la mujer. Esto significa que tienen que existir méritos que no solo sean profesionales, sino de capacidad, que todos los podemos desarrollar. Esto tiene que ver con la plataforma que la persona haya hecho con su hoja de vida y a su vez con su ruta política. Porque esto hace que muchas mujeres lideresas de todo el país no se sientan representadas por candidatas a las que pusieron solo por ser mujeres”.

Buenaño resalta que son los partidos y movimientos políticos los que deben evitar las desigualdades o los rellenos de última hora en los cuadros participantes de las elecciones y que, además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe preocuparse de que aquello se cumpla.

Primero porque son las organizaciones políticas las que “deben preparar el escenario” para las mujeres en la política y en los cargos públicos que no son de elección popular, para ahí garantizar el fortalecimiento y crecimiento de la organización, de cara al próximo llamado a las urnas en Ecuador.

Y segundo, porque el CNE debe ser riguroso en garantizar la participación democrática de sus ciudadanos en condiciones de igualdad. “El hecho de ser una elección anticipada, es una primera apertura de una circunstancia política que nos permitirá hacer correctivos en las próximas votaciones. Los resultados de estas elecciones serán más de análisis que de alcance”.

Desde 1924 la mujer ecuatoriana participa en los procesos democráticos del país. Antes de ese año, el derecho al voto era solo de los hombres. Sin embargo, abrir el camino para la participación plena de la mujer no ha sido sencillo.

Una muestra de eso se presentó en las elecciones seccionales de 2019. Hubo en total 1.875 candidatos para las alcaldías. De ese número, solo 249 fueron mujeres, lo que significó apenas el 13,3 %. De ese número, 19 candidatas llegaron al poder.

Y para 2023, las mujeres ganaron 42 alcaldías de 221 y siete prefecturas. De esta forma, su participación como autoridades electas fue del 19 % en alcaldías y del 30,4 % en las prefecturas del Ecuador.

Pero entre los participantes masculinos del distrito 2 se registra otra situación: a pesar de ser minoría, casi todos ya tienen experiencia en la cosa pública y sus cargos fueron de mayor rango como autoridad o en puestos estratégicos como asesores. Por ejemplo, Vicente Taiano del Partido Social Cristiano. El fue legislador y gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal en Guayaquil.

Lo propio con el representante del movimiento correísta, Juan Pablo Molina, quien fue asesor en el último periodo legislativo cesado. En tanto que Javier Benites, de RETO, fue coordinador ejecutivo de la Corporación Nacional de Electricidad. Mientras que Juan José Peñafiel, del movimiento Amigo, fue coordinador de un centro infantil del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

El único de los hombres que no cuenta con participación en la política o en el sector público es Luis Alvarado, de Acción Democrática Nacional, en cuya radiografía política aparece como gerente de una empresa dedicada a la construcción en la Superintendencia de Compañías.

Pero según los portales del Servicio de Rentas Internas no hay pago de dichas obligaciones en la Contraloría: no hay patrimonio porque no ha estado en la función pública. Y en lo relacionado a causas legales, tampoco se informa nada desde el Consejo de la Judicatura. No posee multas de tránsito pendientes, pero sí un historial de 22 citaciones pagadas por exceso moderado de velocidad.

En forma global, siete de los doce candidatos del distrito han estado en cargos públicos como funcionarios en distintas instituciones. Y en su mayoría no tienen problemas graves con el cumplimiento de sus obligaciones ante los organismos de control y la ley.