Tienen su pasado. Entre los candidatos cabezas de listas a la Asamblea Nacional por la circunscripción 1 de Guayas, hay quienes, de ganar la contienda, llegan con su récord judicial a fiscalizar y legislar en el nuevo Parlamento a elegir el 20 de agosto de 2023.

En una radiografía hecha por Diario EXPRESO, se puede observar que seis de los 12 candidatos cabezas de listas de esta jurisdicción registran, al menos, un proceso judicial. Incluso, algunos de los aspirantes han estado involucrados en demandas por pensiones alimenticias, una inhabilidad para ser candidato.

Este último caso es el de Galo Cabanilla, aspirante a la Asamblea por la Alianza Claro Que Se Puede (que auspicia la candidatura de Yaku érez) y exrector de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG).

Según el portal institucional del Consejo de la Judicatura, Cabanilla fue demandado en 2010 por esta causa, pero, según explicó a este Diario, desde entonces “no adeudo pensión alimenticia alguna”.

Sin embargo, acorde a los registros del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), el último pago hecho por el dirigente universitario fue en abril; aún adeudando los meses de mayo y junio de 2023.

Cabanilla también registra otros tres procesos (2018, 2019, 2022) por cobro de facturas y uno (2023) por despido intempestivo, según el portal del Consejo de la Judicatura.

Otro caso relacionado con pensiones alimenticias es el de Leticia Tinoco, comunicadora y aspirante a asambleísta por la Alianza Actuemos, que auspicia la candidatura presidencial de Otto Sonnenholzer.

Ella, según registros del Consejo de la Judicatura, inició una demanda por alimentos en 2010, pero fue contrademandada en 2014 por la misma causa.

“La contrademanda no era por una obligación, sino para reducir la pensión alimenticia (...). Felizmente, no tengo ningún impedimento”, dijo Tinoco a este medio al ser consultada.

Esto se puede corroborar a través del sistema de pensiones alimenticias, donde la candidata no aparece como la persona obligada al pago de la misma.

Por su parte, Sofía Espín, candidata a la Asamblea por el correísmo, registra dos procesos judiciales. Uno de ellos por tráfico de influencias, del cual fue sobreseída en 2019.

Un año antes, en 2018, Espín y Yadira Cadena, exabogada del expresidente Rafael Correa, fueron procesadas por presunto tráfico de influencias al, según Fiscalía, intentar cambiar la versión de una testigo protegida y procesada en el caso Balda.

Asimismo, Jimmy Montesdeoca Bodero, candidato por la Izquierda Democrática, registra dos procesos judiciales. Uno por indemnización laboral (2018) y otro por calumnia (2015).

Del mismo modo, Johanna Chévez, aspirante del movimiento Pachakuitk, registra un proceso por una contravención de primera clase (2020), del cual fue declarada inocente.

Jennifer Moyano, candidata a asambleísta por el movimiento RETO, registra en el portal de la Judicatura un proceso por cobro de un pagaré (2019), pero este fue abandonado por “falta de impulso procesal”.