En la papeleta de asambleístas nacionales de los comicios de agosto habrá 298 rostros de al menos diez alianzas u organizaciones políticas. Los principales, o también llamados cabeza de lista, fueron examinados por Diario EXPRESO y esto reveló que en su mayoría son personajes que además de tener experiencia en el servicio público, no son una garantía de cumplir con lo que exige la ley.

Entre los casos más inquietantes está el archivo de la investigación previa en junio del año en curso por homicidio con agravante en contra de Gonzalo Rodríguez, la carta de Centro Democrático, el mismo que estuvo en las seccionales de 2019 con CREO. Desde 2021 no presenta declaraciones al impuesto a la renta, según el Servicio de Rentas Internas (SRI).

El expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, va por su segunda postulación a la Legislatura y aunque estuvo como candidato a la presidencia en 2021, no ha entregado su declaración del impuesto a la renta desde el año 2019.

En esta selección, cuatro de las diez cartas provienen de la provincia de Manabí, uno de ellos es Víctor Bravo, que aunque es su primera participación en elecciones generales, es conocido por las oficinas de distintas instituciones, tales como la Secretaría de Comunicación.

Su desempeño estaba en la logística de los enlaces ciudadanos del exmandatario Rafael Correa desde 2015; luego fue asesor en la Asamblea Nacional y más tarde pasó a ser jefe político en la provincia de El Oro, pero no ha presentado declaración del impuesto a la renta en 2022.

Del grupo de los tres rostros nuevos, dos no tienen procesos legales en su contra o hacia otra persona y aunque sí registran pago del impuesto a la renta y ausencia de multas, no son nuevos en la cosa pública.

Valentina Centeno, quien tiene 26 años y hasta hace poco fue funcionaria del gobierno de Guillermo Lasso, ahora correrá por el movimiento del exlegislador Daniel Noboa. Lo propio ocurre con Karina Subía, quien antes de ser calificada como una candidata a la Asamblea fue subdirectora nacional de asesoría normativa de la Judicatura y, antes de ello, estuvo también en el Municipio de Quito.